Juan Orlando Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, fue liberado de la prisión de máxima seguridad de Hazelton en Virginia Occidental en diciembre de 2025 después de que Trump anunciara su indulto completo el 28 de noviembre, apenas dos días antes de las elecciones generales en Honduras, según reportó la BBC.

El indulto presidencial generó protestas inmediatas tanto en Honduras como entre la comunidad hondureña en Estados Unidos. Manifestantes se congregaron frente a la embajada estadounidense en Tegucigalpa portando pancartas que declaraban que el perdón no borra la verdad ni el narcoestado, según medios locales citados por la BBC. Un residente hondureño calificó la decisión como una burla para el país.

La condena y las acusaciones

En marzo de 2024, Hernández fue declarado culpable de conspiración en una red de narcotráfico que introdujo 400 toneladas de cocaína en Estados Unidos, según fiscales estadounidenses. Durante el juicio en Nueva York, los fiscales argumentaron que Hernández había convertido Honduras en un narcoestado, utilizando su influencia y las fuerzas de seguridad nacional para proteger a narcotraficantes que lo sobornaban y apoyaban.

El juez P. Kevin Castel lo describió en la sentencia como un político de dos caras que había abusado de su poder, según la BBC. Entre las acusaciones más graves figuraba un supuesto soborno de un millón de dólares del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, y una frase atribuida a Hernández en la que supuestamente dijo a un traficante hondureño que iban a meter las drogas directamente en las narices de los gringos.

Hernández niega categóricamente estas acusaciones. En declaraciones a la BBC, calificó las alegaciones como falsas y ridículas, argumentando que en el momento del supuesto encuentro con El Chapo, las autoridades conocían la ubicación del capo mexicano y este no se encontraba en Honduras. Si revisas el juicio de El Chapo, ni siquiera menciona a Juan Orlando Hernández, afirmó el expresidente.

El caso de su hermano y las pruebas en su contra

Un elemento central en la condena de Juan Orlando Hernández fue la condena previa de su hermano menor, el congresista hondureño Tony Hernández, sentenciado a cadena perpetua por narcotráfico dos años antes. Tony Hernández fue filmado encubiertamente reuniéndose con uno de los principales narcotraficantes de Honduras, quien posteriormente testificó contra ambos hermanos en la corte.

El traficante alegó haber pagado un soborno de 250.000 dólares a cambio de protección cuando Juan Orlando Hernández era candidato presidencial, según el testimonio judicial citado por la BBC. Cuando se le preguntó qué hacía su hermano en una reunión con el mayor narcotraficante de Centroamérica, el expresidente respondió: Me hago la misma pregunta, fue un grave error.

Otra evidencia presentada incluía supuestos registros contables de un conocido narcotraficante hondureño que mostraban pagos tanto a Juan Orlando como a Tony Hernández. El expresidente descartó estos documentos como parte de un caso construido sobre el testimonio de testigos interesados en venganza, reducciones de sentencia y programas de protección de testigos.

La defensa de Hernández y sus argumentos políticos

Hernández sostiene que su caso es completamente diferente al del líder venezolano Nicolás Maduro, quien fue removido del poder por tropas estadounidenses un mes después del indulto y enfrenta cargos similares de narcotráfico en Estados Unidos. El expresidente hondureño argumenta que una narrativa fue construida alrededor de su pasado criminal por políticos de izquierda en Honduras en conjunto con políticos de izquierda en Venezuela.

Hay una conexión muy fuerte entre ambos, tanto política como supuestamente criminal, afirmó Hernández a la BBC. Sugirió que detalles que podrían surgir durante el próximo juicio de Maduro por narcotráfico en Estados Unidos mostrarán que los políticos que negociaron con narcotraficantes fueron otros, refiriéndose a miembros del partido de izquierda Libre de Honduras.

