Estados Unidos sanciona a cinco entidades cubanas pese a las reformas económicas anunciadas por La Habana

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció las nuevas sanciones contra entidades que, según el Departamento de Estado, sirven como "el músculo financiero detrás del aparato represivo de seguridad cubano". Entre las sancionadas figuran tres entidades asociadas con el Grupo de Administración Empresarial SA (Gaesa), el conglomerado económico controlado por las fuerzas armadas de Cuba, según informó el Departamento de Estado.

"La situación en Cuba está retrocediendo ya que el régimen corrupto, brutal y comunista antiestadounidense sigue dando prioridad al control total en vez del bienestar, la libertad y las oportunidades del pueblo cubano", escribió Rubio en redes sociales este martes. El jefe de la diplomacia estadounidense describió a Gaesa como el "principal medio para que las élites del régimen se apropien de los pocos recursos de la isla y los dediquen a la represión, la subversión antiestadounidense y el espionaje, en vez de a escuelas, plantas eléctricas y las necesidades básicas del pueblo cubano", según el comunicado oficial.

Las entidades sancionadas incluyen dos instituciones financieras asociadas con "el movimiento de dinero en nombre del régimen", según el Departamento de Estado: Rafin y Banco Financiero Internacional (BFI). También fue sancionada Almacenes Universales, una empresa logística y portuaria que, según Washington, "ejecuta lo que el régimen le ordena en toda la isla".

Además, las sanciones alcanzaron a dos entidades "generadoras de ingresos para Cuba mediante la explotación de reservas de metales y minerales", según el comunicado. La empresa siderúrgica José Martí, la mayor productora de acero bruto de Cuba que fue modernizada recientemente con fondos rusos, y GeomInera, una compañía estatal que gestiona activos de minerales metálicos no niquelíferos y que cuenta con inversión de la australiana Antilles Gold y otras firmas extranjeras, fueron incluidas en la lista.

Entre las personas sancionadas figura Annalie Lilliam Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro y antiguo jefe de los servicios de inteligencia cubanos, según informó el Departamento de Estado.

"Todas estas entidades y personas aportan fondos, facilitan o se benefician de las actividades malignas del régimen, tanto en Cuba como en nuestro continente", señala el comunicado del Departamento de Estado.

Rubio instó a los bancos internacionales y "otras compañías que prestan servicio" a las entidades sancionadas a "congelar ese tipo de actividades de manera inmediata" y advirtió que "cualquiera que proporcione servicios a estos entes sancionados se arriesga a ser sancionado a su vez", según el mensaje publicado en redes sociales.

Las medidas se anunciaron apenas cuatro días después de que Cuba presentara un paquete de 176 medidas económicas drásticas, el conjunto de reformas más extenso en décadas, según el Departamento de Estado. Estas reformas introducen formalmente dinámicas de mercado, autorizan la creación de bancos privados, permiten devaluaciones sucesivas de la moneda nacional y abren las empresas estatales a accionistas particulares, entre otros pasos.

El Departamento de Estado dejó claro que la nueva reforma económica introducida por La Habana "no le parece suficiente", según la fuente. La reforma, que busca "hacer lo necesario para conservar lo esencial", parece un intento de responder a las presiones de Estados Unidos contra el régimen, que se aceleraron tras la operación militar que capturó a Nicolás Maduro en Venezuela el 3 de enero, según el análisis de la fuente.

Desde esa fecha, la Administración de Donald Trump ha impuesto un bloqueo energético de hecho sobre la isla, mediante una orden ejecutiva que amenaza con sanciones y aranceles a quienes proporcionen combustible a Cuba, según informó el Departamento de Estado. Washington también ha adoptado medidas contra entidades extranjeras que participen en sectores fundamentales de la economía cubana, incluida la minería y sus servicios financieros.

Además, Estados Unidos ha imputado a Raúl Castro por la muerte de cuatro personas en el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización anticastrista Hermanos al Rescate en aguas internacionales, según el Departamento de Estado.

Las nuevas sanciones representan una escalada en la presión económica sobre Cuba en un momento en que el régimen intenta implementar reformas para estabilizar su economía. La estrategia de Washington apunta directamente a las estructuras financieras y económicas controladas por las fuerzas armadas cubanas, que según el Departamento de Estado constituyen el núcleo del poder económico del régimen.

La inclusión de instituciones financieras como Rafin y BFI en la lista de sanciones busca dificultar las operaciones bancarias internacionales del régimen, mientras que las sanciones contra empresas mineras y siderúrgicas apuntan a cortar fuentes de ingresos en divisas. La advertencia de Rubio a bancos y empresas internacionales sobre el riesgo de sanciones secundarias amplía el alcance de las medidas más allá del territorio cubano.

Las reformas económicas anunciadas por Cuba la semana pasada representan el cambio más significativo en la política económica de la isla en décadas, pero la respuesta inmediata de Washington con nuevas sanciones indica que la Administración Trump no considera estas medidas suficientes para modificar su política de presión máxima sobre el régimen cubano.