El Gobierno de Estados Unidos se ha posicionado contra España en la batalla judicial que enfrenta al Estado español con fondos de inversión e inversores afectados por el recorte retroactivo de las primas a las energías renovables. El procurador general John Sauer, máxima autoridad jurídica que representa al Gobierno federal ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, emitió su dictamen recomendando a la Corte que rechace el recurso presentado por España contra la ejecución de varias reclamaciones millonarias.

El escrito de 28 páginas, firmado también por otros cinco altos funcionarios del Departamento de Justicia, solicita formalmente que "la petición de certiorari debe ser denegada", según las fuentes. El documento argumenta que España no puede invocar inmunidad soberana para eludir el pago de laudos arbitrales que le obligan a indemnizar a inversores perjudicados por la reforma eléctrica de 2013.

España enfrenta casi treintena de laudos que le obligan a pagar al menos 1.800 millones de euros a inversores, cifra que supera los 2.300 millones si se suman costas procesales, intereses legales y de demora, según las fuentes. De esta cantidad total, aproximadamente 688 millones de euros corresponden a siete sentencias firmes reconocidas en tribunales federales estadounidenses, según el escrito del procurador general.

El conflicto tiene su origen en modificaciones legislativas implementadas hace más de una década. En 2007, España aprobó un sistema de primas a las energías renovables que atrajo numerosos inversores extranjeros que confiaron en la estabilidad regulatoria prometida. Sin embargo, la crisis económica y el aumento del déficit tarifario con las eléctricas llevó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a introducir en 2010 un primer recorte a estos incentivos, especialmente en el ámbito fotovoltaico.

En 2011 se presentó la primera demanda contra España ante la cámara de arbitraje de la ONU. En 2013, con Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo, la reforma eléctrica rediseñó por completo el sistema retributivo y afectó de lleno a proyectos renovables ya construidos y financiados bajo el esquema anterior. Los inversores consideraron que las reglas de juego fueron alteradas por completo y reclamaron en avalancha en distintos foros internacionales, como la corte de arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo dependiente del Banco Mundial.

En total se presentaron 51 demandas, de las cuales 27 se han resuelto a favor de los inversores y 18 han sido favorables a España, según las fuentes.

La estrategia jurídica española ha intentado múltiples vías de defensa. España ha alegado en distintos tribunales que tiene inmunidad soberana para hacer frente a los laudos. También argumentó que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea vetó estos conflictos entre inversores comunitarios y un Estado miembro, y que la Comisión Europea, que le respalda en esta postura, debe autorizar los abonos para evitar que se declaren ayudas ilegales.

Ante el impago, los fondos de litigación que adquirieron los derechos de representación y cobro en muchos de estos pleitos, encabezados por el estadounidense Blasket Renewable Investment, iniciaron la batalla judicial como principal medida de presión. Solicitaron el bloqueo de bienes y activos españoles en distintos países como Bélgica, Países Bajos y Reino Unido, según las fuentes.

España intentó paralizar el conflicto en Estados Unidos, pero el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia denegó en agosto de 2024 los planteamientos españoles, al entender que los fallos arbitrales tienen validez de sentencia firme. Con este pronunciamiento, un tribunal federal de Columbia tramitó en el segundo semestre de 2025 el reconocimiento y ejecución de siete laudos por el importe de 358 millones en total dictados por el Ciadi, lo que abrió la puerta a que los inversores comenzaran a rastrear bienes españoles en territorio estadounidense para solicitar su bloqueo.

Los fondos han puesto en el foco las relaciones comerciales y de financiación de la Selección Española, aprovechando su participación en el Mundial de Fútbol de Estados Unidos que comienza el próximo 11 de junio. También han identificado uno de los mayores contratos de defensa firmado por el Ministerio de Defensa español con la estadounidense Raytheon, filial de RTX, que comprometería la adquisición de cuatro sistemas antiaéreos Patriot valorado en 1.440 millones de euros (1.700 millones de dólares), según las fuentes.

Los acreedores han enviado requerimientos judiciales a entidades como FIFA, Adidas, Hilton y el centro Baylor, donde se concentrará la selección española, mientras rastrean contratos públicos por valor superior a 1.700 millones de euros susceptibles de embargo, según el documento.

España elevó el asunto al Tribunal Supremo de Estados Unidos en mayo de 2025, en el marco de uno de los siete casos abiertos en territorio estadounidense, el correspondiente a la demanda del gigante energético NextEra Energy. El Ciadi reconoció a esta compañía el derecho a cobrar una indemnización de 291 millones de euros más intereses, la mayor indemnización concedida por el recorte de las primas de las renovables. Los servicios jurídicos del Estado se apoyaron en la firma de abogados Sidley Austin. Por su parte, el fondo Blasket Renewable y la compañía eléctrica han requerido el asesoramiento de grandes despachos internacionales como Gibson, Dunn & Crutcher; King & Spalding; Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom; y A&O Shearman.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos, que ha recibido también escritos a favor de los argumentos españoles de partes no personadas en este litigio (amicus curiae) como Polonia, Rumania, Bulgaria y la propia Comisión Europea, solicitó en octubre de 2025 al procurador general que emitiera su opinión. Siete meses después se ha conocido la posición del máximo funcionario de la administración estadounidense, que es habitualmente seguida por los magistrados.

