La fiscal del Condado de Hennepin, Mary Moriarty, anunció el lunes que el agente federal Christian Castro enfrentará cuatro cargos de asalto en segundo grado y un cargo de presentar un reporte falso de un crimen tras disparar presuntamente al inmigrante venezolano Julio Sosa-Celis a través de una puerta durante una redada de inmigración en el norte de Minneapolis en enero, según reportó Democracy Now.

"Los cuatro cargos de asalto son resultado de que el señor Castro disparó a través de la puerta principal de una residencia con la intención de causar miedo de daño corporal inmediato o muerte a los cuatro adultos que estaban justo dentro de la puerta. Estos cargos han activado una orden de arresto a nivel nacional para su captura", dijo Moriarty durante la conferencia de prensa.

Sosa-Celis sufrió una herida en la pierna cuando Castro presuntamente le disparó a través de la puerta, según la fuente. La administración Trump inicialmente afirmó que Castro disparó en defensa propia después de acusar a Sosa-Celis y otro hombre de golpear a un oficial con el mango de una escoba y una pala para nieve. Sin embargo, un juez federal posteriormente desestimó esos cargos después de que evidencia en video contradijera claramente la versión oficial, según Democracy Now.

La evidencia crucial provino de grabaciones realizadas por vecinos que presenciaron el incidente. Según Emilia González Avalos, directora ejecutiva de Unidos Minnesota, una organización de justicia social con sede en Minnesota, "un vecino grabó que en realidad nadie usó una pala, que no hubo uso de fuerza por parte del inmigrante venezolano, que de hecho hubo un agente que disparó a través de la puerta cuando había un bebé dentro de la casa, varios niños dentro de la casa tratando de averiguar cómo responder y preguntar si había una orden, si había una orden judicial, cómo responder a las autoridades".

González Avalos explicó que "todo eso fue grabado por vecinos. Eran personas tratando de ser testigos. Eran testigos presenciales en el terreno tratando de sacar estos casos a la luz. Y fueron las personas las que equiparon al fiscal del condado para mover la institución a encarnar la ley constitucional".

Los cargos contra Castro se producen mientras los fiscales del Condado de Hennepin continúan investigando las muertes de Renee Good y Alex Pretti por parte de agentes federales durante la campaña violenta de aplicación de inmigración de la administración Trump conocida como Operación Metro Surge, según Democracy Now. Las autoridades federales se han negado a cooperar con la investigación sobre el caso de Castro, así como con las investigaciones separadas sobre las muertes de Good y Pretti.

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, también se dirigió a los reporteros el lunes, señalando precedentes legales para la acción estatal. "Hay una larga línea de casos donde las autoridades estatales han tenido que responsabilizar a los agentes federales por violar la ley estatal. Creo que el primero se llama In re Neagle, y fluyen desde ahí. Y entonces, como se dijo anteriormente, no existe tal cosa como inmunidad absoluta", dijo Ellison según la fuente.

González Avalos describió los cargos como una victoria para la sociedad civil y el estado de derecho. "Es realmente importante demostrar que hay oportunidades para continuar encarnando una democracia funcional cuando los crímenes de las personas están encontrando consecuencias", dijo. "Eso es lo que la democracia parece. Parece separación de poderes y obtener consecuencias materiales por el mal comportamiento".

La directora de Unidos Minnesota también denunció que desde el principio, las autoridades federales "desplegaron narrativas falsas, llamando tanto a Renee Good como a Alex Pretti criminales, incendiarios, tratando de polarizar sus identidades para la narrativa pública que podría beneficiar al gobierno federal". Good era madre y Pretti era enfermero del Departamento de Asuntos de Veteranos que presenciaron operativos de inmigración.

Según González Avalos, las autoridades federales también intentaron "ocultar el exceso y la violencia, el vitriolo con el que los agentes federales se estaban comportando en el terreno, la cantidad de erosión de los derechos constitucionales de las personas, las violaciones de los derechos constitucionales de las personas también durante la detención y a través de la detención y en el transporte de inmigrantes a estados del sur para procesamiento".

La activista enfatizó que "Minnesota fue un lugar donde la sociedad civil estaba preparada para grabar y ser testigo, y trajeron todas estas actividades y grabaciones a la luz, las compartieron en las redes sociales, las compartieron con reporteros, las compartieron con los medios principales. Y entonces teníamos la evidencia. Las personas, personas regulares, tenían la evidencia de que la narrativa que el gobierno federal estaba poniendo ahí afuera no solo era falsa, sino también bastante opuesta" a la realidad.

Los cargos contra Castro representan un caso significativo de autoridades estatales ejerciendo jurisdicción sobre agentes federales acusados de violar leyes estatales durante operaciones de inmigración. La negativa de las autoridades federales a cooperar con las investigaciones estatales plantea cuestiones sobre la rendición de cuentas y la separación de poderes en el sistema legal estadounidense.

La Operación Metro Surge y la Operación PARRIS, mencionadas por González Avalos, fueron campañas de aplicación de inmigración caracterizadas por tácticas agresivas que generaron controversia y múltiples denuncias de violaciones de derechos constitucionales, según el testimonio de la activista.

La orden de arresto nacional contra Castro ahora activa significa que puede ser detenido en cualquier parte de Estados Unidos para enfrentar los cargos en Minnesota. Los cuatro cargos de asalto en segundo grado se basan en que Castro presuntamente disparó con la intención de causar miedo de daño corporal inmediato o muerte a cuatro adultos que estaban dentro de la residencia, además de Sosa-Celis quien resultó herido.

El caso subraya el papel crítico que los testigos civiles y la documentación en video han desempeñado en desafiar las narrativas oficiales y proporcionar evidencia para procesos judiciales. La capacidad de los residentes de Minnesota para grabar y preservar evidencia resultó fundamental para que los fiscales estatales pudieran presentar cargos basados en hechos verificables en lugar de depender únicamente de los reportes de los agentes federales involucrados.

González Avalos recibió el Premio Puffin por Ciudadanía Creativa en nombre de Unidos Minnesota, una organización de base que construye poder con las familias trabajadoras de Minnesota para avanzar la justicia social, racial y económica, según Democracy Now. El reconocimiento llega en un momento en que la organización ha estado activamente involucrada en documentar y responder a las operaciones federales de inmigración en el estado.

Las investigaciones en curso sobre las muertes de Renee Good y Alex Pretti continúan enfrentando obstáculos debido a la falta de cooperación federal, lo que plantea interrogantes sobre si otros agentes federales enfrentarán cargos estatales por sus acciones durante los operativos de inmigración en Minnesota. La disposición de los fiscales estatales a proceder a pesar de la resistencia federal establece un precedente para la rendición de cuentas en casos futuros que involucren presuntas violaciones de la ley estatal por parte de agentes federales.