Detienen en Arizona al exsecretario de Seguridad de Sinaloa acusado de recibir 100.000 dólares mensuales del Cártel de Sinaloa

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, fue detenido el lunes 11 de mayo en Arizona tras cruzar la frontera desde Hermosillo, Sonora, por la Garita de Nogales, según informó el Gabinete de Seguridad de México este viernes. El exfuncionario quedó bajo custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y fue trasladado al Distrito Sur de Nueva York para enfrentar cargos federales.

Según los registros judiciales difundidos este viernes, Mérida fue presentado ante un tribunal federal en Tucson el martes 12 de mayo, un día después de su detención. El Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos confirmó que el exsecretario se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, la misma prisión donde permanece Ismael El Mayo Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, según reportó El País.

El Gabinete de Seguridad de México aclaró que Mérida Sánchez se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses. "El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, ingresó a Estados Unidos desde Hermosillo, Sonora, el pasado 11 de mayo, y cruzó por la Garita de Nogales hacia Arizona, donde quedó bajo custodia", indicó la dependencia en un comunicado difundido en redes sociales. "El Gabinete mantiene comunicación institucional con las autoridades estadounidenses, en el marco de los mecanismos de cooperación internacional", añadió.

La detención se produjo apenas una semana después de que un juez federal mexicano concediera un amparo temporal a Mérida Sánchez el 7 de mayo para frenar su detención y extradición a Estados Unidos. El expediente judicial recogía: "Se suspende de plano y oficio la extradición del quejoso Gerardo Mérida Sánchez o cualquier acto tendiente a ejecutar alguna orden de detención provisional, aseguramiento, localización o cualquier otro acto que pudiera existir con fines de llevar a cabo la extradición", según reportó El País. El amparo había sido presentado el 1 de mayo.

Las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Mérida Sánchez son graves y detalladas. Según el Departamento de Estado, el exfuncionario era responsable de supervisar la Policía Estatal de Sinaloa durante su tiempo en el cargo, entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024. "Como secretario, recibió sobornos de Los Chapitos y, a cambio, les proporcionó, entre otros elementos, notificaciones previas de las redadas", expone la acusación, según El País.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusa a Mérida Sánchez de haber aceptado más de 100.000 dólares mensuales en efectivo —aproximadamente 1,7 millones de pesos— de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. A cambio, según las autoridades estadounidenses, el exsecretario "no interfirió en las operaciones de tráfico de drogas de Los Chapitos, entre otras cosas, al no realizar detenciones de sus miembros, y les dio notificación previa de las próximas operaciones de las autoridades del orden público, incluyendo notificación previa de redadas en laboratorios de drogas", según reportó Infobae.

Los documentos judiciales detallan que en 2023, Mérida Sánchez habría advertido a Los Chapitos con antelación de al menos 10 redadas a laboratorios de drogas, lo que permitió a la organización criminal "evacuar al personal y las drogas de los laboratorios antes de que la policía pudiera incautar los materiales o realizar detenciones de miembros", según consta en la acusación citada por Infobae y El País.

Los cargos específicos contra Mérida Sánchez incluyen conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, según informó N+. Estos delitos prevén penas de entre 40 años de prisión y cadena perpetua en Estados Unidos, según El País.

Mérida Sánchez es uno de los 10 funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a finales de abril de 2026 de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Entre los acusados figura el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cazarez, y otros altos funcionarios estatales y municipales.

La lista completa de acusados incluye a Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa; Damaso Castro Zaavedra, fiscal general adjunto de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa; Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación; Alberto Jorge Contreras Nuñez, alias Cholo, también exjefe de la Policía de Investigación; José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado, exsubdirector de la Policía del Estado; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán; y Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, excomandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán, según N+.

