Shi Yongxin, cuyo nombre de nacimiento es Liu Yingcheng, utilizó su posición oficial como abad para obtener ilegalmente millones de yuanes de proyectos de construcción del templo y ofrecer sobornos masivos a funcionarios chinos, según determinó el tribunal de Henan. El exmonje admitió su culpabilidad y declaró que no apelará la sentencia, según reportó Xinhua.
El Templo Shaolin, con 1.500 años de antigüedad y ubicado en una cordillera montañosa, atrae anualmente a miles de discípulos de China y del resto del mundo. La institución es reconocida mundialmente como el lugar de nacimiento del kung fu y representa uno de los símbolos culturales más importantes de China.
Shi asumió el cargo de abad en 1999 y rápidamente ganó el apodo de "monje CEO" por transformar la institución en una marca global. Bajo su liderazgo, el templo comenzó a abrir escuelas fuera de China y formó una compañía itinerante de monjes que realizaban espectáculos de kung fu Shaolin, el estilo característico de artes marciales del templo, según BBC.
La asociación budista de China despojó a Shi de su condición de monje el año pasado, según informó la organización.
En 2015, Shi fue investigado por malversación de fondos y por presuntamente haber engendrado varios hijos, pero posteriormente fue absuelto de los cargos. En una entrevista con BBC Chinese ese año, declaró: "Si hubiera un problema, habría salido a la luz hace mucho tiempo".
El caso representa un golpe significativo para una institución que ha alcanzado prominencia en la cultura popular global a lo largo de los años. El nombre "Templo Shaolin" ganó reconocimiento internacional como título de una película de 1982 protagonizada por Jet Li. El templo es referenciado en canciones del grupo estadounidense de hip-hop Wu-Tang Clan e inspiró un derivado del videojuego Mortal Kombat, según BBC.
La condena de Shi Yongxin se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre la gestión financiera de instituciones religiosas en China y representa uno de los casos de corrupción más prominentes que involucran a una figura religiosa de alto perfil en el país. El período de malversación abarcó más de dos décadas, desde 2003 hasta 2025, lo que sugiere un esquema sistemático de apropiación indebida de fondos durante prácticamente todo su mandato como abad.
La sentencia de 24 años refleja la gravedad de los delitos cometidos y el monto sustancial de los fondos malversados. Con 282 millones de yuanes desviados, el caso representa una de las mayores malversaciones documentadas en el ámbito de instituciones religiosas chinas.