El ministro de Finanzas israelí Bezalel Smotrich anunció este martes que la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional ha solicitado a los jueces una orden de arresto contra él, calificando la medida como una "declaración de guerra" y ordenando de inmediato la demolición y desalojo de la localidad palestina de Jan el Ajmar en Cisjordania ocupada, según informó El País.

Smotrich, un ultranacionalista de extrema derecha que reside en una colonia de Cisjordania, declaró en conferencia de prensa que fue informado el lunes por la noche sobre la petición de orden de arresto, aunque no especificó quién le proporcionó la información dado que el proceso es confidencial, según Reuters. El ministro no reveló los supuestos motivos de la Fiscalía del TPI, tribunal que Israel no reconoce pero del que Palestina forma parte desde 2015.

La solicitud de arresto también afectaría al ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir, según adelantó el domingo el diario Haaretz. Este medio cita además a Orit Strock, ministra ultrarreligiosa encargada de los asentamientos de colonos, y a dos funcionarios del ejército israelí. En estos casos no ha habido reacciones públicas de los afectados hasta el momento.

Según fuentes del tribunal citadas por Haaretz, los fiscales centran el caso en el papel de los colonos violentos y en la política estatal de apartheid contra los palestinos, más que en los ataques israelíes sobre Gaza. Las peticiones están relacionadas probablemente con la violencia ejercida por los colonos en Cisjordania ocupada y la defensa por parte del Ejecutivo israelí como crimen de guerra, así como por ejercer el apartheid como crimen contra la humanidad.

De ser aprobada por los jueces, sería la primera orden internacional emitida por el crimen de apartheid en la historia del TPI, según AP News citado por Crónica del Henares.

Smotrich se mostró orgulloso durante su comparecencia de sus planes de instalar 100 nuevas colonias y 160 explotaciones agrícolas ilegales en territorio palestino. Ese movimiento que él lidera junto a otros para instalar a judíos en la zona ocupada es considerado un crimen de guerra por la legalidad internacional, según El País.

"La Autoridad Palestina ha iniciado una guerra, y tendrá una guerra", señaló el ministro durante la comparecencia en la que quedó reflejado el malestar del Gobierno, según Reuters. Para Smotrich se trata de un tribunal "antisemita", término con el que suelen defenderse las autoridades del Estado judío.

"Como Estado soberano e independiente, no aceptaremos dictados hipócritas de organismos sesgados que sistemáticamente se oponen al Estado de Israel, a nuestros derechos bíblicos, históricos y legales en nuestra patria, y a nuestro derecho y deber de autodefensa y seguridad", agregó el ministro según El País.

Estas peticiones de órdenes de arresto, a diferencia de las que fueron dictadas en 2024 contra otros mandatarios israelíes, no llegan por la guerra en Gaza, donde fuerzas israelíes han matado a más de 72.000 palestinos desde el ataque liderado por Hamás en octubre de 2023, según El País.

La oficina del fiscal del TPI ha declinado hacer comentarios, alegando la confidencialidad del proceso. Esos mandatos pueden mantenerse ocultos para evitar que el sospechoso tenga conocimiento y dificulte su detención, para proteger las investigaciones y que no se destruyan pruebas, o para minimizar el riesgo de represalias contra testigos, víctimas y sus familias, según El País.

La petición de órdenes de arresto elevadas a los jueces por la Fiscalía del TPI son secretas desde un cambio en las normas que ya ha entrado en vigor. Una vez recibida, la Sala de Cuestiones Preliminares puede decidir si las acepta, y luego las hace públicas o las mantiene bajo sello.

Antes de esa modificación, la Fiscalía anunció en 2024 por sí misma la petición de arresto del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y de su exministro de Defensa Yoav Gallant, antes de que los jueces la publicaran oficialmente, según El País.

Aunque el TPI carece de policía para llevar a cabo los arrestos, la publicación de estas órdenes es un aviso para sus 125 Estados miembros, que están obligados a ejecutarla.

La portavoz de la CPI, Oriane Maillet, declaró en una nota a la prensa que "niega la emisión de nuevas órdenes de arresto en relación con la situación en el Estado de Palestina", aunque según The Times of Israel citado por Huffington Post, "en su declaración, no negó que estuvieran solicitando nuevas órdenes".

Eliav Lieblich, profesor de derecho internacional público en la Universidad de Tel Aviv, afirmó al Haaretz según Huffington Post que la Constitución de la CPI no exige que el tribunal notifique a los sospechosos sobre la orden de arresto. "La razón para publicar las órdenes de arresto es la disuasión. La razón para mantener el secreto aumenta la probabilidad de que la persona llegue al lugar donde será arrestada", añadió el especialista.

