La investigación sobre pederastia en la Iglesia católica latinoamericana que lleva a cabo El País ha recopilado ocho testimonios que acusan a 13 sacerdotes y religiosos de Colombia, según informó el medio español. Estos casos forman parte de un dosier con un total de 21 testimonios y acusaciones contra 24 clérigos y laicos en ocho países de América: Colombia, Argentina, Bolivia, Cuba, El Salvador, Estados Unidos, México y Venezuela.

El informe, de más de 100 páginas, ha sido entregado al Dicasterio de Doctrina de la Fe del Vaticano para que investigue los casos y, sobre todo, dé una respuesta a las víctimas. Este trabajo amplía al continente americano el proyecto de investigación que El País inició en España en 2018, donde ha realizado ya seis informes con 841 testimonios que ocupan más de 1.800 páginas.

Colombia es el país con más casos en el informe, más de la mitad del total. En al menos tres de los relatos recogidos, las víctimas denunciaron ante las autoridades eclesiásticas sin obtener respuesta, según el medio español. El dosier no revela la identidad de las personas que han aportado su testimonio, pero El País la facilitará a las autoridades eclesiásticas cuando abran una investigación y si los interesados dan su consentimiento.

Uno de los casos más graves es el de Marco Rakower, quien fue víctima de múltiples abusos sexuales cuando era niño y acusa a cuatro personas distintas. Los hechos ocurrieron, según su testimonio, en la década de los noventa en Bogotá por parte de dos sacerdotes y un diácono. No recuerda sus nombres, algo frecuente en estos delitos, pero sí los detalles de las agresiones y los lugares donde sucedieron.

El primero de los abusos ocurrió cuando tenía diez años en la iglesia de San Francisco, en el centro de Bogotá, mientras un cura lo preparaba para hacer la primera comunión. Dos años después, cuando tenía 12 años, señala que fue víctima de un jesuita del Colegio Mayor de San Bartolomé, también en el centro de Bogotá. Su madre, sin estar al tanto de las agresiones, decidió enviarlo al seminario menor de la arquidiócesis de Bogotá para que terminara el bachillerato, donde afirma que sufrió los peores abusos por parte de un diácono que lo abusó de manera sistemática en su oficina.

"A mí me quitaron la oportunidad de conocer el amor y el afecto físico cuando era niño. Me enseñaron que solo había abusos y violaciones. Ese daño no se repara nunca", dijo Rakower a El País desde su casa en Austin, Texas, donde vive desde hace años.

El caso de Rakower no es aislado en Colombia. Aunque no hay cifras oficiales y la Iglesia católica nunca ha reconocido públicamente cuántos ni cuáles de sus sacerdotes y religiosos están denunciados por pederastia, una investigación periodística liderada por Juan Pablo Barrientos y Miguel Ángel Estupiñán reveló en 2023 los nombres de al menos 800 sacerdotes denunciados por abusos sexuales a niños en el país.

Esa cifra, sin embargo, es solo la punta del iceberg, según Barrientos. "Enviamos 137 derechos de petición a todos los obispos y superiores de comunidades religiosas de Colombia. De esos, solo 17 respondieron y de ahí salen los nombres de los 800 curas acusados e investigados por abuso sexual a menores", explicó. Los otros 120 no han entregado la información, pese a que en 2025 la Corte Constitucional de Colombia emitió una sentencia que los obliga a revelar los "archivos secretos" de la Iglesia a quien los solicite.

Barrientos explica que, si la tendencia se mantiene en el resto de congregaciones y arquidiócesis de Colombia, la cifra de abusadores podría llegar a 4.000 sacerdotes de los 8.000 del país. "Esto no es un caso atípico o fortuito, es una conducta delictiva y sistemática. Hay un modelo que viene desde el Vaticano que permite y fomenta los abusos y que ha permeado todas las jerarquías de la Iglesia", dijo.

Ante la pregunta de cuántas víctimas sexuales del clero puede haber en Colombia, Barrientos explica que, aunque no haya cifras oficiales, varios estudios muestran que un pederasta puede abusar de entre 40 y 60 menores en su vida. "No tenemos un consolidado y hay muchas víctimas en silencio y en el anonimato a las que les da miedo denunciar", explicó.

En este momento hay un proyecto de ley en el Congreso de Colombia, liderado por la red de sobrevivientes de abuso sexual clerical, que busca crear una comisión de la verdad de abusos a menores de sacerdotes de todas las denominaciones religiosas que operan en el país. Debe pasar su primer debate en la Cámara Baja antes del 20 de junio para no hundirse. La Iglesia católica y sus partidos aliados se han opuesto al debate.

Uno de los casos documentados en el informe es el de D.A., en la arquidiócesis de Nueva Pamplona. Ella recuerda los abusos que sufrió cuando tenía seis años por parte del seminarista Said Antonio Echavez Sánchez. Los abusos duraron dos años, entre 1991 y 1992, desde que Echavez llegó a dar catequesis al Colegio Domus, una escuela laica en Pamplona, donde ella cursaba primero de Educación Primaria.

El 21 de noviembre de 2024, el Consejo Nacional para la Cultura del Cuidado de la Conferencia Episcopal de Colombia se pronunció y determinó "la responsabilidad total del exseminarista Said Echavez en los hechos de abuso sexual cometidos en los años 1991 y 1992". Sin embargo, Echavez nunca terminó de ordenarse, por lo que la Iglesia católica adujo que él no pertenecía a ninguna jurisdicción eclesiástica y por tanto que sus acciones "no la representaban".

