Bolton, de 77 años, fue imputado en octubre de 2025 con 18 cargos relacionados con el manejo indebido de material clasificado, según reportó la agencia Associated Press y la cadena CNN. Inicialmente se declaró inocente de todos los cargos, que incluían diez por retención de información relacionada con la defensa nacional y ocho por transmisión de ese tipo de información, según informó el diario español El País.

El acuerdo alcanzado con la fiscalía establece que Bolton se declarará culpable de un único cargo de retención de información de defensa nacional y pagará una multa de 2,25 millones de dólares, según dos personas familiarizadas con el asunto que solicitaron anonimato para discutir el acuerdo aún no público, informó la BBC. El acuerdo también recomienda que no cumpla tiempo en prisión, aunque será un juez quien decida la sentencia final en una audiencia separada, según la misma fuente. El cargo conlleva una pena potencial de hasta 60 meses de prisión.

Bolton tiene previsto presentar su declaración de culpabilidad en una audiencia de relectura de cargos programada para el 26 de junio, según confirmó un portavoz de la oficina del fiscal federal en Maryland, la división que maneja el caso, a la BBC. El Departamento de Justicia declinó hacer comentarios adicionales.

Los cargos contra Bolton

El Departamento de Justicia acusó a Bolton de poner en riesgo al público al supuestamente manejar indebidamente documentos clasificados, algunos designados como alto secreto o información compartimentada sensible, durante y después de su periodo como consejero de Seguridad Nacional de Trump entre abril de 2018 y septiembre de 2019, según reportó la BBC.

Según la acusación, Bolton compartió información confidencial con dos miembros de su familia mientras preparaba sus memorias sobre su tiempo en la Casa Blanca, según informó Deutsche Welle. El País identificó a estos familiares como su esposa e hija, citando medios estadounidenses. La acusación señalaba que esto incluía notas sobre reuniones de inteligencia y encuentros con altos funcionarios gubernamentales y líderes extranjeros, según Deutsche Welle.

Algunos de esos documentos se relacionaban con entradas "tipo diario" de su tiempo como consejero de Seguridad Nacional, que contenían información de defensa nacional clasificada hasta el nivel de alto secreto, según alegó la acusación citada por la BBC. Bolton fue acusado de transmitir algunos de estos materiales a dos familiares mientras escribía su libro sobre su tiempo como consejero de Seguridad Nacional.

El cargo único al que Bolton se declarará culpable se relaciona con las entradas tipo diario, según dijeron a la BBC las personas familiarizadas con su acuerdo de culpabilidad.

El libro y el intento de censura

Bolton publicó sus memorias, "The Room Where it Happened" (La habitación donde ocurrió), en 2021, después de que la primera administración de Trump intentara sin éxito bloquear su publicación, alegando que arriesgaba divulgar información clasificada, según reportó Deutsche Welle. En 2021, después de que Joe Biden asumiera el cargo, los fiscales estadounidenses retiraron una demanda y una investigación de gran jurado sobre el libro, según la misma fuente.

Las memorias pintan una imagen poco halagadora de Trump, afirmando que el presidente carecía de conocimientos básicos sobre gobierno y geopolítica y no era apto para liderar Estados Unidos, según Deutsche Welle. El acuerdo de culpabilidad de Bolton se espera que cubra las notas que compartió con familiares en lugar de la información en el libro, según reportó Associated Press citada por Deutsche Welle.

El acuerdo de culpabilidad de Bolton se espera que cubra las notas que compartió con familiares en lugar de la información contenida en el libro, según reportó Associated Press.

Contexto político y acusaciones de represalia

La imputación de Bolton se produjo en medio de otros casos criminales de alto perfil presentados contra críticos de Trump, incluyendo al exdirector del FBI James Comey y a la fiscal general de Nueva York Letitia James, según reportó la BBC.

Desde que Trump asumió el cargo para un segundo mandato, su administración ha sido acusada de usar el sistema legal estadounidense para perseguir a los enemigos del presidente, según Deutsche Welle. Según una investigación de la agencia de noticias Reuters, al menos "470 personas, organizaciones e instituciones han sido objeto de represalias desde que Trump asumió el cargo" en enero de 2025, según citó Deutsche Welle.

