El presidente francés Emmanuel Macron calificó el caso como evidencia de "graves disfuncionalidades" en el sistema de protección de menores, según declaró desde Montenegro, donde se encuentra de viaje oficial. "No podemos mirar a esa familia a la cara y decirles que todo ha funcionado bien. Tenemos que aclarar cuáles son las responsabilidades colectivas sistémicas y, eventualmente, si las hay individuales. No quiero escuchar ningún argumento en este asunto sobre la escasez de medios", dijo Macron, según reportó El País.

Por primera vez en mucho tiempo, toda la clase política francesa ha alcanzado una unanimidad poco habitual en reconocer que el sistema tiene fallos graves que deben corregirse de inmediato.

Los hechos del caso

A Lyhanna se le perdió la pista en la tarde del pasado viernes en Fleurance, localidad a unos 60 kilómetros de la ciudad de Toulouse, según la información disponible. La última vez que se la vio fue al salir de clase, subiéndose al coche de Jérôme B., de 41 años y padre de dos niños del mismo colegio, según la investigación.

El hombre fue detenido un día después y dio versiones contradictorias sobre lo ocurrido, según las autoridades. Primero negó haberla subido al coche y después dijo que la había dejado en la piscina municipal, que ese día estaba cerrada, según la Fiscalía de Agen, que se encarga de la investigación.

El cuerpo de la niña fue hallado el jueves en una granja abandonada cerca del lugar, según informaron las autoridades. La Fiscalía de Agen informó este viernes que la autopsia no ha permitido aún identificar las causas de la muerte de la niña y solo ha confirmado que se trata de ella.

Un historial de denuncias ignoradas

El detenido tenía varias denuncias previas que nunca fueron investigadas adecuadamente, según la información disponible. La primera fue en 2017, cuando una madre lo denunció por mantener relaciones con su hija de 17 años, cuando él tenía 30. Como la adolescente dijo que la relación era consentida, la denuncia se archivó, según los registros judiciales.

En 2021, el implicado, que trabajaba en un instituto, fue despedido por conducta inapropiada tras la denuncia de una alumna, según la información disponible. Al año siguiente se presentó otra denuncia por violación a una menor en 2020, cuando ella tenía siete años. La causa se archivó por "falta de pruebas", según las autoridades judiciales.

En agosto de 2025, otra madre denunció que su hija de 12 años había sido violada en casa del detenido, según la denuncia presentada. La menor fue interrogada cinco días después. El sospechoso, nunca, según confirmó el propio ministro de Justicia.

Reacción política y medidas urgentes

El primer ministro Sébastien Lecornu convocó este viernes un gabinete de urgencia con los ministros de Interior y Justicia, Laurent Nuñez y Gérald Darmanin, respectivamente, según informó el gobierno. Lecornu afirmó estar "profundamente golpeado" por este drama y encargó una investigación a la inspección general de la Justicia y a la de la gendarmería para averiguar qué falló, cuyas conclusiones se esperan en 15 días, según el comunicado oficial.

El propio ministro de Justicia, Gérald Darmanin, dijo que el drama "es inaceptable". "¿Por qué esta persona, que aunque no ha sido condenada tiene graves sospechas y denuncias de violaciones a menores, no fue interrogada antes?", denunció el titular de Justicia, que convocó el lunes a los fiscales generales para abordar los fallos judiciales, según declaró.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, denunció que "el hecho de que las alertas se hayan ignorado es un drama insoportable", según sus declaraciones públicas.

El próximo lunes hay convocada una manifestación frente al Ministerio de Justicia y ante los tribunales de toda Francia para denunciar "la impunidad del sistema" frente a las agresiones a menores, según los organizadores.

Un problema sistémico

El debate público en Francia se centra ahora en si hay un problema de medios o falta de preparación en comisarías o en los tribunales, según el análisis político. El titular de Justicia viajó a España recientemente para tratar de copiar algunas de las medidas del sistema español de protección a las víctimas, considerado un modelo para Francia, según informó el gobierno.

Las cifras son alarmantes: el 73% de las denuncias por violación a menores se archiva por falta de pruebas o por falta de medios, según la asociación France Victimes. Se estima que tres niños o niñas en cada aula son víctimas de incesto, según datos de la Secretaría de Estado de la Infancia.

El drama de Lyhanna se produce en medio de una gran polémica, también a nivel político, por las múltiples denuncias de agresiones a niños en un centenar de escuelas parisinas durante las actividades extraescolares, según reportes recientes.

Implicaciones y próximos pasos

El caso ha expuesto las profundas grietas en el sistema judicial francés de protección a menores. La unanimidad política alcanzada sugiere que habrá reformas significativas en los próximos meses, aunque queda por ver si serán suficientes para evitar tragedias similares.

Las investigaciones ordenadas por el gobierno deberán determinar no solo qué falló en este caso específico, sino también identificar los problemas estructurales que permiten que denuncias graves contra presuntos agresores de menores sean archivadas sistemáticamente sin investigación adecuada.

La manifestación del lunes y la reunión con los fiscales generales marcarán el inicio de un proceso que, según las autoridades, debe llevar a cambios profundos en cómo Francia protege a sus menores. El presidente Macron ha dejado claro que no aceptará excusas sobre falta de recursos, lo que sugiere que el gobierno está dispuesto a invertir lo necesario para reformar el sistema.

Sin embargo, el caso de Lyhanna también plantea preguntas más amplias sobre la cultura institucional en las fuerzas de seguridad y el sistema judicial francés, y si existe la voluntad y capacidad para cambiar prácticas arraigadas que han permitido que agresores conocidos permanezcan en libertad y con acceso a menores.