Las imágenes del líder miskito Brooklyn Rivera postrado en una cama del Hospital Fernando Vélez Paiz de Managua, en estado cadavérico y asistido por ventilación mecánica a través de una traqueotomía adherida con gasas y esparadrapo, provocaron alarma inmediata entre los familiares de otros desaparecidos por el régimen nicaragüense.

Thelma Brenes, ingeniera exiliada cuyo padre, el coronel en retiro Carlos Brenes, está desaparecido desde el 14 de agosto de 2025, expresó su pánico al ver las fotografías. "Mi papá es diabético, sufre hipertensión y neuropatía. Desde su detención no sabemos nada de él", dijo Brenes, según reportó El País. "En abril hubo rumores de que mi papá murió o que sufrió complicaciones de salud... y no lo pudimos confirmar. Eso nos pone en angustia", añadió durante una conferencia virtual organizada el jueves por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la Asociación Memoria y Justicia y Amnistía Internacional.

El régimen de Ortega y Murillo difundió el comunicado y las fotografías de Rivera tras mantenerlo en paradero desconocido desde su detención el 29 de septiembre de 2023, según informó Infobae. Los copresidentes lo hicieron bajo la presión de la familia del líder miskito y de la comunidad internacional, especialmente de Estados Unidos, presentándolas como prueba de que estaba vivo. Sin embargo, el efecto fue el opuesto, particularmente entre los familiares de los presos políticos de quienes no se sabe ni dónde ni cómo están.

Según el documento oficial firmado por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud de Nicaragua, Rivera ingresó al Sistema Penitenciario Nacional el mismo día de su detención y estuvo en el Hospital Roberto Huembes de la Policía Nacional entre el 30 de septiembre y el 31 de octubre de 2023, para ser luego trasladado a las instalaciones penitenciarias de Tipitapa, según Infobae. El 7 de marzo de 2026 fue llevado nuevamente a un hospital, el Fernando Vélez Paiz, ante un "obvio deterioro en sus condiciones respiratorias".

Allí fue diagnosticado con neumonía bacteriana causada por Klebsiella pneumoniae, aspergilosis pulmonar de origen fúngico, derrame pleural bilateral y, posteriormente, una infección por Stenotrophomonas maltophilia, una bacteria resistente a los antibióticos convencionales, según el informe oficial citado por Infobae. Ante el deterioro respiratorio, los médicos le practicaron una traqueotomía y lo colocaron en ventilación mecánica invasiva. Una tomografía abdominal realizada el 15 de mayo de 2026 determinó la presencia de líquido libre intraabdominal y una laparoscopía diagnosticó cirrosis hepática con lesiones macronodulares. El informe concluye que su condición actual es "delicada", con falla de múltiples órganos, hígado cirrótico e infección pulmonar activa causada por bacterias resistentes.

Al 31 de marzo de 2026, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas contabilizaba 47 personas encerradas por razones políticas en Nicaragua, de las que al menos ocho están bajo desaparición forzada por ocultamiento de paradero, según El País. Los organismos advierten que existe un subregistro debido al terror de otras familias de denunciar.

En la conferencia virtual participaron tres mujeres familiares de presos políticos desaparecidos. "Es de las peores situaciones que alguien puede vivir en su vida... no saber nada de tu ser querido. Solo saber que son personas mayores y que pueden morir en la cárcel. Hay precedentes de eso y no me lo estoy inventando. Hay suficientes pruebas y eso es un castigo y una tortura", afirmó Thelma Brenes, según El País.

Brenes también habló en nombre de Salvadora Martínez, pareja de su padre. "Tampoco sabemos nada de ella. Una semana después de que fue arrestada tenía programada una operación de su vesícula", contó.

Dina Carolina Fagoth, hija de Steadman Fagoth, dirigente miskito secuestrado en septiembre de 2024, sostuvo que su padre fue "desaparecido" después de que denunció que "funcionarios del Gobierno podrían estar implicados en ventas ilícitas de tierras ancestrales", según El País. "Que lo entreguen vivo y sano. No sabemos dónde está, cómo está en lo absoluto", exigió.

