El Comando Sur de Estados Unidos confirmó el sábado mediante una publicación en la red social X que había llevado a cabo un ataque contra una embarcación en el Pacífico oriental, resultando en la muerte de tres hombres, según informó The Guardian. La operación marca el segundo ataque consecutivo de este tipo, después de que el viernes el ejército estadounidense ejecutara una acción similar que también dejó tres muertos.

Según funcionarios del Comando Sur, la inteligencia militar confirmó que la embarcación transitaba por rutas de narcotráfico en el Pacífico oriental y estaba involucrada en operaciones de tráfico de drogas. "Tres narcoterroristas masculinos fueron asesinados durante esta acción", indicó la publicación oficial, agregando que "ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida".

El ataque del viernes y el del sábado forman parte de una serie de cuatro operaciones ejecutadas durante la semana previa, según Democracy Now. El martes 27 de mayo, el ejército estadounidense realizó otro ataque contra una embarcación en el Pacífico oriental que dejó una persona muerta y dos sobrevivientes, según informó la misma fuente.

Desde septiembre, el Pentágono afirma haber matado a casi 200 personas en ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, según Democracy Now. El Comando Sur de Estados Unidos publicó el miércoles 28 de mayo un video en blanco y negro que muestra una embarcación explotando repentinamente en llamas, en un ataque que mató a dos hombres, según la misma fuente. En total, al menos 196 personas han sido asesinadas en 59 ataques contra presuntas embarcaciones de narcotráfico desde septiembre, según Democracy Now.

La administración Trump ha declarado que Estados Unidos se encuentra en conflicto armado con los cárteles de drogas latinoamericanos, acusándolos de inundar las comunidades del país con narcóticos, según The Guardian. Sin embargo, la Casa Blanca no ha proporcionado evidencia definitiva de que las embarcaciones atacadas estuvieran involucradas en el tráfico de drogas, lo que ha generado debate sobre la legalidad de los ataques ejecutados el viernes y el sábado, según la misma fuente.

El Pentágono no ha proporcionado evidencia de que las embarcaciones atacadas transportaran drogas, según Democracy Now. A pesar de las afirmaciones militares, la administración Trump continúa sin presentar pruebas que respalden sus acusaciones contra las embarcaciones destruidas.

Expertos y defensores de derechos humanos han cuestionado la legalidad de estos ataques. Human Rights Watch y Amnistía Internacional han declarado que las operaciones constituyen "asesinatos extrajudiciales ilegales", según The Guardian. Democracy Now reportó que los ataques han sido ampliamente condenados como ilegales y que grupos de derechos humanos, incluyendo Amnistía Internacional, han calificado los ataques como asesinatos extrajudiciales y una forma de homicidio.

Las operaciones militares se enmarcan en la política de la administración Trump de combatir el narcotráfico mediante acciones militares directas en aguas internacionales. El Comando Sur de Estados Unidos ha justificado los ataques basándose en información de inteligencia que supuestamente confirma la participación de las embarcaciones en actividades de narcotráfico, aunque esta información no ha sido hecha pública ni verificada de manera independiente.

La escalada de ataques contra embarcaciones en el Pacífico oriental y el Caribe representa un cambio significativo en la estrategia estadounidense contra el narcotráfico, pasando de operaciones de interdicción y arresto a ataques letales directos. La falta de transparencia sobre la evidencia que justifica estos ataques y la ausencia de procesos judiciales previos han generado preocupación entre organizaciones internacionales de derechos humanos sobre posibles violaciones al derecho internacional.

Las implicaciones legales de estos ataques permanecen sin resolver, mientras la administración Trump continúa ejecutando operaciones similares sin proporcionar evidencia pública que respalde sus afirmaciones sobre las actividades de narcotráfico de las embarcaciones atacadas. La comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos mantienen su llamado a que Estados Unidos cese estas operaciones hasta que se establezcan mecanismos de verificación independiente y se respeten los procedimientos legales internacionales.