El anuncio llega a cuatro meses de las elecciones presidenciales brasileñas y sacude un proceso electoral que previsiblemente enfrentará a Lula da Silva con el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, según reporta El País. La decisión contradice directamente la posición del gobierno brasileño, que es partidario de combatir al crimen organizado mediante la asfixia económica y la cooperación internacional, no mediante designaciones terroristas.

La inclusión de las dos bandas se anuncia apenas dos días después de que el presidente Donald Trump recibiera en un encuentro privado en el Despacho Oval al senador Flavio Bolsonaro, según la misma fuente. En esa conversación, el aspirante presidencial le había pedido al republicano la inclusión de los dos grupos en la lista de organizaciones terroristas extranjeras, y el mandatario le contestó que lo estudiaría, según el propio senador. El clan Bolsonaro es hace tiempo partidario de militarizar la lucha contra las drogas.

Menos de tres semanas antes, Trump se había visto también en el Despacho Oval con Lula, con quien departió durante tres horas y media y compartió un almuerzo, según El País. En ese encuentro, el antiguo sindicalista explicó al antiguo magnate inmobiliario las razones por las que dar ese paso contra las dos bandas criminales representaría, a su juicio, un grave error: Brasil está abierto a colaborar en la lucha contra grupos criminales pero se opone a que esas bandas queden incluidas en las listas estadounidenses de organizaciones terroristas. El gobierno brasileño argumenta que esa designación entraría en conflicto con su legislación interna, que considera a estas bandas redes criminales guiadas por el lucro y no por la ideología, y socavaría la soberanía nacional.

En un comunicado distribuido a través de redes sociales, el secretario de Estado Marco Rubio calificó al PCC y al Comando Vermelho como dos de las organizaciones criminales más violentas en Brasil, cuya influencia y conexiones se extienden por toda América Latina y en Estados Unidos, según el Departamento de Estado. Juntas tienen a su mando a miles de miembros y han perpetrado ataques brutales contra agentes de la Policía, funcionarios y civiles, asegura el Departamento de Estado.

La Administración de Trump seguirá utilizando todos los medios a su disposición para proteger nuestra nación y nuestros intereses de seguridad nacional, manteniendo las drogas ilegales fuera de nuestras calles y cortando los flujos de ingresos que financian a los narcoterroristas violentos, sostuvo el jefe de la diplomacia estadounidense.

Flávio Bolsonaro aprovechó la decisión de Trump para presumir y atacar al presidente de Brasil: Mientras Lula fue a arrodillarse ante Trump para hacer lobby a favor del CV y del PCC, yo fui a trabajar para que sean tratados como terroristas, tuiteó en redes, vestido con la camiseta de la selección de Brasil, según reporta El País.

El Primeiro Comando da Capital (PCC) nació en una cárcel de São Paulo en los años noventa con el objetivo de defender los derechos más básicos de los presos, según la fuente. Con los años entró en el negocio de la droga y en la actualidad tiene 40.000 hombres y mujeres y ramificaciones en toda América Latina y algunos países de Europa y África. El Comando Vermelho también nació en una cárcel, pero de Río de Janeiro, y suma unos 30.000 hombres armados.

Ambos grupos operan e imponen su ley en decenas de favelas y cárceles, según El País. En los últimos 15 años han protagonizado una gran expansión desde sus respectivos territorios y están presentes en todo el país.

Ignacio Cano, director del Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ), explicó que catalogar como terroristas al PCC y al CV no va a detener el flujo de drogas ni tiene impacto legal, pero sí político. Para Brasil, desde el punto de vista legal, no tiene ningún impacto. El Gobierno Trump está presionando a todos los países de la región para militarizar la seguridad pública contra los narcoterroristas, una definición legal que sólo existe en Estados Unidos. Pero desde el punto de vista político es muy significativo. Es una ficción política para presentar al gobierno de Lula como débil ante el crimen organizado, apuntó este experto.

Con este paso, PCC y Comando Vermelho se suman a una serie cada vez más extensa de organizaciones del narcotráfico en América Latina incluidas en la lista de organizaciones terroristas extranjeras, según El País. La inclusión en ella del Cartel de los Soles, una denominación que agrupa a cargos y personalidades venezolanas que se beneficiaban del narcotráfico en la etapa chavista, y la designación de Nicolás Maduro como su líder sirvió a la Administración de Trump como argumento legal para justificar la operación militar que capturó al presidente venezolano en las afueras de Caracas el pasado 3 de enero. Maduro fue trasladado en un avión militar a Nueva York, donde se encuentra preso a la espera de juicio.

La designación de este tipo de bandas criminales como organizaciones terroristas también ha servido de argumento a la Administración Trump para bombardear lo que describe como narcolanchas en aguas internacionales del Caribe o el Pacífico oriental, en lo que expertos y legisladores demócratas consideran ejecuciones extrajudiciales, según la fuente. Hasta el momento, el Gobierno estadounidense no ha presentado públicamente pruebas que confirmen que esas embarcaciones o sus tripulantes mantuvieran vínculos con el narcotráfico.

A comienzos de este mes, un grupo de legisladores demócratas estadounidenses, encabezados por el congresista Jim McGovern, habían dirigido una carta a Rubio para exigirle que desestimara la inclusión de los dos grupos en la lista de organizaciones terroristas extranjeras, según El País. Nos preocupa que el uso excesivo y transformado en arma política de las designaciones como organizaciones terroristas extranjeras en casos en los que no se cumplen los parámetros claros de actividad terrorista pueda debilitar los esfuerzos para luchar contra el crimen organizado en nuestro hemisferio, escribían entonces los congresistas. Es más, dado el uso de esta administración de las designaciones terroristas como justificación para perpetrar ejecuciones extrajudiciales en el Caribe y el Pacífico oriental, nos preocupa cómo la Administración pueda utilizar esas designaciones.

Los legisladores también recordaron que la Administración de Trump ya ha recurrido en el pasado a sanciones para interferir en los asuntos internos brasileños, según la fuente. Citaron, por ejemplo, las sanciones que impuso al juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes después de que el magistrado condenara a Jair Bolsonaro por intentar un golpe tras las elecciones de 2022 que dieron la victoria a Lula.

La medida tiene implicaciones significativas para las relaciones entre Estados Unidos y Brasil, el país más grande de América Latina. La designación como organizaciones terroristas permite al gobierno estadounidense imponer sanciones económicas a cualquier persona o entidad que proporcione apoyo material a estos grupos, lo que podría incluir instituciones financieras que, sin saberlo, procesen transacciones relacionadas con miembros de estas organizaciones. También proporciona una base legal para acciones militares o de inteligencia que la Administración Trump considere necesarias para combatir estas organizaciones, lo que genera preocupaciones sobre la soberanía brasileña.

La decisión llega en un momento políticamente sensible, a cuatro meses de las elecciones presidenciales brasileñas, y podría influir en el debate electoral sobre seguridad pública y la relación con Estados Unidos. La postura de militarización defendida por el clan Bolsonaro contrasta con el enfoque de Lula, que privilegia la cooperación internacional y medidas económicas para combatir el crimen organizado sin ceder soberanía nacional.