Sauer, que asumió el cargo en abril de 2025 tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, afirma en su escrito que el tribunal de apelación cometió ciertos errores técnicos, pero apunta que ello no cambiaría el resultado. El procurador general explica que España, como Estado extranjero, goza en principio de inmunidad soberana total ante los tribunales de Estados Unidos, aunque existen excepciones como los arbitrajes de inversión que se fundamentaron en la vulneración del Tratado sobre la Carta de la Energía con el recorte de las primas de las renovables.

El dictamen recuerda que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece que un Estado "no puede invocar las disposiciones de su legislación interna [como es el Derecho de la UE] para justificar el incumplimiento de un tratado" que previamente ha aceptado. De este modo, rechaza la inmunidad soberana de España y se opone a que los órganos judiciales estadounidenses no puedan analizar las reclamaciones de los fondos porque la justicia europea haya vetado los arbitrajes intra-UE.

El Gobierno estadounidense subraya que España aceptó de manera "incondicional" los mecanismos de arbitraje previstos en el artículo 26 del Tratado de la Carta de la Energía, instrumento jurídico internacional en el que se apoyan los laudos dictados contra el Estado español. El escrito sostiene que un país no puede utilizar normas internas posteriores o interpretaciones derivadas del derecho comunitario europeo para eludir compromisos internacionales previamente adquiridos.

España también apeló a la doctrina del forum non conveniens sobre la pertinencia de que el asunto se traslade a un foro alternativo, en concreto a jurisdicciones europeas. Sin embargo, el procurador general tampoco ha acogido esta tesis. Según indica, "parece poco probable que los demandados puedan obtener reparación alguna en ningún foro europeo".

El informe remitido por Washington reconoce que los litigios vinculados a la inmunidad soberana y al arbitraje internacional son jurídicamente complejos, pero considera que los argumentos presentados por España no justifican una intervención del Supremo estadounidense. El escrito sostiene que las alegaciones españolas son "esencialmente procesales" y no alteran el fondo del asunto ni los fundamentos jurídicos que avalan las reclamaciones de los inversores.

La recomendación del procurador general supone un nuevo golpe para la estrategia procesal desplegada por el Gobierno español durante los últimos años. España ha sufrido reveses recientes en distintas jurisdicciones internacionales. El Tribunal Supremo del Reino Unido confirmó en marzo de 2026 la obligación de pago de España y avaló además la aplicación futura de intereses de demora cercanos al 8 por ciento. El Tribunal Supremo de Australia falló en agosto de 2025 contra el Estado español en un procedimiento vinculado a cuatro laudos valorados en 469 millones de euros. El Tribunal Superior de Singapur registró por primera vez en febrero de 2026 un laudo contra España por valor de 300 millones de euros.

Paralelamente, continúan avanzando distintas actuaciones de embargo y rastreo de activos españoles en el extranjero. Entre las medidas ya autorizadas figura la congelación de aproximadamente 250 millones de euros en Bélgica correspondientes a pagos de Eurocontrol a Enaire, así como la incautación para subasta de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht, según las fuentes.

Si el Tribunal Supremo de Estados Unidos sigue la recomendación formulada por el procurador general, algo que históricamente sucede con elevada frecuencia según fuentes jurídicas, quedará prácticamente cerrada la última vía de recurso disponible para España en territorio estadounidense. Esto consolidaría definitivamente la posibilidad de ejecutar los laudos reconocidos por los tribunales federales estadounidenses. La decisión final podría conocerse a finales de junio de 2026 o, en caso contrario, tras el receso estival del alto tribunal, según las fuentes.

Fuentes jurídicas afirman que este pronunciamiento deja al Gobierno español sin más armas para seguir negándose a pagar las deudas reconocidas en Estados Unidos. La respuesta de la Administración Trump es considerada por la defensa de los acreedores como uno de los últimos pasos en lo que consideran el último recurso que tiene España en Estados Unidos para seguir evitando el pago.

A diferencia de Estados Unidos y países como Australia o Reino Unido, donde inversores y fondos también litigan contra España por el recorte de las primas a invertir en renovables, este tipo de casos se estrellan en la Unión Europea en contra de la doctrina que estrenó la Comisión Europea en 2025 de que países como España no deben pagar las condenas porque serían ayudas de Estado ilegales.

Con el actual Gobierno de Pedro Sánchez, se intentó llegar a un acuerdo ofreciendo una rentabilidad que, si bien no era tan buena como la inicial, mejoraba la norma del Partido Popular. Algunos inversores se conformaron, pero otros siguieron litigando, por sus propios medios o vendiendo sus casos a fondos de inversión que ahora luchan por recuperar al menos parte de las cantidades que tanto cortes internacionales de arbitraje como tribunales nacionales han ido fallando en su contra.