Eugenia Valle lleva semanas reclamando una prueba de vida de su esposo, el coronel en retiro Víctor Boitano Coleman, quien además posee nacionalidad italiana. "La incertidumbre aumenta nuestro sufrimiento y temor por su integridad y su vida. La desaparición forzada no solo castiga a la persona detenida, sino también a toda su familia, que permanece en angustia permanente ante la falta de información", describió Valle, según El País.

Claudia Pineda, directora de la Asociación Memoria y Justicia, señaló responsabilidades directas. "El deterioro extremo de la salud de Brooklyn Rivera es responsabilidad del Estado", sentenció, advirtiendo que cuando estas prácticas se aplican de forma sistemática contra opositores y líderes comunitarios, "se configuran crímenes de lesa humanidad", según El País.

Las tres mujeres se encuentran en el exilio, la única vía que tienen para poder reclamar por sus familiares sin ser encarceladas también, según El País. Brenes insistió en que no la satisface una prueba de vida como "las que fabrica" el régimen de Ortega y Murillo, sino que exige una verificación independiente del estado de su padre, de su madrastra y del resto de presos políticos bajo desaparición forzada.

"No nos vamos a conformar con migajas del régimen y falsas pruebas de vida, como lo hicieron con Angélica Chavarría", sostuvo Brenes, en referencia a la expareja del general en retiro Humberto Ortega Saavedra, hermano del copresidente, quien murió bajo cautiverio estatal en septiembre de 2024, según El País. Chavarría fue arrestada en mayo de ese año, cuando Murillo ordenó un operativo contra su cuñado. Desde entonces la mantuvieron desaparecida, sin conocer los cargos que le imputaban. Fue hasta la semana pasada que la mostraron, peinada y maquillada, leyendo unas palabras en las que afirma que no ha sufrido vejámenes.

"No creemos en nada de eso, como lo de Angélica. A ella la hicieron leer un texto redactado por la dictadura... o ahora esas fotos de Brooklyn en una cama de hospital y un comunicado fingiendo atención médica, cuando eso es prueba de crueldad", sostuvo Brenes, según El País.

Brooklyn Rivera Bryan nació el 24 de septiembre de 1952 en Lidaukra y es uno de los líderes indígenas más relevantes de la historia contemporánea de Nicaragua, según Infobae. Durante más de cinco décadas dedicó su vida al reconocimiento y la defensa de los derechos históricos y ancestrales de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Su nombre en las comunidades miskitas es Taupla Brooklyn, que significa "líder principal".

A principios de los años 80 lideró guerrillas indígenas que combatían al gobierno sandinista de la época. El 21 de enero de 1986, Rivera sobrevivió a un ataque armado en la comunidad de Layasiksa por parte de las fuerzas sandinistas, en donde resultaron tres guerrilleros indígenas fallecidos y cinco lesionados, según Infobae. Con el triunfo electoral de Violeta Barrios en 1990 fue nombrado ministro director del Instituto Nicaragüense para el Desarrollo de las Regiones Autónomas.

En 2005, Yatama, el partido que dirige, obtuvo una sentencia histórica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante la cual se reconoció la violación del derecho a la participación política de los pueblos indígenas tras su exclusión de las elecciones municipales de 2000, según Infobae. En 2021 fue electo nuevamente para el período legislativo 2022-2026.

Rivera era diputado en funciones cuando fue detenido. La cadena de eventos que condujo a su arresto comenzó cuando participó en el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, celebrado en Nueva York entre el 18 y el 28 de abril de 2023, según Infobae. Durante su intervención, denunció la invasión de colonos en territorios indígenas en Nicaragua y la falta de respuesta de las autoridades para proteger los derechos de sus dueños legítimos.

Al intentar regresar al país, el régimen le cerró las fronteras, pese a ser un diputado en ejercicio. Rivera decidió ingresar furtivamente en mayo de ese año por la Mosquitia, zona indígena fronteriza con Honduras, según Infobae. Desde entonces vivió moviéndose entre distintas casas para evadir una posible captura, hasta que el 29 de septiembre de 2023, alrededor de las 8:30 de la mañana, agentes policiales irrumpieron en su vivienda en Bilwi y lo detuvieron.

