El conflicto entre Washington y Madrid escaló cuando Trump ordenó al secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent que "cortara todo comercio con España, por favor, incluyendo visitas" el miércoles durante la cumbre de la OTAN en Ankara. La demanda del presidente estadounidense se produjo después de que España se negara a aceptar el objetivo del 5 por ciento del producto interno bruto para gasto militar que Trump ha impulsado para todos los miembros de la alianza durante los próximos diez años.

Un funcionario estadounidense confirmó el jueves que los departamentos del Tesoro y Comercio estaban elaborando "un menú de productos españoles que podrían ser embargados en los próximos días". Sin embargo, horas después, Trump pareció cambiar de rumbo, revirtiendo aparentemente su posición inicial.

A pesar de estas amenazas comerciales, el gobierno español mantiene su postura de que no ha cedido ante las presiones estadounidenses. Madrid rechaza la narrativa de que ha modificado su posición sobre los compromisos de defensa de la OTAN como resultado de las demandas de Trump. La posición española refleja una tensión más amplia dentro de la alianza atlántica respecto a los niveles de gasto militar que cada miembro debe mantener.

El objetivo del 5 por ciento del producto interno bruto representa un aumento significativo respecto a los compromisos actuales de muchos miembros europeos de la OTAN. España, junto con otros países europeos, ha argumentado que tales aumentos requieren consideraciones presupuestarias complejas y no pueden implementarse de manera inmediata o uniforme.

La amenaza de represalias comerciales estadounidenses marca una escalada en las tensiones entre la administración Trump y los aliados europeos de la OTAN. El cambio de postura del presidente estadounidense horas después de sus amenazas iniciales sugiere posibles negociaciones detrás de escenas o reconsideraciones sobre la viabilidad de tales medidas comerciales.

El incidente pone de relieve las fricciones persistentes dentro de la alianza atlántica sobre cómo distribuir la carga de defensa entre sus miembros, un tema que ha sido central en los debates sobre la OTAN durante años. La posición de España, junto con la de otros países europeos que se resisten a compromisos de gasto militar tan elevados, refleja preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal y las prioridades presupuestarias nacionales.