La designación de ambas organizaciones fue anunciada por el Secretario de Estado Marco Rubio, quien señaló que los dos grupos criminales han cometido actos terroristas o representan un riesgo grave de cometer actos que amenacen la seguridad de ciudadanos estadounidenses o la seguridad nacional, política exterior o economía de Estados Unidos, según reportó la Agencia de Prensa Asociada.

El presidente Donald Trump comenzó a extender la clasificación de terrorista a cárteles latinoamericanos en febrero de 2025 para permitir que las autoridades estadounidenses tomaran medidas más agresivas contra ellos o contra cualquier persona que Washington considere que los ayuda. La estrategia también se ha aplicado a organizaciones criminales en Venezuela, Brasil, Ecuador y El Salvador.

El Cártel de Juárez es una de las organizaciones de tráfico de drogas más antiguas de México, que durante décadas ha controlado un punto de cruce clave en la parte central de la frontera México-Estados Unidos: Ciudad Juárez, frente a El Paso, Texas. Su fundador, Amado Carrillo Fuentes, conocido como "El Señor de los Cielos" por contrabandear enormes cargamentos de drogas mediante aviones ligeros en los años noventa, transformó el tráfico de toneladas de drogas en un negocio multimillonario. A pesar de los arrestos de muchos de sus líderes, el cártel y sus pandillas aliadas mantuvieron el control de una vasta infraestructura para introducir envíos ilegales en Estados Unidos.

Según el analista mexicano David Saucedo, la designación es clave para permitir que Estados Unidos tome acciones más decisivas a lo largo de la frontera, donde otros dos grupos ubicados en el extremo oriental de la frontera con Texas —el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste— fueron declarados organizaciones terroristas en febrero de 2025.

Los Viagras es un cártel local del estado occidental de Michoacán, que ya alberga otros dos grupos criminales designados como organizaciones terroristas: Cárteles Unidos y La Nueva Familia Michoacana. Los Viagras surgió tras el levantamiento armado de 2013-2014 liderado por agricultores que lograron expulsar a muchos de los antiguos cárteles, solo para verlos reemplazados por nuevos.

El grupo está liderado por Nicolás Sierra Santana, quien enfrenta una acusación formal en el Distrito de Columbia por conspiración para tráfico de drogas, presentada en junio de 2025. El Departamento de Estado ofrece una recompensa de cinco millones de dólares por información que lleve a su captura. La organización ha cambiado sus lealtades y alianzas para consolidar su control regional del territorio mediante extorsión. También produce drogas sintéticas que vende a otros cárteles que las trafican hacia Estados Unidos.

La medida representa un aumento adicional de la presión sobre la administración de la presidenta Sheinbaum, que ya enfrenta la acusación de diez funcionarios actuales y anteriores del estado de Sinaloa por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, así como controversias sobre operaciones estadounidenses en México. Con ocho organizaciones criminales mexicanas ahora designadas como terroristas extranjeras, Washington amplía significativamente su capacidad legal para congelar activos, imponer sanciones y perseguir a individuos asociados con estas redes delictivas, tanto en territorio estadounidense como a través de cooperación internacional.