El Departamento de Justicia está actualmente dirigido por el exabogado personal de Trump, el fiscal general en funciones Todd Blanche, según Deutsche Welle. El propio edificio del Departamento de Justicia en Washington está adornado con un enorme cartel con el rostro de Trump, según la misma fuente.

Sin embargo, el caso de Bolton se consideraba diferente del de otros supuestos enemigos de Trump investigados por el Departamento de Justicia y cuyos casos acabaron siendo finalmente desestimados, como el exdirector del FBI James Comey —aunque contra él se han vuelto a presentar nuevos cargos recientemente— o la fiscal de Nueva York, Letitia James, según El País. El antiguo consejero de Seguridad Nacional estaba en el punto de mira de la Agencia Central de Investigaciones desde hacía casi cuatro años, cuando la policía federal le abrió una investigación por ese supuesto manejo y transmisión de información clasificada, según la misma fuente.

Trump ha hablado en diversas ocasiones en favor de que Bolton compareciera ante los tribunales, según El País. Tras conocerse su imputación, el presidente se refirió a él como un "mal tipo", pero negó que hubiera estado al corriente del caso, según la misma fuente.

La posición de Bolton

Bolton, un conservador halcón en política exterior que también sirvió como embajador de Estados Unidos ante la ONU, ha continuado criticando públicamente a Trump, según Deutsche Welle. En mayo, Bolton dijo que líderes extranjeros como Vladimir Putin y Xi Jinping perciben a Trump como un "tonto risible", según la misma fuente.

Inmediatamente después de que se hiciera pública su imputación, el exconsejero de Seguridad Nacional había asegurado que tenía "muchas ganas de pelear" para defender su conducta, que considera lícita, "y sacar a la luz el abuso del poder" de Donald Trump, según El País.

"El embajador ha admitido lo que ha hecho", dijo una de las personas familiarizadas con el acuerdo de culpabilidad de Bolton a la BBC. Bolton también entendió que si continuaba luchando contra el caso, "otra información clasificada podría haber sido revelada en su defensa" y no quería "dañar" a Estados Unidos, dijo la persona. "A diferencia de otros, él se ha puesto de pie y ha dicho que asume la responsabilidad", agregó la persona.

Ni el Departamento de Justicia ni Bolton han emitido una declaración oficial ni han comentado sobre el acuerdo reportado, según Deutsche Welle.

Trayectoria de Bolton

Bolton fue una de las caras más reconocibles del equipo de gobierno del primer mandato de Trump. Fue embajador ante la ONU durante el periodo de George W. Bush (2001-2009) antes de convertirse en el tercer consejero de Seguridad Nacional del actual presidente en su primera legislatura, según El País. Este neoconservador, considerado halcón en política exterior, ocupó el cargo en la Casa Blanca durante 17 meses, según la misma fuente.

En esa etapa chocó con frecuencia con el presidente sobre cómo proceder en todo un abanico de asuntos geopolíticos, desde Corea del Norte, con cuyo líder, el autócrata Kim Jong-un, Trump quería reunirse —lo hizo tres veces—, a Afganistán e Irak, según El País.

Implicaciones

El caso de Bolton representa uno de los episodios más significativos en la serie de acciones legales emprendidas durante el segundo mandato de Trump contra figuras que han criticado públicamente al presidente. El acuerdo de culpabilidad, que aún debe ser aprobado por un juez, marca un punto de inflexión en un caso que ha estado bajo investigación federal durante casi cuatro años.

La decisión de Bolton de aceptar el acuerdo, según las fuentes consultadas por la BBC, refleja su preocupación por evitar que más información clasificada saliera a la luz durante un juicio prolongado, lo que podría haber comprometido la seguridad nacional. La multa de 2,25 millones de dólares representa una de las sanciones económicas más significativas en casos de manejo indebido de documentos clasificados por parte de exfuncionarios de alto nivel.

El caso también plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la libertad de expresión de exfuncionarios gubernamentales que escriben memorias críticas y las obligaciones de proteger información clasificada, un debate que continuará siendo relevante en el contexto político estadounidense actual.