El Departamento del Tesoro de Estados Unidos modificó las restricciones impuestas a CIBanco para permitir que el Gobierno de México complete la liquidación de la entidad financiera sancionada por lavado de dinero vinculado a cárteles del narcotráfico. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) ajustó la orden de junio de 2025 que prohibía transferencias del banco, facilitando ahora movimientos necesarios para devolver depósitos a clientes cuyos ahorros permanecían bloqueados.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha decidido rebajar las restricciones de movimiento a CIBanco para que el Gobierno de México termine de liquidarlo tras ser sancionado por lavado de dinero, según informó la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) este miércoles. La agencia estadounidense modificó la orden del pasado junio que prohibía las transferencias del banco por el blanqueo de capitales en organizaciones que trafican con opiáceos.
Esta medida resulta necesaria para resolver el problema de las cuentas de ahorros de los clientes que seguían activas y bloqueadas en este banco. "Esta modificación permite ciertas transferencias de fondos para facilitar pagos necesarios para que el Gobierno de México liquide CIBanco", explicó la dependencia gubernamental en un comunicado, según reportó El País.
El Gobierno de México ha estado al frente de las operaciones de CIBanco después de que se le revocara la licencia hace seis meses por presunto narcolavado, al menos hasta que se consumara su extinción como institución bancaria. CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa fueron las tres empresas señaladas por las autoridades de Estados Unidos por facilitar el blanqueo de capitales para los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y de la organización de los Beltrán Leyva.
Según los investigadores, CIBanco fue una empresa clave para facilitar pagos en nombre de empresas con sede en México involucradas en la adquisición de precursores químicos con fines ilícitos. En sus indagatorias, exponen que de 2012 a 2018, las autoridades de México y Estados Unidos incautaron al menos cuatro cargamentos asociados con una empresa con sede en México que contenían precursores químicos o drogas ilícitas, incluida la metanfetamina.
Tras la revocación de la licencia y la prohibición de hacer transferencias con entidades financieras en Estados Unidos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México había asegurado que devolvería el pago de los depósitos asegurados de las personas ahorradoras que tenían sus cuentas en este banco. De acuerdo con las leyes mexicanas, los ahorradores tienen cubierto hasta 400.000 unidades en depósitos, equivalente a unos 3,4 millones de pesos por persona.
Sin embargo, los activos del banco tuvieron una caída de un 48% en solo un año tras conocerse la noticia, según las fuentes. El nerviosismo por el futuro de la empresa derivó en la huida de clientes y deslinde de fideicomisos. Finalmente, el banco decidió vender su negocio fiduciario a Banco Multiva y su cartera automotriz a BanCoppel.
Ahora que FinCEN ha rebajado la dureza de sus restricciones, CIBanco podrá volver a hacer transferencias y aliviar una de las principales preocupaciones de los clientes. Por el momento, las autoridades de Estados Unidos solo han autorizado los movimientos que el Gobierno de México considere que son "necesarios para la liquidación" del banco, siempre y cuando no estén prohibidos por otras leyes.
La sanción original de junio de 2025 formó parte de una ofensiva más amplia de Estados Unidos contra instituciones financieras mexicanas acusadas de facilitar operaciones de lavado de dinero para organizaciones criminales dedicadas al tráfico de opiáceos, particularmente fentanilo, que ha causado una crisis de salud pública en territorio estadounidense.
La flexibilización de las restricciones representa un paso significativo en el proceso de liquidación ordenada de CIBanco, permitiendo que el Gobierno mexicano pueda cumplir con sus obligaciones hacia los ahorradores afectados mientras mantiene la cooperación bilateral en materia de combate al narcotráfico y lavado de dinero. La medida busca equilibrar la necesidad de sancionar actividades ilícitas con la protección de los intereses legítimos de clientes que no estaban involucrados en las operaciones criminales del banco.