Una comisión independiente de investigación comenzará en julio audiencias públicas sobre las miles de ejecuciones extrajudiciales cometidas durante el mandato del expresidente filipino Rodrigo Duterte, quien gobernó de 2016 a 2022, según anunciaron activistas respaldados por la Iglesia Católica de Filipinas el miércoles.

La Comisión de la Verdad sobre Ejecuciones Extrajudiciales, compuesta por cinco miembros, fue lanzada pocas horas antes de que la Corte Penal Internacional con sede en La Haya anunciara que el juicio contra Duterte, de 81 años, por crímenes contra la humanidad comenzará el 30 de noviembre de 2026, según informó Deutsche Welle.

Duterte lanzó una campaña masiva antidrogas durante sus seis años en el poder debido a lo que describió como la amenaza de que Filipinas se convirtiera en un narcoestado. La guerra antidrogas dejó hasta 30.000 personas muertas, según grupos de derechos humanos, lo que llevó a que Duterte fuera posteriormente acusado de crímenes contra la humanidad por la Corte Penal Internacional.

Raul Pangalangan, profesor de derecho que trabajó previamente como juez para la Corte Penal Internacional y quien presidirá la comisión, dijo que el organismo "fue creado para asegurar que las historias de las víctimas, sobrevivientes y familias sean escuchadas, verificadas y preservadas", según declaraciones recogidas por Deutsche Welle.

Pangalangan afirmó que la sangrienta represión bajo Duterte "sucedió porque todos miraron hacia otro lado". "Es casi una conspiración de silencio", dijo el académico.

La comisión presentará recomendaciones a la Oficina del Presidente, el Congreso y la Comisión Nacional de Policía basándose en sus hallazgos, según informó Deutsche Welle.

El cardenal Pablo Virgilio David, obispo que formará parte de la comisión como asesor, calificó la investigación como "largamente esperada". "Esta es una oportunidad para una catarsis... para que podamos recuperar nuestra dignidad como país", dijo David, según las fuentes. "En última instancia, lo que aspiramos es la sanación, no solo para las víctimas sino también para nuestras instituciones".

David señaló que muchos de los oficiales de policía que mataron a víctimas en la represión habían afirmado que las víctimas "se resistieron". La comisión es un intento de descubrir la verdad "que fue enterrada junto con las personas que supuestamente se resistieron", según declaró el cardenal.

El grupo tiene como objetivo investigar a muchos de los miles de policías que participaron en la sangrienta represión y que aún no han sido llevados ante la justicia, según informó Deutsche Welle.

Actualmente, Filipinas está intentando localizar al aliado de Duterte, el exjefe de policía Ronald dela Rosa, quien fue responsable de hacer cumplir la represión antinarcóticos. Dela Rosa se encuentra escondido después de huir de un enfrentamiento en el edificio del Senado de Filipinas, según las fuentes.

Duterte fue arrestado en Filipinas el año pasado y posteriormente trasladado a La Haya para enfrentar juicio, según informó Deutsche Welle. Enfrentará cargos por la campaña antidrogas durante su tiempo como presidente, pero también por represiones previas realizadas mientras se desempeñó como alcalde en la ciudad sureña filipina de Davao.

El expresidente ha rechazado los cargos en su contra y ha dicho que la policía solo disparó a personas durante la represión por motivos de legítima defensa, según las fuentes.

Duterte está detenido en el centro de detención de La Haya. Su equipo de defensa ha argumentado que Duterte no está mentalmente apto para seguir los procedimientos del juicio, según informó Deutsche Welle.

La campaña antidrogas de Duterte se caracterizó por operaciones policiales que resultaron en miles de muertes en circunstancias cuestionadas. Los grupos de derechos humanos han documentado casos en los que las víctimas fueron ejecutadas sumariamente, aunque las autoridades policiales sostuvieron sistemáticamente que las muertes ocurrieron cuando los sospechosos se resistieron al arresto.

La creación de la Comisión de la Verdad representa un esfuerzo de la sociedad civil filipina y la Iglesia Católica para documentar y preservar el testimonio de las víctimas y sus familias, en un contexto donde miles de casos permanecen sin investigar y sin que se haya establecido responsabilidad penal para los perpetradores.

El juicio en la Corte Penal Internacional marca un hito significativo, ya que Duterte se convierte en uno de los pocos exmandatarios en activo enfrentando cargos por crímenes contra la humanidad ante el tribunal internacional. El caso abarca no solo su período presidencial sino también su gestión como alcalde de Davao, donde implementó políticas similares de mano dura contra el crimen.

La coincidencia temporal entre el lanzamiento de la comisión independiente y el anuncio de la fecha del juicio internacional subraya la presión creciente para establecer responsabilidades por las muertes ocurridas durante la guerra antidrogas, tanto a nivel nacional como internacional. Las audiencias públicas programadas para julio buscarán proporcionar una plataforma para que las víctimas y sus familias presenten sus testimonios y evidencias sobre los hechos ocurridos durante la campaña de Duterte.