Ortega, de 80 años, pronunció sus declaraciones durante un acto oficial en el que miles de empleados estatales fueron obligados a asistir, según reportes de medios locales. "Aquí no volverá a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder", sentenció el mandatario, quien no había aparecido públicamente en 61 días antes de este discurso.

El anuncio cancela de facto las elecciones presidenciales previstas originalmente para noviembre de 2027. En enero de 2025, el Congreso controlado por el gobierno ya había votado para extender el mandato presidencial de cinco a seis años, lo que había pospuesto los comicios. Ahora, Ortega ha eliminado completamente la posibilidad de una contienda electoral.

"Jamás, jamás, jamás" habrá elecciones, enfatizó Ortega en su discurso, dirigiéndose específicamente a los partidos de oposición. "Aquí se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somocistas, volverán a llegar al Gobierno". El presidente también anunció que trabajará con la Asamblea Nacional, que controla completamente, para aprobar nuevas leyes que "pongan un muro, un bloque" contra los partidos políticos que intenten llegar al poder a través de elecciones.

Aunque en la práctica Nicaragua ha carecido de elecciones genuinas desde 2008 según organismos internacionales de observación electoral, el anuncio de Ortega representa un salto discursivo significativo. Las elecciones presidenciales de 2021 fueron el ejemplo más claro de un sistema sin competencia real: Ortega y Murillo encarcelaron a todos los precandidatos opositores con posibilidades reales de disputarles el poder y se adjudicaron el 75,92% de los votos. Estados Unidos calificó aquellos comicios de "pantomima" y desconoció su legitimidad, al igual que otros gobiernos e instituciones internacionales.

Según Tiziano Breda, analista sénior para América Latina del monitor independiente de conflictos ACLED, "Ortega y Murillo son evidentemente temerosos de la idea de que la más mínima apertura política pudiera crear las condiciones para que se manifieste la disidencia y amenace su control del poder". Breda añadió que "en lugar de montar una elección amañada, han optado por eliminar por completo la competencia electoral", transformando Nicaragua en una "dictadura familiar de pleno derecho".

El régimen de Ortega y Murillo ha consolidado su poder mediante una serie de reformas constitucionales realizadas el año pasado que incluyeron nombrar a Murillo como "copresidenta" y extender el mandato presidencial. Ambos controlan virtualmente todos los aspectos del gobierno, incluyendo las fuerzas armadas y el poder judicial.

Juan Sebastián Chamorro, uno de los siete aspirantes presidenciales encarcelados antes de las elecciones de 2021 y liberado hacia Estados Unidos en 2023 junto con más de 200 presos políticos, interpretó el anuncio como confirmación de un plan de largo plazo de Ortega para transformar Nicaragua en un sistema de partido único, similar al de China. "Probablemente lo que está pensando Ortega es en un sistema de designaciones internas, como ocurre en China, donde los funcionarios son escogidos dentro del propio partido y no mediante una competencia electoral abierta", afirmó Chamorro.

Danny Ramírez Ayérdiz, abogado nicaragüense y fundador del Centro Interamericano para la Asistencia Legal en Derechos Humanos que investiga abusos del gobierno desde Argentina, señaló que el anuncio "termina evidenciando el rostro de una dictadura que ya sin ningún tipo de pudor se enraizó al poder" y "da cuenta de un nivel posible mayor de represión contra personas que exijan la salida del poder, o la realización de procesos electorales".

Felix Maradiaga, candidato presidencial de la oposición que fue encarcelado desde 2021 hasta 2023 antes de ser expulsado a Estados Unidos, interpretó los comentarios de Ortega menos como una demostración de fuerza que como "una confesión de miedo". "Ortega públicamente reconoció lo que siempre ha sido su verdadera intención: prevenir que su proyecto tiránico sea sometido a cualquier forma de competencia democrática", declaró Maradiaga a Reuters.

Salvador Marenco, coordinador del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más con sede en Costa Rica, señaló que Ortega ya había efectivamente sofocado la competencia durante reelecciones previas en 2011, 2016 y 2021. Las reformas constitucionales del año pasado ya habían establecido un sistema de partido único en un país donde los líderes de oposición ya no existen porque han sido exiliados. Según Marenco, Ortega intenta "evitar el riesgo de una derrota electoral, porque sabe que el pueblo lo rechaza".

La represión del régimen ha sido sistemática y brutal. Desde las protestas masivas de 2018, que derivaron en una represión gubernamental que mató a más de 350 personas según la ONU, hirió a cientos y encarceló a miles, Ortega y Murillo se han aferrado al poder mediante represión constante. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha acusado al gobierno de transformar el país "en un estado autoritario" y violar sistemáticamente los derechos humanos.

En años recientes, el gobierno ha liberado a cientos de activistas, líderes religiosos y políticos encarcelados, incluyendo varios candidatos presidenciales de 2021, hacia Estados Unidos y Guatemala, despojando a muchos de su ciudadanía nicaragüense y sus pertenencias. Quienes fueron liberados describieron estar recluidos en aislamiento y dijeron haber sido sometidos a tortura física y psicológica.

Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, al menos 46 personas están encarceladas en Nicaragua por razones políticas, aunque Nicaragua niega tener presos políticos. Recientemente, la ONU, Estados Unidos, organizaciones de derechos humanos y 30 expresidentes iberoamericanos culparon directamente a Ortega y Murillo por la muerte del líder indígena y congresista de cuatro mandatos Brooklyn Rivera, de 73 años, quien pasó casi tres años "injustamente encarcelado" por el régimen.

Desde 2018, Nicaragua ha clausurado más de 5.600 organizaciones no gubernamentales, principalmente religiosas, 29 universidades y 58 medios de comunicación. En julio de este año, el gobierno despojó masivamente a abogados de sus licencias para ejercer, en lo que expertos de la ONU calificaron como una "purga de la profesión jurídica".

La respuesta internacional ha sido inmediata. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio declaró que la decisión de Ortega de no celebrar más elecciones "deja al descubierto su verdadera naturaleza autoritaria" y que el pueblo nicaragüense "tiene el derecho de elegir a sus propios líderes a través de elecciones democráticas". La administración Trump ha descrito al gobierno de Ortega como una dictadura e impuesto sanciones contra más de 2.350 funcionarios nicaragüenses y sus familiares.

"Estados Unidos insta a la comunidad internacional a unirse para demostrar a la dictadura Murillo-Ortega que no puede esperar mantener los negocios como de costumbre con otras naciones cuando está frustrando los principios básicos de nuestro hemisferio democrático", agregó Rubio en su declaración.

En marzo pasado, el Departamento de Estado estadounidense indicó que su estrategia hacia la "dictadura Murillo-Ortega" busca restaurar el Estado de derecho y propiciar "un cambio de comportamiento". Washington no precisó entonces qué nuevas medidas contemplaba, pero enmarcó su advertencia en el monitoreo de los apoyos internacionales que recibe el régimen y en el uso de sus herramientas diplomáticas para aumentar la presión. Estados Unidos recordó que desde 2018 ha impuesto sanciones financieras contra decenas de funcionarios y entidades vinculadas al poder, mientras mantiene abiertas otras vías de presión política, económica y migratoria. "Todas las opciones siguen sobre la mesa", advirtió un portavoz estadounidense.

El analista político en el exilio Eliseo Núñez interpreta el anuncio como una maniobra para modificar las reglas de cualquier eventual negociación futura. "Ortega juega a los hechos consumados", sostiene. "Si en algún momento las presiones lo obligan a negociar, ya no partirá del punto de que en Nicaragua existen elecciones que deben ser libres y competitivas. Ahora el punto de partida será que simplemente no hay elecciones".

El abogado y opositor en el exilio Juan Diego Barberena insiste en que lo novedoso no es que las elecciones dejen de ser libres. "Desde hace dos décadas el derecho a elegir estaba conculcado, pero ahora Ortega está diciendo que ni siquiera las elecciones fraudulentas, las pantomimas que organizaban, van a realizarse", afirma. A juicio del jurista, cuyo título fue cancelado recientemente, el mensaje apunta a la "perpetuación del poder de forma dinástica" y refleja "el carácter absolutista" que ha ido adquiriendo el régimen.

Durante su discurso, Ortega también criticó a Estados Unidos por la operación militar de enero que capturó al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro. "Con todo su poder, asaltaron el palacio presidencial, donde estaban Nicolás y su esposa, Cilia. Mataron a todo el detalle de seguridad allí, la mayoría eran cubanos, y se los llevaron para encarcelarlos en Estados Unidos. Es monstruoso", dijo Ortega.

El presidente justificó la prevención del retorno de la oposición al poder como necesaria para proteger el país de los "golpistas" que, según él, estuvieron detrás de las protestas nacionales de 2018. Sin embargo, según organizaciones incluyendo la ONU, su régimen llevó a cabo una represión violenta que mató a más de 350 personas, hirió a cientos, encarceló a miles y forzó a casi 1 millón de nicaragüenses al exilio.

Tras la operación militar estadounidense en enero que capturó a Maduro, el gobierno nicaragüense anunció que liberaría a más presos, aparentemente en un intento por evitar presiones sobre sí mismo. Pero no ha habido continuidad, y hay poca transparencia sobre el tema. Al menos un activista encarcelado ha muerto desde entonces.

Núñez coincide con Chamorro en la idea del "centralismo democrático" chino como posible modelo para las reformas anunciadas. Sin embargo, advierte de que, incluso si ese modelo queda plasmado en las reformas, las decisiones seguirán dependiendo exclusivamente de Ortega y Murillo. "Ortega da este paso convencido de que mantiene el control interno gracias a la estabilidad económica y la represión, mientras percibe que la atención de Estados Unidos está concentrada en otras prioridades", concluyó Núñez.

El anuncio de Ortega marca un punto de no retorno en la transformación de Nicaragua de una república democrática a un régimen autoritario de control total. Con la eliminación formal de las elecciones, el cierre de prácticamente todas las instituciones independientes, la represión sistemática de la disidencia y el control absoluto de todas las ramas del gobierno, Ortega y Murillo han consolidado lo que analistas describen como una dictadura familiar de pleno derecho, sin precedentes en la región centroamericana moderna.