Los diez países firmantes aluden a la competitividad y piden recalibrar el ritmo y el coste de la transición para economías que combinan una base industrial pesada con una factura energética ya elevada. El Régimen de Comercio de Derechos de Emisión, que arrancó en 2005, impone un sobrecoste a aquellas industrias que expulsan más dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero.

Según la declaración a la que tuvo acceso El País, los diez países sostienen que exigir al sector energético e industrial alcanzar emisiones casi nulas en 2039, el horizonte que maneja actualmente el ETS, "empujará a las industrias fuera de Europa". En su lugar, reclaman extender el recorrido del sistema hasta una fecha "más cercana a 2050", lo que supondría una década adicional para cumplir los objetivos de reducción de emisiones.

Los firmantes plantean el problema principalmente como una cuestión de precio. Piden que el sistema, que ha demostrado su eficacia recortando emisiones, se convierta ahora en "un elemento de una política industrial europea emergente" y que el precio del carbono, que se traslada directamente a la factura energética y al coste de los bienes manufacturados, sea "predecible" y "asequible" para no restar competitividad a la industria europea frente a rivales de fuera del bloque.

El grupo de diez países va más allá y reclama una revisión urgente de la metodología de asignación gratuita de derechos de emisión, de forma que siga funcionando como cobertura frente al riesgo de fuga de carbono, es decir, frente al incentivo de trasladar producción a jurisdicciones con costes de emisión más bajos. Según los firmantes, la asignación gratuita "no es una recompensa sino una necesidad" para proteger la inversión industrial existente en Europa. Rechazan que se someta a una condicionalidad general aplicada a todos los sectores, que calculan supondría una nueva carga para industrias ya en dificultades. A lo sumo aceptarían condicionar asignaciones adicionales a la inversión en aquellos sectores en disposición de asumir ese esfuerzo.

Los diez países piden además que la revisión aborde directamente y "reconsidere con cuidado" el ETS2, el nuevo precio del carbono previsto para 2028 sobre los combustibles de calefacción y transporte, con impacto directo en la factura energética de los hogares. Según la declaración, los ciudadanos europeos no deberían enfrentarse a nuevos impuestos climáticos en el actual contexto económico y geopolítico. Los firmantes advierten de que el ETS2 es un instrumento "especialmente sensible" desde el punto de vista social que golpea sobre todo a los hogares más vulnerables, ya castigados por la crisis de precios de los combustibles.

Este no es el primer intento de flexibilizar las normas climáticas de la UE. Tras una reclamación de una veintena de países en noviembre de 2025, los Veintisiete acordaron aplazar un año la puesta en marcha del propio ETS2. En marzo de este año, un grupo de primeros ministros de la UE advirtió a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, de que las normas vigentes del ETS suponían un "riesgo existencial" para las industrias intensivas en energía, en plena escalada de los precios del petróleo tras el estallido del conflicto entre Estados Unidos e Israel. Entonces reclamaron extender la asignación gratuita de derechos más allá de 2034.

Sin embargo, no existe consenso en la UE sobre esta cuestión. Otro grupo de países, entre el que se encuentra España, emitió una declaración defendiendo el sistema. Según esa posición, el ETS "es la piedra angular de la política climática de la UE y es esencial para proporcionar las señales necesarias para fortalecer la industria europea e impulsar la descarbonización y la reindustrialización basadas en fuentes de energía domésticas, limpias y asequibles, garantizando al mismo tiempo la seguridad económica".

El ETS cubre actualmente en torno al 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea y determina, a través del precio de los derechos de emisión, una parte creciente del coste marginal de producir acero, cemento, fertilizantes o electricidad en Europa. Cualquier retoque en su calendario o en las condiciones de asignación gratuita repercute de forma directa en las decisiones de inversión de esas industrias, en un momento en que varias de ellas ya sopesan si localizar nueva capacidad dentro o fuera del bloque, según fuentes comunitarias.

Alargar una década el calendario de la Comisión Europea, no obstante, equivaldría a relajar la trayectoria de recortes que Bruselas ha convertido en la columna vertebral de su política climática. Pero hay cada vez más presiones de la industria y de varios Gobiernos para lograr esa flexibilización, lo que pone de manifiesto la tensión creciente entre los objetivos climáticos ambiciosos de la UE y las preocupaciones económicas de sus Estados miembros en un contexto de volatilidad geopolítica y energética.