El expresidente defiende su historial en la lucha contra el narcotráfico, señalando específicamente una ley de extradición aprobada durante su administración, la misma ley bajo la cual fue enviado a Estados Unidos para ser juzgado. Hernández argumenta que fue precisamente esta ley la que enfureció y frustró a los hombres que posteriormente testificaron en su contra.

En sus redes sociales, donde ha lanzado una campaña para limpiar su nombre desde su liberación, Hernández y su familia han retratado al expresidente como víctima de un departamento de justicia estadounidense vengativo bajo la administración de Joe Biden. Trump calificó el caso como una horrible caza de brujas en declaraciones a periodistas en el momento del indulto, según la BBC.

La posición de las autoridades estadounidenses

Funcionarios del Departamento de Justicia, el Departamento de Estado y la Administración para el Control de Drogas (DEA) que trabajaron en el caso Hernández insistieron a la BBC que su investigación se llevó a cabo con la debida diligencia y sin influencia política externa. Señalaron que el trabajo del caso comenzó durante la primera administración Trump y no fue una persecución exclusiva de la era Biden.

Ana María Méndez Dardón, directora para Centroamérica de la Oficina de Washington sobre América Latina, organización de investigación, declaró a la BBC que los investigadores pasaron años construyendo el caso contra Hernández. La condena tenía pruebas sólidas que respaldaban encontrar a Juan Orlando Hernández culpable como narcotraficante, dijo. Hubo muchos testigos que expusieron vínculos con otras organizaciones de narcotráfico transnacionales, incluyendo a El Chapo Guzmán. Fue enorme. Y va más allá de Juan Orlando Hernández como expresidente y exconvicto por narcotráfico.

El indulto de Trump otorgó a Hernández perdón legal incondicional por sus crímenes, y su apelación contra la condena fue posteriormente desestimada por el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos como irrelevante a la luz del perdón presidencial, según la BBC.

Contexto geopolítico y la Doctrina Donroe

El interés de Trump en Honduras y en quién la gobierna puede explicarse por las consideraciones más amplias de su administración en el hemisferio occidental, específicamente la autodenominada Doctrina Donroe, bajo la cual Washington ve las Américas como su esfera de influencia, según la BBC.

En su publicación en Truth Social anunciando el indulto, Trump también amenazó con retener financiamiento a Honduras a menos que su candidato presidencial favorito, Nasry Asfura del partido conservador de Hernández, ganara las elecciones. Tras una carrera reñida y un conteo retrasado, Asfura resultó victorioso.

La administración Trump ha caracterizado el indulto como una cuestión de deshacer lo que considera uno de los muchos errores de la presidencia de Joe Biden, según la BBC. Sin embargo, el indulto de Hernández, a quien los fiscales describieron como alguien que se asoció con algunos de los narcotraficantes más prolíficos del mundo para construir un imperio corrupto y brutalmente violento basado en el tráfico ilegal de toneladas de cocaína a Estados Unidos, parece contradecir la guerra contra las drogas de Trump.

Situación actual y perspectivas de retorno

Cinco meses después de salir de prisión, Hernández aún no ha visto a su familia en persona. Todavía enfrenta cargos pendientes por corrupción y malversación de fondos estatales en Honduras, y su esposa, Ana García Carías, tiene restricciones de visa impuestas tras el arresto de su marido, según la BBC.

Nunca recuperaré esos cuatro años que perdí. Incluso hoy, todavía no los he visto, declaró Hernández a la BBC cuando se le preguntó sobre su familia. Su primer objetivo es regresar a casa, pero no a la política, enfatizó: No estoy interesado en volver a la política. Mi interés está en mi familia.

Con sus antiguos colegas del Partido Nacional de vuelta en el poder en Honduras, Hernández se muestra cada vez más esperanzado sobre un retorno a su país natal. Sin embargo, si regresa, podría enfrentar su mayor desafío en el tribunal de la opinión pública, intentando convencer a ciudadanos comunes, muchos de ellos cansados de ver a élites políticas que describen como corruptas evadir la prisión, de su versión de los acontecimientos.