El Departamento de Estado de Estados Unidos canceló los documentos de viaje de dos gobernadores mexicanos del partido Morena en medio de investigaciones por supuestos vínculos con organizaciones criminales, según una exclusiva publicada por Los Angeles Times y Puente News este miércoles, basada en fuentes conocedoras de los casos.
Los funcionarios afectados son Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal, mandatario de Tamaulipas. Según el reporte, ambos políticos habrían ingresado a Estados Unidos mediante una "autorización especial que suele reservarse para los testigos que cooperan con la justicia", conocida como libertad condicional por beneficio público significativo, según informó Infobae.
Este programa permite a personas no ciudadanas testificar con el objetivo de que las autoridades obtengan información y pruebas en casos específicos. Las fuentes consultadas por el medio californiano indicaron que los gobernadores deben ser escoltados por funcionarios estadounidenses al cruzar la frontera.
**Durazo niega las acusaciones y rechaza mostrar su visa**
Alfonso Durazo minimizó la información del medio estadounidense, calificándola como "una nota más, sin fuentes, como muchas otras que circulan sin sustento", según reportó El País. El gobernador sonorense se negó a mostrar su visa para desmentir la nota y rechazó cualquier vínculo con el crimen organizado.
"En el pueblo, todos nos conocemos y todos nos sabemos todo. Si hubiese la menor corruptela, la menor complicidad, ustedes hubiesen sido los primeros en enterarse", aseguró Durazo ante los medios, según El País.
Paloma Terán, titular del Sistema Estatal de Comunicación Social del Gobierno de Sonora, negó categóricamente la información y afirmó que el gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades estadounidenses, según Infobae.
Según Los Angeles Times, a Durazo le fue retirada su visa el año pasado en medio de investigaciones por supuestos vínculos con el crimen organizado. El gobernador viaja de manera regular a Estados Unidos para recibir tratamiento especializado por una afección médica, según fuentes citadas por Infobae.
El año pasado, el periodista Luis Chaparro reportó que Durazo era catalogado como "sospechoso de terrorismo" por la agencia CBP en Estados Unidos, lo que supuestamente lo convertía en un objetivo de detención inmediata al intentar ingresar a ese país, según Infobae. Tras ese reporte, el gobierno de Sonora negó la autenticidad del documento y tachó la nota como "completamente falsa".
**Villarreal investigado por contrabando de combustible**
El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, es investigado en Estados Unidos por el contrabando de hidrocarburos ilegal, conocido como huachicol, según señaló Los Angeles Times. También contaría con libertad condicional por beneficio público significativo, según Infobae.
Gerardo Algarín, director de Comunicación del Gobierno de Tamaulipas, negó de manera "categórica y contundente" la información: "No hay documentos, expedientes, resoluciones ni evidencia verificable que acredite lo publicado", según El País.
Villarreal negó haber cometido alguna irregularidad y calificó las acusaciones de falsas y carentes de pruebas, según Infobae. El año pasado, el gobernador fue añadido a una lista de narcopolíticos realizada por los periodistas Óscar Balderas y Luis Chaparro junto con la organización civil Defensorxs. Mediante documentos y fotografías, el portal reveló que Villarreal es señalado por presuntos nexos con el Cártel del Noreste y Cártel del Golfo, relacionados con huachicol, según Infobae.
**Sheinbaum exige aclaraciones y critica la filtración**
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum indicó este miércoles que los gobernadores "tienen que aclarar" la información y mostró su descontento por la filtración. "Qué intención con quitar la visa..., ¡y más hacerlo público! [...] Cuando uno está tranquilo con la certeza de lo que se está haciendo y la garantía de que estamos actuando por el bien del pueblo de México y de la nación, pueden venir estas cosas. Todos tenemos el derecho, al menos, a la duda", expuso en su conferencia matutina, según El País.