La Conferencia Episcopal también estableció "la responsabilidad por omisión del entonces seminarista y hoy presbítero Gildardo Valderrama, al haber tenido presunto conocimiento de la situación sin efectuar denuncia", aunque se precisó "la imposibilidad de establecer participación directa en actos de abuso sexual por falta de elementos probatorios suficientes", según un documento al que accedió El País.

La Iglesia consideró que el caso prescribió en 2023, un año antes de que D.A. denunciara, por lo que ordenó el cierre "definitivo" del expediente. Eso implicó que la anotación en la hoja de vida eclesiástica de Gildardo Valderrama por el encubrimiento "tuvo carácter informativo sin implicar sanción". Así pudo volver a su ejercicio habitual. La Iglesia identifica por escrito que es párroco en activo de la parroquia San Antonio de Padua en la localidad de Herrán, también en el Norte de Santander. El caso en la justicia penal también prescribió en 2023.

Otro caso documentado es el de una mujer que denunció su caso ante el obispo de Ipiales, Arturo de Jesús Correa Toro, y 11 años después aún espera justicia. En el juicio abierto en los tribunales por este caso, acusa al sacerdote Aníbal Marcial Belalcázar Rodríguez de un delito de "acceso carnal violento y abusivo con menor de 14 años agravado". Detrás de ese tipo penal se juzga en Colombia el abuso sexual durante un año a una niña de 12 años.

En 2014, este cura era párroco de la Iglesia del Señor de los Milagros, del barrio Centenario, del municipio de Ipiales, en el departamento de Nariño. Según relata la víctima, su familia consiguió llevar el caso en 2015 ante el obispo Correa Toro. Afirma que él les pidió que lo mantuvieran en "bajo perfil" porque estaban enfrentando varias acusaciones de pederastia. Les pidió confianza, dijo que iniciaría un proceso canónico. La investigación, definida como "mediocre" por los que la siguieron, ni siquiera recogió la declaración de la niña. El párroco quedó libre. La diócesis no informó al Vaticano del caso, como era su obligación según las normas vaticanas contra la pederastia aprobadas en 2001.

El caso se enterró hasta 2020. En esos cinco años a Belalcázar lo movieron de parroquia hasta Guaitarilla, de ahí pasó a estudiar Comunicación Social a la Universidad Mariana de Pasto, una de las más costosas del país, y finalmente llegó a la iglesia San Pedro Apóstol de Túquerres. En noviembre de 2020 fue detenido y el caso salió a la luz. En 2021 fue trasladado a prisión. Solo cumplió dos años encarcelado y ahora afronta el proceso penal en libertad.

En otros países de América Latina, el informe también documenta casos graves. En Argentina, 15 jóvenes denunciaron al catequista Omar Esposito por presuntos abusos en el grupo scout de la Parroquia Nuestra Señora de Luján, en Longchamps, al sur de Buenos Aires. Los hechos habrían ocurrido entre los años ochenta y noventa. La propia diócesis de Lomas de Zamora asumió los hechos en una reunión con los denunciantes, según un acta a la que accedió El País.

En El Salvador, el informe recoge tres testimonios que relatan abusos entre 1979 y 1985 en el Instituto Técnico Ricaldone, en San Salvador. Acusan al salesiano Giuseppe Corò, y esta congregación, consultada sobre el caso, admite que lo apartó en 2007 ante sospechas de abusos y lo envió a Roma. Luego, en 2019, dos denuncias acabaron con una condena canónica.

En México, el informe documenta el caso de Nadja Fernández, exalumna del Colegio Ignacio L. Vallarta de la zona metropolitana de Ciudad de México, perteneciente a la Congregación de las Hijas del Espíritu Santo. Relata que sufrió abusos entre 1997 y 1998, cuando tenía ocho años, a manos de un sacerdote del que no recuerda el nombre durante las confesiones en el colegio.

Según las académicas Veronique Lecaros, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y Ana Lourdes Suárez, de la Universidad Católica Argentina, editoras de un libro reciente titulado "Abusos eclesiales en América Latina. Una crisis en el corazón del catolicismo", en casi toda la Iglesia católica de Latinoamérica aún está todo por hacer en términos de investigación y reparación, en contraste con el camino ya recorrido en Estados Unidos, Europa y Australia.

"Solo la Iglesia de Chile ha hecho algo parecido al Informe Ryan de Irlanda o el Informe MHG/Dressing de Alemania", señalan las académicas. En 2020 se publicó en Chile un informe que da cuenta de 568 víctimas de abusos sexuales, de las que 320 eran menores de edad, y marca que hubo 225 agresores.

El País comenzó a elaborar estos dosieres para el Vaticano en 2021 ante la avalancha de testimonios que recibía en su correo electrónico de atención a víctimas, abierto también en América en 2022. Lo hizo ante la imposibilidad de publicarlos todos y por la evidencia de que la mayoría de los casos eran encubiertos a nivel local por diócesis y órdenes.

En varios casos reunidos en este nuevo informe de América queda demostrado una vez más que muchos casos denunciados no llegan a Roma, pese a que desde 2001 es obligatorio informar de ellos. En muy pocos casos las víctimas han recibido la atención adecuada o una compensación económica. Al contrario, se les ha ignorado, según el medio español.

El sexto informe sobre España, entregado simultáneamente con el de América, eleva ya a más de 3.000 las víctimas de pederastia contabilizadas en la Iglesia católica española, según el conteo que El País lleva a cabo desde 2018. El número de clérigos y laicos acusados se eleva a 1.613, lo que supone el 1,46 por ciento de los 110.000 curas y religiosos que ha habido en España desde 1940, según las estadísticas de la Iglesia.