España acumula 17.000 puntos de recarga para vehículos eléctricos instalados pero inoperativos por colapso de la red eléctrica
La infraestructura de recarga para vehículos eléctricos en España enfrenta una crisis de operatividad: 17.073 puntos de carga instalados permanecen fuera de servicio, un incremento del 50% en apenas dos años, según datos de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE). El colapso de la red eléctrica española, saturada en un 83% de media en la mayoría de los nudos de conexión según denuncias del sector energético, impide que casi el 23% del total de cargadores instalados puedan entrar en funcionamiento, a pesar de estar físicamente instalados.
España cuenta actualmente con 54.794 puntos de recarga operativos para vehículos eléctricos, según AEDIVE, pero enfrenta un problema creciente de infraestructura fantasma: 17.073 cargadores instalados que no pueden activarse. Esta cifra representa un aumento del 50% respecto a los 11.446 postes inoperativos registrados en 2024, según el Barómetro de Electromovilidad de ANFAC.
La saturación de la red eléctrica española constituye el principal obstáculo para la activación de estos puntos de recarga. Las empresas energéticas han denunciado que el colapso alcanza el 83% de media en la mayor parte de los nudos de conexión del país, según información del sector. Esta sobrecarga impide que la infraestructura eléctrica absorba al ritmo necesario la instalación de nuevos cargadores, creando un desfase entre la capacidad física instalada y la operativa real.
Solo entre enero y mayo de 2026 se han instalado más de 5.000 nuevos postes de recarga en España, según AEDIVE, pero muchos de ellos nacen inactivos y se suman directamente a la lista de cargadores que esperan recibir conexión y las autorizaciones administrativas pertinentes. El sector avanza en la instalación de infraestructura a mayor velocidad de lo que lo hace la red eléctrica necesaria para soportarla.
La distribución geográfica de la inoperatividad muestra marcadas desigualdades regionales. Las Islas Baleares encabezan los porcentajes con un 45% de sus puntos de recarga fuera de servicio, seguidas de Galicia con un 40% y Extremadura con un 31%, según los datos disponibles. En términos absolutos, Cataluña lidera con casi 3.500 puntos inoperativos, seguida de Madrid con 2.400 y Andalucía con 2.300.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el sector energético han mantenido enfrentamientos sobre la remuneración de las inversiones en redes eléctricas. La actualización de la tasa del 5,58% al 6,58% para el periodo 2026-2031 aprobada por la CNMC está por debajo del 7% que las empresas eléctricas habían reclamado como mínimo para hacer atractivas las inversiones destinadas a mejorar la capacidad y modernización de la red eléctrica española.
Además de la falta de conexión eléctrica y los retrasos en permisos administrativos, que constituyen las causas principales, la red de recarga enfrenta en menor medida problemas de mantenimiento y vandalismo por robo de cobre en las mangueras de los cargadores.
A pesar de estos obstáculos, la movilidad eléctrica continúa acelerándose en España con cifras récord de matriculaciones de modelos 100% eléctricos e híbridos. La infraestructura operativa también evoluciona hacia una mayor potencia: el número de puntos lentos, aquellos con menos de 7 kilovatios (kW), se ha reducido un 8,5%, mientras que los cargadores rápidos, con potencia entre 50 y 150 kW, han aumentado un 18% y suman ya 11.798 postes, según AEDIVE.
Los puntos ultrarrápidos, con potencia entre 150 y 350 kW, han pasado de 3.196 a 3.787 en lo que va de 2026. Adicionalmente, la red cuenta con 780 cargadores de más de 350 kW, los más potentes del mercado actualmente disponibles.
La situación plantea un desafío para el desarrollo de la movilidad eléctrica en España: mientras la demanda de vehículos eléctricos crece y la industria instala infraestructura de recarga, la red eléctrica nacional no puede absorber esta expansión al mismo ritmo, creando una brecha entre la infraestructura física disponible y la realmente utilizable por los usuarios.
