El caso de Lyhanna expuso de forma cruda los problemas crónicos en la justicia francesa para gestionar denuncias sobre violencia sexual contra menores. El detenido, padre de dos hijos que asistían al mismo colegio que la víctima, había sido denunciado hasta en cinco ocasiones por violaciones a otras menores, pero todas las demandas fueron desestimadas. Una cadena de negligencias desató una ola de indignación popular que culminó con concentraciones delante de los grandes tribunales del país y del Ministerio de Justicia.

Darmanin encargó un informe realizado por un equipo de inspectores de justicia y de la gendarmería que reveló fallos policiales y judiciales críticos. El documento mostró que, a pesar de que en agosto de 2025 la madre de una niña de 10 años denunció a Barella por haber violado a su hija, y de que previamente otras menores lo habían denunciado e incluso había sido expulsado del instituto donde trabajaba tras una denuncia por acoso, esta última denuncia "no se trató como asunto prioritario" y hubo "una acumulación de retrasos y falta de seguimiento de la misma, por parte de la gendarmería y de la fiscalía", según admitió Stéphane Noël, inspector general de la gendarmería nacional.

El ministro de Justicia estableció el 14 de julio como fecha límite para que la justicia revisara casos en los que no hubiera habido seguimiento. Más de un millar de expedientes de delitos de pederastia fueron identificados como "prioritarios", es decir, aquellos en los que los autores están identificados, tienen antecedentes judiciales y las víctimas siguen siendo menores de edad, según anunció Darmanin el 15 de julio.

Desde el 8 de junio se han abierto aproximadamente 1.350 investigaciones judiciales, aproximadamente cuatro veces más que en el mismo período del año anterior. En total, se han revisado 69.626 expedientes en todo el país y los fiscales han registrado 85.047 denuncias. Del total de procedimientos revisados, el 61,5% corresponde a delitos y el 38,5% a crímenes. El 83,5% de los presuntos responsables han sido identificados, mientras que el 16,5% permanece sin identificar, según detalló el Ministerio de Justicia.

Darmanin declaró en los días posteriores al hallazgo del cuerpo de Lyhanna que "no faltaron ni medios ni leyes", sino "priorizar los casos de violación de menores". La oposición, sin embargo, lo acusó de haber dado esa prioridad a asuntos como el narcotráfico. El problema, no obstante, venía de lejos y trasciende las decisiones políticas recientes.

Las víctimas de violación francesas esperan más de 10 meses hasta que se empieza a investigar su denuncia, según la Fundación de Mujeres, que asegura que luego el 94% se archiva. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Francia en abril de 2025 por no proteger a tres mujeres que denunciaron violaciones cuando tenían 13, 14 y 15 años y alegaron que las autoridades francesas no las habían protegido.

Las cifras en el caso de los menores son escandalosas. Aproximadamente 160.000 niños son violados cada año en Francia, según estimaciones a través de proyecciones y sondeos de la Comisión Independiente sobre el Incesto y las Violencias Sexuales Cometidas contra los Niños. Cada tres minutos hay un menor víctima de agresión sexual, violación o incesto, según Ciivise, la asociación contra el incesto, que cita datos oficiales. Esto equivale a tres niños o niñas de cada clase escolar.

Un segundo informe de inspección, encargado a raíz del caso Lyhanna, identificó que el problema también está en la falta de medios. La madre de la víctima acudió a la policía en octubre de 2022 para denunciar una violación que habría tenido lugar dos años antes, en el departamento francés de Gers, presuntamente cometida por Barella. "Aunque las diligencias de investigación se llevaron a cabo con rapidez, la declaración de la víctima no se realizó conforme a las recomendaciones ministeriales debido a la falta de recursos de los investigadores de la comisaría de Béthune en aquella época", subraya la Inspección General de Justicia en el informe.

Los inspectores señalaron además que "la evaluación psicológica de la víctima fue encomendada a un psicólogo que no figuraba en la lista oficial de peritos", mientras que "tanto los magistrados como los investigadores coincidían en constatar una escasez de expertos en la jurisdicción de Béthune". El psicólogo había señalado supuestas incoherencias en el relato de la niña, lo que debilitó el caso, que dejó entonces de ser considerado "prioritario". Los inspectores criticaron además que este informe, "sin fecha y sin firma, se asemeja, por su metodología, más a una evaluación de la credibilidad de la menor, una práctica prohibida".

Las negligencias no son puntuales ni aisladas. Hace un año, Francia entró en shock con el juicio al cirujano Joël Le Scouarnec, condenado a 20 años de cárcel por abusar o violar durante tres décadas a más de 300 jóvenes, la mayoría menores de edad, en consultas o quirófanos. Fue detenido en 2017, a pesar de que había sido condenado ya en 2005 por posesión de imágenes pedófilas. No se le prohibió ejercer; siguió tratando con niños y adolescentes durante años después de su condena inicial.

La crisis institucional revelada por el caso Lyhanna ha convertido los abusos sexuales contra menores en una "prioridad" oficial de la justicia francesa, pero los números subyacentes muestran un problema sistémico de larga data: falta de recursos, procedimientos inadecuados, evaluaciones psicológicas deficientes realizadas por peritos no cualificados, y una cultura de desestimación de denuncias que ha permitido que depredadores sexuales permanezcan en libertad y continúen cometiendo delitos durante años.