Según uno de sus hijos, que pidió no ser identificado, Rivera había acudido días antes a un médico privado porque su salud se había deteriorado y no podía asistir a hospitales públicos. "Por ahí se dio cuenta la Policía dónde se encontraba y lo capturaron", relató, según Infobae.

Las consecuencias para su entorno inmediato fueron severas. El régimen detuvo también a su suplente parlamentaria, Nancy Elizabeth Henríquez James, liberada en marzo de este año, según Infobae. Tanto a Rivera como a Henríquez, el régimen los despojó de sus condiciones de diputados por "inasistencia", les confiscó sus propiedades e ilegalizó al partido Yatama bajo acusaciones de "traición a la patria". La hija de Rivera, Tininiska Rivera, tuvo que salir al exilio después de ser acusada de ciberdelitos por haber dado una entrevista exigiendo la liberación de su padre, según Infobae.

El comunicado del régimen señala que el hijo de Rivera, Wailandin Rivera Solórzano, realizaba visitas quincenales en la cárcel, una afirmación que contradice directamente los testimonios de la familia que durante casi tres años sostuvieron públicamente que ningún familiar había tenido acceso a él, según Infobae. El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas denunció en marzo de 2026 que desde su detención sus familiares "no han vuelto a saber de él. No han podido verlo ni obtener información sobre su paradero".

Las exigencias de prueba de vida para Rivera se habían multiplicado en los meses previos a este comunicado. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, formalizó su reclamo en marzo de 2026 mediante una carta dirigida a Daniel Ortega y Rosario Murillo, firmada por Jan-Michael Simon, Ariela Peralta y Reed Brody, en la que solicitaron información oficial que permita determinar la suerte y el paradero del dirigente indígena, según Infobae.

El 1 de mayo de 2026, expertos de Naciones Unidas pidieron a las autoridades nicaragüenses aportar "de manera inmediata" una prueba de vida, advirtiendo que, si Rivera hubiera fallecido, el gobierno debía informar las circunstancias y causas de la muerte, según Infobae.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos acusó en marzo a la "dictadura de Murillo-Ortega" de tener personas "encarceladas únicamente por disentir del régimen", en condiciones "inhumanas" y sin atención médica, según Infobae.

Amnistía Internacional, que había declarado a Rivera preso de conciencia, señaló que "mantener detenido a Brooklyn Rivera sin información sobre su paradero y estado de salud, y sin acceso a familiares ni abogados engrosa las ya gravísimas violaciones de derechos humanos que está padeciendo", según declaró Astrid Valencia, Directora Adjunta de Investigación para las Américas de la organización, citada por Infobae.

Rivera contaba además con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, otorgadas tras su detención al considerar que se encontraba "en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua", según Infobae. En abril de 2026, la CIDH había extendido medidas cautelares también a otros cuatro opositores desaparecidos en Nicaragua.

Desde 2019, al menos seis presos políticos han muerto en prisión, arresto domiciliario o bajo custodia del Estado, según El País. La dictadura nicaragüense ha recurrido en al menos cuatro ocasiones, desde 2022, a presentar pruebas de vida de presos políticos desaparecidos como respuesta a la presión nacional e internacional, según Infobae.

En marzo de 2023, cuando la presión internacional alcanzó su punto máximo, el régimen exhibió al obispo Rolando José Álvarez Lagos, condenado a más de 26 años de prisión, en lo que fue una respuesta directa a la exigencia de organismos de derechos humanos que reclamaban ver con vida al religioso, según Infobae.

Activistas señalaron que Chavarría, de 39 años, fue la única de los presos desaparecidos que pudo ser expuesta públicamente porque era la más joven y podía ser "maquillada", en contraste con los demás, que son adultos mayores, según Infobae. La aparición pública de Chavarría no disminuyó la preocupación de las organizaciones de derechos humanos sobre las desapariciones forzadas en Nicaragua. Por el contrario, activistas consideraron que el caso confirmó que otras nueve personas continuaban desaparecidas bajo custodia estatal.

La exigencia de Brenes, como la del resto de las familias, es una sola: "¡Libertad total para todos los presos políticos!", según El País. O, al menos, saber dónde y cómo están.