La difusión de las acusaciones el 29 de abril de 2026 por parte del fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el director de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, Terrance C. Cole, provocó un terremoto político en México. El caso representa el mayor golpe contra la narcopolítica en el país al estar dirigido contra funcionarios todavía en el cargo, según El País.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado constantemente las acusaciones, argumentando la ausencia de pruebas contundentes. "Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones es político", sostuvo la mandataria días después de conocerse las acusaciones, según El País. La Fiscalía General de la República informó del inicio de investigaciones para clarificar si existen pruebas para exigir la extradición de los políticos, y ha criticado la difusión de los datos y los señalamientos contra los acusados.

La mayoría de los funcionarios acusados ha rechazado contundentemente los señalamientos. El gobernador Rocha Moya pidió licencia para poder ser investigado, mientras que otros funcionarios como el senador Inzunza se han mantenido en el cargo, según El País.

Mérida Sánchez tiene una extensa trayectoria militar. Es general de División en retiro desde 2022 y cuenta con estudios en Administración Militar y Derecho, así como una maestría en Seguridad y Defensa Nacional, según N+. Como militar se desempeñó como comandante de la 25 Zona Militar en Puebla y ocupó distintos mandos en estados como Tamaulipas y Michoacán. También dirigió la Escuela Militar de Inteligencia, dependiente del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea, según Infobae.

La gestión de Mérida Sánchez en Puebla también está bajo escrutinio. El 13 de mayo, la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional presentó denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Puebla y ante la Secretaría de la Defensa Nacional, exigiendo que se investigue el desempeño del exfuncionario durante su gestión como comandante de la XXV Zona Militar en esa entidad, según Infobae.

El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Mario Riestra Piña, exigió que se investiguen posibles actos de omisión, encubrimiento o colusión con grupos delictivos en territorio poblano, así como el posible uso indebido de atribuciones relacionadas con la seguridad pública y la seguridad nacional. En la denuncia ante la Secretaría de la Defensa Nacional, el PAN solicitó que se abran investigaciones internas, administrativas, disciplinarias y de control sobre el periodo en que Mérida Sánchez ejerció como comandante de la XXV Zona Militar, según Infobae.

Mérida Sánchez renunció a su cargo como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa en diciembre de 2024, tres meses después de que se detonara la guerra entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa, según Latinus. Su periodo en el cargo coincidió con uno de los momentos más violentos en la historia reciente del estado.

Según los documentos judiciales, Mérida Sánchez hará uso de un abogado proporcionado por la corte de Nueva York, según Latinus. Este viernes 15 de mayo está programada su primera audiencia en el tribunal federal, según reportó el periodista Carlos Loret de Mola citado por Latinus.

El caso de Mérida Sánchez representa la primera detención concreta de los 10 funcionarios acusados por Estados Unidos en abril. Su captura podría sentar un precedente para los procedimientos contra los demás implicados y marca un punto de inflexión en las relaciones de cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos.

La detención también plantea interrogantes sobre la efectividad de los amparos judiciales mexicanos frente a las órdenes de arresto estadounidenses, especialmente cuando los acusados deciden cruzar voluntariamente la frontera. El Gabinete de Seguridad de México enfatizó que mantiene comunicación institucional con las autoridades estadounidenses en el marco de los mecanismos de cooperación internacional, aunque no proporcionó detalles sobre si el gobierno mexicano fue notificado previamente de la intención de Mérida Sánchez de entregarse.

Las acusaciones contra funcionarios morenistas de alto nivel representan un desafío político significativo para el gobierno de Claudia Sheinbaum, que ha mantenido una postura de defensa de la soberanía nacional frente a lo que considera acusaciones sin fundamento suficiente. Sin embargo, la entrega voluntaria de Mérida Sánchez y su detención en territorio estadounidense complican la narrativa oficial y podrían presionar al gobierno mexicano a reconsiderar su posición sobre las investigaciones internas.

El caso continúa desarrollándose y se espera que la audiencia de este viernes en Nueva York proporcione más detalles sobre las pruebas que las autoridades estadounidenses tienen contra el exsecretario de Seguridad y sobre los próximos pasos en el proceso judicial.