El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró por escrito que "esta Administración no permitirá que los inmigrantes indocumentados abusen de las instituciones financieras para robar miles de millones de dólares a los contribuyentes estadounidenses que trabajan arduamente", según informó el Departamento del Tesoro.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro instó a las instituciones financieras a mantenerse vigilantes ante esquemas de fraude y otras actividades relacionadas con el empleo de inmigrantes indocumentados. Según las autoridades estadounidenses, los bancos en Estados Unidos reportaron más de 2.500 millones de dólares en actividades sospechosas asociadas con estos esquemas de fraude fiscal en la nómina durante el año pasado.

Los inmigrantes indocumentados representan entre el 4 y el 6% de todos los trabajadores en Estados Unidos, de acuerdo con los cálculos del Centro de Estudios Migratorios de Nueva York, según la fuente.

Las autoridades aseguran que los trabajadores ilegales pueden obtener una ventaja injusta sobre las empresas estadounidenses legítimas y robar millones de dólares en ingresos fiscales federales y estatales. "Los inmigrantes indocumentados pueden obtener ilícitamente números de Seguro Social y otra información personal de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales para conseguir empleo y salarios ilegales, beneficios de atención médica proporcionados por empleadores y el gobierno en Estados Unidos, y acceso a servicios financieros", indicó el FinCEN.

El Departamento del Tesoro advirtió que, en ciertos casos, los salarios obtenidos ilegalmente se utilizan para facilitar la financiación de los cárteles del narcotráfico. En este esquema, también se hace referencia a la participación de un intermediario laboral cómplice para proporcionar servicios de nómina o procesamiento de pagos no declarados.

"Los empleadores cómplices también pueden utilizar esquemas de fraude fiscal para ocultar la contratación de trabajadores inmigrantes indocumentados con bajos salarios, así como para evadir impuestos y beneficios de compensación laboral", añadió el FinCEN, según la fuente.

El Tesoro proporcionó una serie de directrices a los bancos para detectar operaciones sospechosas. Entre los indicadores señalados se encuentra el caso de un trabajador por cuenta propia o de una empresa pequeña de agricultura, construcción, servicio doméstico, hostelería o contratación de personal que recibe una cantidad y un volumen significativos de depósitos recurrentes de cheques de varias empresas.

"Las instituciones financieras deben tener en cuenta los hechos y circunstancias circundantes, como el historial financiero del cliente, si las transacciones se ajustan a las prácticas comerciales habituales y si el cliente presenta múltiples señales de alerta, antes de determinar si un comportamiento o transacción es sospechoso o indica riesgos para la integridad del sistema financiero estadounidense", indicó el Tesoro.

Esta alerta se suma a medidas previas de la Administración Trump sobre las remesas. A finales de 2025, el Departamento del Tesoro pidió a las empresas transmisoras de dinero como Western Union, MoneyGram o Remitly que pusieran mayor atención sobre las transferencias internacionales, principalmente hechas por inmigrantes, según la fuente.

En ese entonces, el FinCEN advirtió de que actores maliciosos han recurrido a este tipo de operaciones de bajo valor para financiar al narcotráfico. México es uno de los principales países receptores de remesas en el mundo, con un acopio de más de 61.000 millones de dólares ingresados al año por esta vía, según los datos proporcionados.

La medida representa el primer paso en la implementación de una orden ejecutiva del presidente Trump titulada "Restoring Integrity to America's", según publicó el Departamento del Tesoro en su cuenta oficial.

Esta nueva directriz coloca a las instituciones financieras en la primera línea de vigilancia contra el empleo de inmigrantes indocumentados, convirtiendo a los bancos en agentes de control migratorio de facto. La medida amplía significativamente el alcance de las políticas antiinmigratorias de la Administración Trump, extendiendo la vigilancia desde las fronteras y lugares de trabajo hasta el sistema financiero del país.

La implementación de estas directrices podría tener implicaciones significativas tanto para las instituciones financieras, que deberán reforzar sus sistemas de monitoreo y cumplimiento, como para millones de trabajadores inmigrantes y sus familias que dependen del acceso a servicios bancarios para sus actividades económicas cotidianas.