Smotrich, como líder del partido Sionismo Religioso, es integrante de la coalición del Gobierno más ultraderechista de la historia de Israel, que lidera el primer ministro Benjamín Netanyahu. Es conocido por sus postulados radicales: entre otras cosas, ha negado en público la existencia del pueblo palestino, según El País.

Ben Gvir, también colono residente en un asentamiento ilegal y defensor de la pena de muerte para los palestinos, tiene una polémica carrera. Defiende como uno de sus héroes a Baruj Goldstein, el colono que en 1994 asesinó a tiros a 29 palestinos al abrir fuego contra la multitud en una mezquita de Hebrón, según El País.

Como el propio Ben Gvir reconoce, ha sido imputado medio centenar de veces por delitos como incitación al racismo o apoyo a organización terrorista, y condenado ocho veces, lo que no le impidió convertirse en abogado y líder del partido ultra Poder Judío, según El País.

El diario The Wall Street Journal informó en mayo de 2025 que el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, planeaba emitir órdenes de arresto contra Smotrich y Ben Gvir ya entonces, según Huffington Post. Khan investigaba el papel de los dos ultranacionalistas en la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania y si esto violaba los Convenios de Ginebra, que prohíben a los países trasladar a su población a los territorios que han ocupado.

Desde entonces, Khan fue suspendido temporalmente de su cargo tras una denuncia por agresión sexual contra una empleada de la corte, aunque el diario digital Middle East Eye desveló en marzo que ha sido absuelto, según Huffington Post.

Desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, ocho países han prohibido la entrada a Ben Gvir y Smotrich a sus territorios: Eslovenia, Australia, Canadá, Países Bajos, Noruega, Bélgica, España y Nueva Zelanda, según Huffington Post. Además, en julio de 2025, el gobierno neerlandés incluyó a los ministros en una lista negra y les prohibió la entrada a los 29 países europeos signatarios del Acuerdo de Schengen.

Ya en 2024, la Fiscalía del TPI solicitó permiso a los jueces para emitir órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant, así como contra parte de la cúpula de Hamás. El fiscal jefe Karim Khan presentó "motivos razonables para creer" que eran "penalmente responsables" de crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados en Gaza, según El País.

En noviembre de 2024, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI emitió una orden de arresto contra Netanyahu y Gallant por cargos que incluirían crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos durante la conflagración entre Israel y Hamás iniciada el 7 de octubre de 2023, según Huffington Post. El tribunal determinó que eran responsables de hambruna masiva, asesinatos, persecución y de dirigir intencionadamente ataques contra la población civil.

Israel rechaza la jurisdicción de la CPI para arrestar o enjuiciar a sus líderes, ya que nunca se adhirió a los convenios internacionales que la crearon, y argumenta que la pertenencia de la Autoridad Nacional Palestina tampoco otorga jurisdicción a la CPI, debido a disposiciones explícitas de los Acuerdos de Oslo, según Huffington Post.

Casi simultáneamente al anuncio de La Haya, Smotrich ordenó el desalojo de la localidad palestina de Jan el Ajmar, en Cisjordania ocupada y próxima a Jerusalén, según el documento oficial al que tuvo acceso El País. En él se recuerdan los mandatos de "demolición emitidos desde 2009 contra las estructuras ilegales" para que se puedan cumplir los planes de las autoridades israelíes de expansión de sus asentamientos en Cisjordania.

El espacio que ocupa Jan el Ajmar, de población beduina, lleva años siendo codiciado por el Gobierno israelí. Su idea desde hace tres décadas es levantar un polémico asentamiento conocido como E1, levantado de forma estratégica para aislar Cisjordania de Jerusalén, según El País.

"El ministro Smotrich busca vengarse de La Haya y de la comunidad internacional a costa de una de las comunidades más vulnerables, que durante años ha luchado simplemente por el derecho a vivir en la pequeña porción de tierra que posee", denunció en un comunicado la ONG israelí Peace Now según El País. La organización sostiene que el objetivo del ejecutivo de Netanyahu es "eliminar a todas las comunidades palestinas de la región" para lograr "un plan cínico y destructivo que podría devastar las perspectivas de una paz futura y de una resolución del conflicto".

La creación de nuevos asentamientos, la destrucción de localidades palestinas y los ataques de colonos violentos sobre palestinos no solo están a la orden del día, sino que forman parte de la sistemática política de ocupación liderada por Netanyahu, según El País.

Este desarrollo se produce en un contexto regional complejo. Según Crónica del Henares, la ONU alertó este martes que se han registrado más de 2.400 violaciones del alto el fuego en Gaza desde octubre de 2025, con acceso humanitario por debajo del 40 por ciento de lo acordado, mientras arranca la fase 2 del plan de paz impulsado por Estados Unidos.