Human Rights Watch publicó este miércoles un extenso informe titulado "Nos abandonan aquí a morir: Deportaciones desde Estados Unidos a México de cubanos y otros nacionales de terceros países", que documenta los abusos sistemáticos cometidos contra migrantes deportados a México y la ausencia casi total de respuesta por parte de ambos gobiernos ante una crisis humanitaria que se desarrolla en territorio mexicano.

Entre el 20 de enero de 2025, primer día del segundo mandato de Donald Trump, y el 9 de marzo de 2026, Estados Unidos deportó a México a 12.977 nacionales de terceros países, personas que no son ciudadanas ni de Estados Unidos ni de México, según el informe de HRW. Esto representa el 70% del total de deportaciones de este tipo, que también se han dado a varios países centroamericanos y africanos.

Los cubanos constituyen el grupo más numeroso entre los deportados, con 4.353 personas en el periodo analizado, según HRW. Durante años, los nacionales cubanos no fueron un objetivo prioritario de las políticas de deportación estadounidenses porque el gobierno de Cuba se niega a recibir de vuelta a muchos de sus ciudadanos, en particular a quienes emigraron hace décadas o tienen antecedentes penales. Esa negativa de La Habana protegió durante años a miles de cubanos con órdenes de deportación pendientes en Estados Unidos, que vivían bajo un régimen de supervisión migratoria que les permitía trabajar y residir en el país. Trump acabó con esa tolerancia de facto.

La base legal de estas deportaciones es opaca. En marzo de 2026, el Departamento de Justicia estadounidense reconoció ante un tribunal federal la existencia de un "acuerdo vigente no escrito" con México para estas deportaciones, sin identificar fundamento jurídico alguno, según el informe. El gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, por su parte, ha evitado reconocer formalmente la existencia de un pacto, describiendo las recepciones como un gesto "humanitario" cuando ha hablado de ellas.

Human Rights Watch basó su investigación en entrevistas a 53 deportados y 27 funcionarios, abogados y activistas. El informe establece un patrón claro: detenciones realizadas en citas rutinarias ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), en domicilios, en el trabajo o al salir de prisión; luego, traslados en autobús hasta la frontera norte de México con los deportados esposados de muñecas, cintura y tobillos; finalmente, paso a la custodia de las autoridades mexicanas, que los recogen y transportan durante dos o tres días hacia el sur del país.

El perfil de los deportados cubanos confronta la narrativa de la deportación como herramienta contra la criminalidad grave. Casi todos los entrevistados habían sido residentes permanentes legales con green card y, aunque la mayoría había perdido ese estatus tras condenas penales, en muchos casos había sido por delitos menores cometidos hace años: conducir bajo los efectos del alcohol, cargos menores de drogas, falsificación de documentos, según HRW. Al menos seis hombres habían sido condenados por delitos más graves, como agresión o delitos relacionados con armas.

Muchos de los entrevistados tenían 60 años o más y habían vivido en Estados Unidos durante décadas, principalmente en Florida. La mitad había llegado durante el éxodo del Mariel de 1980 o en la década de 1990 a través de "el bombo", un sistema de lotería que permitía a ciudadanos cubanos ingresar legalmente a Estados Unidos, según el informe. Muchos dijeron que huyeron de la represión del gobierno cubano o que abandonaron Cuba debido a la falta de alimentos, empleo o un futuro para sus hijos.

Las condiciones en los centros de detención migratoria del ICE fueron descritas por los entrevistados como deplorables: hacinamiento, temperaturas extremas, acceso limitado a atención médica, alimentos insuficientes e iluminación permanente, según HRW. Al menos 15 entrevistados describieron episodios de violencia física o verbal, incluyendo periodos de aislamiento. Uno de los testimonios recogidos coincide con reportes públicos sobre la muerte de un detenido cubano en El Paso, Texas, cuya autopsia clasificó como homicidio por "asfixia debido a compresión del cuello y torso" durante una inmovilización.

Solo tres de las personas entrevistadas aceptaron ser deportadas a México. HRW documentó al menos tres casos de personas que, antes de su deportación, habían manifestado a las autoridades estadounidenses su temor a ser enviadas a México; dos de ellas señalaron tener familiares que habían sido secuestrados o asesinados en ese país. Ninguna de las personas entrevistadas, incluidas aquellas que expresaron temor ante su deportación a México, tuvo acceso a una entrevista o audiencia para examinar sus solicitudes de protección o para impugnar su deportación.

Al llegar a México, la situación no mejora. Los deportados son dejados en libertad sin documentos, sin dinero y sin orientación. Los autobuses llegan a ciudades como Villahermosa y Tapachula a las dos de la madrugada. Los agentes migratorios mexicanos les quitan las esposas y les dicen que son libres. Nadie les explica dónde dormir, cómo conseguir comida ni qué hacer a continuación, según el informe. Algunos llevaban ropa de detenido. Varios estaban enfermos.

Veintidós de los cubanos entrevistados padecían enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, problemas cardíacos o cáncer, y no tenían sus medicamentos ni acceso a ellos, según HRW. Algunas de las personas entrevistadas se vieron obligadas a vivir en la calle al llegar y, al momento de la entrevista, dormían frente a hospitales o en parques.

El informe documenta el caso de Ricardo del Pino Olivera, un cubano de 67 años que falleció en Villahermosa el 21 de febrero de 2026 tras semanas de hospitalización por desnutrición severa. Su acta de defunción registró su nacionalidad como "desconocida".