**Tercer gobernador morenista bajo investigación estadounidense**
Con estos dos casos, suman tres gobernadores en funciones investigados por Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado. El primero fue Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, quien tomó licencia al cargo luego de ser acusado por supuestamente brindar protección a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, según Infobae.
Su acusación también integró a nueve funcionarios activos y en retiro de Sinaloa, señalados por haber permitido la comisión de actividades delictivas de esta célula, así como de presuntamente filtrarles información sobre operativos y de favorecer la captura de sus rivales, según Infobae.
Las acusaciones presentadas por un fiscal de Nueva York contra los 10 funcionarios morenistas despertaron un profundo rechazo por parte del Ejecutivo mexicano, que ha mantenido que los señalamientos no están apoyados en pruebas contundentes, según El País. Durante los días siguientes a la difusión de los casos, Rocha Moya pidió separarse del cargo para ser investigado por la Fiscalía General de la República, y más tarde, dos de los acusados se entregaron a las autoridades estadounidenses, según El País.
**Retiro de visas como herramienta de presión**
La lucha contra el crimen organizado ha llevado al gobierno de Donald Trump a buscar nuevas herramientas de presión, entre ellas el retiro de visas. Para diciembre del año pasado, al menos 50 funcionarios mexicanos de todo el espectro político perdieron sus documentos, según El País. Entre esos nombres se encuentran figuras como la gobernadora morenista de Baja California, María del Pilar Ávila, o el exgobernador priista de Guerrero Héctor Astudillo, quien gobernó entre 2015 y 2021, según El País.
Juristas y analistas en materia de derecho internacional recuerdan que la revocación de visados vigentes representa una acción soberana y discrecional por parte de cualquier nación, la cual no equivale a un juicio de culpabilidad legal en ninguna instancia formal, según ADN Sureste. Por esta razón, el estatus de los gobernadores permanece intacto ante las leyes tanto mexicanas como internacionales, salvaguardando sus derechos constitucionales de forma plena, según la misma fuente.
**Contexto de tensión bilateral**
México y Estados Unidos viven en un constante enfrentamiento desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca a comienzos del año pasado. El republicano ha reiterado en varios de sus discursos que su vecino del sur está controlado por los cárteles, una postura que ha chocado con los rechazos constantes del Ejecutivo de Sheinbaum, que ha presentado cifras de reducción de homicidios y mediáticas detenciones para calmar las aguas, según El País.
**Impacto político en el gobierno de Sheinbaum**
Estas investigaciones suponen un nuevo revés al gobierno de Sheinbaum, sumido en los señalamientos desde finales de abril, cuando la justicia estadounidense acusó a los 10 funcionarios sinaloenses por vínculos con el crimen organizado, según El País.
El ya conocido como caso Rocha, sumado al escándalo por la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia en un operativo en Chihuahua o la debilidad económica, han dañado la popularidad de la presidenta, según El País. Sheinbaum atraviesa ahora, a un año y medio del inicio de su mandato, su momento más delicado al frente del Ejecutivo. Aunque pese a esa situación, mantiene índices todavía altos, con un 68% de aceptación, según una encuesta de Enkoll realizada para El País y W Radio.
**Importancia estratégica de los estados fronterizos**
Tanto Sonora como Tamaulipas representan entidades federativas de alta relevancia en la agenda de cooperación binacional debido a su posición geográfica, la cual involucra temas críticos como la seguridad fronteriza, los flujos migratorios y el desarrollo económico conjunto, según ADN Sureste.
Debido a la envergadura de sus responsabilidades, las estructuras gubernamentales de ambos estados analizan detalladamente el reportaje para fijar posturas aclaratorias en las próximas horas, según la misma fuente. El caso genera un intenso debate sobre las repercusiones políticas de estas medidas unilaterales dentro de la relación diplomática, reiterando la importancia de esperar la presentación de evidencias claras ante tribunales competentes antes de emitir cualquier resolución concluyente, según ADN Sureste.

