Excolaborador de Alejandro Char denuncia red de corrupción y se compromete a colaborar con la Fiscalía
Héctor Amaris Rodríguez, conocido como "Oso Yogui", quien trabajó durante más de 14 años junto a Alejandro Char, exalcalde de Barranquilla, ha anunciado que entregará pruebas a la Fiscalía General de la Nación sobre presuntas prácticas corruptas. Las acusaciones incluyen desvíos de recursos públicos, esquemas fraudulentos y lavado de activos que podrían impactar la reputación del político.
Héctor Amaris Rodríguez, también conocido como "Oso Yogui", ha decidido romper su silencio tras más de una década como cercano colaborador de Alejandro Char, uno de los políticos más influyentes de Barranquilla. Amaris, quien actualmente vive en Miami, ha anunciado su disposición para colaborar con la Fiscalía General de la Nación aportando pruebas documentales, testimonios y registros financieros sobre los casos de corrupción en los que señala la participación de Char y su entorno.
Entre las acusaciones destacadas por Amaris se encuentra el desvío de recursos públicos mediante contratos manipulados y aprobaciones irregulares que, según él, afectaron directamente el patrimonio de la ciudad de Barranquilla. Además, mencionó esquemas fraudulentos que beneficiaron de manera desproporcionada a empresas asociadas con el clan Char, como Iarco Limitada. Otro de los puntos graves que abordó es la posible triangulación de recursos de origen ilícito a través de la red empresarial de Súper Tiendas Olímpica, apuntando a un esquema de lavado de activos.
🚨 ¡EXTRA! Mano derecha de Alex Char, conocido como "El Oso Yogui", denunciará el entramado de corrupcion del “Clan Char”, concretamente de Alex Char.
— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) February 11, 2025
💰 Las revelaciones incluyen presuntos casos de corrupción en la Triple A, Supertiendas Olímpica y otros negocios clave.
⚠️ Las… pic.twitter.com/mqPj5Z7eZo
Un tema clave en esta denuncia es su intención de colaborar con las investigaciones que involucran a la excongresista Aída Merlano, cuya captura y posterior fuga causaron gran revuelo en la política colombiana. En este caso, Amaris asegura tener pruebas de financiación irregular de campañas políticas, compra de votos y obstrucción a la justicia, prácticas que podrían estar relacionadas con Char durante su segunda alcaldía (2016-2019).
El contexto detrás de estas revelaciones posiciona a Amaris, quien también estuvo involucrado en investigaciones previas sobre la empresa de acueducto y alcantarillado Triple A, así como en irregularidades relacionadas con un fallido proyecto de megatanque de agua ejecutado en 2016, como un testigo clave en la búsqueda de justicia. Por ello, ha solicitado garantías de protección integral tanto para él como para su familia, considerando el riesgo que implican sus declaraciones.
Las consecuencias de esta información podrían ser significativas, no solo para el futuro político de Alejandro Char, quien se ha mantenido hasta ahora con una imagen pública de integridad, sino también para el clan Char, una de las familias más influyentes del Caribe colombiano. Las denuncias de Amaris podrían abrir nuevas líneas de investigación que afectarían la percepción pública de las administraciones municipales recientes.
Entre los casos reportados, destacan el presunto manejo irregular de contratos en Triple A, licitaciones amañadas en beneficio del círculo empresarial del clan político, la financiación irregular de campañas a través de Merlano y operaciones de lavado de activos mediante importantes cadenas comerciales de la región. Estos elementos perfilan una estructura de corrupción compleja que, según Amaris, se ha mantenido encubierta durante años.
A medida que avanzan las investigaciones y que se recolectan más pruebas, las implicaciones legales y políticas para los involucrados se van concretando. La colaboración de Amaris puede marcar un punto de inflexión en las acciones de la Fiscalía contra la corrupción sistémica en las regiones.
Por ahora, la expectación aumenta, y las autoridades seguirán sumando elementos para establecer si las acusaciones tienen sustento suficiente para abrir procesos formales contra las partes señaladas.