"Nos están abandonando aquí a morir. No hay ayuda; no podemos trabajar porque no tenemos papeles. No nos dan nada, nada... ¿Cómo se supone que vamos a comer, a pagar la renta?", dijo Harold A., ciudadano cubano de 58 años deportado a México en febrero de 2026, según el informe de HRW.

La complicada situación de seguridad en las ciudades de destino, principalmente en los estados de Chiapas y Tabasco, expone a los deportados a la criminalidad. En 2024, Tabasco registró su tasa de homicidios más alta de su historia, un incremento del 204% respecto al año anterior, en gran parte ligado a disputas entre el Cartel Jalisco Nueva Generación y facciones rivales, según HRW. En Chiapas, la violencia ha escalado de forma similar. "Los migrantes son la mercancía del crimen organizado", advirtió al equipo de HRW Josué Leal, coordinador del albergue Amparito en Villahermosa, que en abril cerró sus puertas por razones de seguridad.

México no ofrece a estas personas una vía real hacia la residencia permanente. Su única opción es solicitar refugio ante la COMAR (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados), un proceso plagado de obstáculos burocráticos que se han agravado desde que la administración Trump redujo drásticamente los fondos al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR): de 50 millones de dólares aportados en 2024 a apenas 8 millones en 2025, según el informe.

Todos los entrevistados dijeron a HRW que, antes de ser liberados, las autoridades migratorias mexicanas les notificaron que tenían un permiso limitado para permanecer en México, en la mayoría de los casos por un período de 10 días, y les recomendaron iniciar un proceso ante la COMAR. Sin embargo, los testimonios revelaron obstáculos significativos para acceder al refugio, incluyendo retrasos prolongados en la tramitación.

Bajo la legislación mexicana, las personas que inician una solicitud de refugio ante la COMAR deben permanecer en el estado donde la presentaron mientras el trámite esté pendiente. En la práctica, esto deja a las personas deportadas atrapadas y sin apoyo en ciudades donde enfrentan altos riesgos en materia de seguridad y donde la presencia del crimen organizado es significativa. Además, no pueden acceder a un empleo formal mientras tramitan su solicitud.

El resultado es un callejón sin salida. Mientras tramitan su solicitud, los solicitantes deben permanecer en los estados con mayor violencia y no pueden trabajar formalmente. El escenario en caso de rechazo de su solicitud de refugio es incierto: no pueden volver a sus países de origen, no tienen estatus en México y no pueden regresar a Estados Unidos.

"Estamos abandonados aquí", dijo Camilo, un cubano de 51 años deportado a Tapachula tras haber vivido 21 años en Estados Unidos, según el informe. "Nos dejaron aquí como a perros".

"Si tienes 60 o 70 años, ¿por qué te enviarían aquí?", preguntó Mario, un abuelo de 60 años que apenas podía continuar la entrevista con HRW entre lágrimas, según el informe. "Nos están enviando aquí a morir".

En 2023, ACNUR aportó más del doble de los recursos que el propio gobierno federal mexicano destinó a la COMAR, según el informe. En 2025, los recortes de fondos al ACNUR provocaron que la agencia redujera en un 20% su financiación a la COMAR.

Al continuar aceptando deportaciones sin ofrecer a estas personas un acceso efectivo al refugio u otras vías para obtener la residencia permanente en el país, México los está dejando, en la práctica, en un limbo legal indefinido. No está claro qué opciones, si es que existe alguna, podrían tener en México las personas deportadas cuyas solicitudes de reconocimiento de la condición de refugio sean rechazadas por COMAR pero cuyos países de origen, como Cuba, se nieguen a aceptarlas de regreso.

Human Rights Watch exige que cualquier deportación de nacionales de terceros países desde Estados Unidos hacia México se realice en virtud de acuerdos formales y transparentes que garanticen el acceso a un procedimiento pleno y justo para la determinación de solicitudes de asilo o una protección equivalente, así como una vía hacia un estatus legal efectivo y duradero para las personas cuyos países de origen se nieguen a permitir su retorno.

El informe recomienda al gobierno estadounidense detener la deportación de personas cubanas y de otros nacionales de terceros países hacia México en ausencia de un acuerdo formal y transparente con el gobierno mexicano que garantice acceso a un proceso completo y justo para determinar las solicitudes de refugio u otras formas equivalentes de protección, o una vía para obtener un estatus legal a largo plazo.

A México, HRW recomienda establecer una vía efectiva hacia la residencia permanente para los nacionales de terceros países que México haya admitido tras ser deportados a su territorio y cuyos países de origen se nieguen a aceptar su regreso. También pide garantizar el acceso inmediato al sistema de refugio, permitiendo la presentación de solicitudes ante la COMAR sin demoras ni barreras innecesarias, y aumentar la financiación y el personal de la COMAR para reducir los retrasos.

Al gobierno de Cuba, el informe recomienda respetar los derechos de todas las personas cubanas a su nacionalidad y a regresar a su país, conforme a lo establecido por el derecho internacional de los derechos humanos, y garantizar que las autoridades consulares cubanas en México proporcionen a todos los ciudadanos cubanos acceso oportuno a los servicios consulares, incluyendo la emisión y renovación de pasaportes.

Si bien este fenómeno ha sido cubierto, no está en la agenda política mexicana ni estadounidense de manera consistente y seria. El informe de HRW busca generar un impacto en los gobiernos implicados al describir de manera profunda una práctica sistemática que está dejando a miles de personas en un limbo sin resolución aparente.