El llamado caso PDVSA Cripto ha revelado no solo la magnitud del desfalco —estimado entre 3.000 y 21.000 millones de dólares—, sino también los vicios del sistema judicial venezolano, según denunciaron este viernes los abogados defensores de los más de 60 imputados en el proceso, según informó El País.

El expediente involucra a figuras de alto nivel del chavismo, encabezadas por Tareck El Aissami, exministro de Petróleo y considerado el hombre más poderoso del país después del presidente Nicolás Maduro, hasta banqueros, empresarios y los choferes de algunos de ellos. Todos enfrentan cargos por asociación para delinquir, traición a la patria, lavado de dinero y apropiación de bienes públicos, según la fuente.

**Represalias tras filtraciones**

La filtración de las declaraciones durante las 16 audiencias del juicio tuvo consecuencias inmediatas. El Aissami señaló directamente al exfiscal Tarek William Saab, quien en su momento dio un matiz político a la causa al presentarla como parte de una conspiración en la que participaba Estados Unidos, según El País. Otros detenidos mencionaron a figuras cercanas a Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela que ordenó una reforma del sistema judicial.

Después de que el 20 de abril comenzaran las audiencias presenciales, esta semana se ordenó que fueran telemáticas para los acusados de mayor peso, casi todos recluidos en la cárcel del Rodeo. Sus familias interpretan esta medida como un intento de silenciar las denuncias, según la fuente.

Tras la primera ronda de declaraciones, "todos fueron desnudados y golpeados" al regresar a la cárcel, según Marialis Roa, hermana del exdiputado y exministro Hugbel Roa, detenido desde marzo de 2023, citada por El País.

**Irregularidades procesales desde el inicio**

Los abogados reclaman irregularidades desde el comienzo del proceso: detenciones sin órdenes judiciales, negativa a permitir defensa privada en la primera fase e incumplimiento de los lapsos procesales, según denunciaron. Buena parte de los procesados cumplieron tres años presos sin que se iniciara el juicio, por lo que la medida de prisión ha debido decaer según la legislación venezolana, argumentan.

En ese tiempo, cinco detenidos han fallecido bajo custodia del Estado, según la fuente. Los abogados denuncian además que la cárcel del Rodeo —controlada por la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), no por el Ministerio de Servicio Penitenciario— ha negado los traslados a los tribunales, lo que ha obligado a diferir el proceso en lo que califican como un "desacato a la autoridad judicial".

Esta semana, nueve personas fueron trasladadas desde el Helicoide al Rodeo y otras prisiones sin órdenes del juzgado, según El País.

**El caso Bancamiga y los hermanos De Grazia**

En el Rodeo están recluidos los hermanos Carmelo y Daniel De Grazia Suárez, esposo y cuñado de Mariana Parra. Fueron detenidos en 2024, un año después que El Aissami, en una segunda oleada de aprehensiones que incluyó también al empresario Samark López, buscado por la justicia estadounidense, según la fuente.

Los De Grazia eran los accionistas mayoritarios de Bancamiga, entidad privada involucrada en la trama que cambió de dueños sin intervención de los reguladores. Según la defensa, el banco pasó a manos de empresarios cercanos al chavismo en una asamblea de la que los De Grazia no pudieron participar porque estaban presos —o "secuestrados", precisa Parra, dado que permanecieron en desaparición forzada varias semanas tras su aprehensión.

**Denuncias de tortura**

"Mi esposo fue torturado en el Dgcim en Boleíta", relató Parra a El País. "Fue puesto en un antiguo tanque de agua donde le quedaba una hendidura para que entrara aire. Ahí hacía sus necesidades. Luego lo pasaron a un cuarto frío con las paredes congeladas. Él creía que estaba en una cava y no recuerda cuántos días estuvo ahí; dice que estuvo delirando", según su testimonio.

El propio Carmelo hizo este relato ante la jueza Alejandra Romero sin que ella se pronunciara, según la fuente. Hoy, él y Daniel han perdido entre 20 y 25 kilos cada uno; hace apenas dos semanas les permitieron tener almohadas y sábanas en celdas con las paredes pintadas de negro, según Parra. Su hermano Levin recibió arresto domiciliario a finales de 2024.

**Empleados y choferes entre los acusados**

Entre los detenidos hay también empleados de Bancamiga, como Erlis López, subgerente de una agencia allanada por funcionarios encapuchados de la Dgcim en un procedimiento sin órdenes judiciales en el que, según la defensa, se llevaron dos millones de dólares de la bóveda.

Y hay conductores: Luis Daniel Guzmán, de 30 años, llevaba cuatro meses trabajando como chofer de la esposa de uno de los empresarios implicados cuando fue detenido. Como él, otros tres conductores enfrentan los mismos cargos que todos los demás, según El País.

Guzmán está preso en Yare, tras pasar más de dos años en una cárcel en el occidente del país a la que su familia apenas podía llegar. "Cuando difirieron la audiencia esta semana, Luis Daniel iba a declarar, por eso decidieron ponerse en huelga de hambre. No hemos tenido contacto con ellos ni sabemos en qué condiciones están", dijo su padre Rafael Guzmán a la fuente.

**Exigencias de la defensa**

Los abogados exigen que el juicio siga siendo presencial y abierto al público, y han pedido observadores independientes de la Defensoría del Pueblo y de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el mes pasado otorgó medidas cautelares de protección a los hermanos De Grazia, según El País.

Piden también acceso consular para algunos procesados. "No pedimos trato especial ni diferenciado, solo pedimos que triunfen la verdad y la justicia", señalaron en un comunicado conjunto que enmarcaron en la convocatoria del Gobierno para la reforma judicial, según la fuente.

El caso PDVSA Cripto se desarrolla en un contexto de reforma del sistema judicial venezolano ordenada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en medio de cuestionamientos internacionales sobre la independencia de los tribunales en el país sudamericano. Las denuncias de torturas, desapariciones forzadas y violaciones al debido proceso se suman a las preocupaciones sobre el estado de derecho en Venezuela, mientras el juicio por el mayor escándalo de corrupción del país continúa entre irregularidades y restricciones al acceso público.