Gobierno limitará contratos formativos en empresas pequeñas para combatir la precariedad laboral
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Gobierno limitará contratos formativos en empresas pequeñas para combatir la precariedad laboral

El Consejo de Ministros aprobará un real decreto que establece un máximo de tres contratos formativos en centros de trabajo de hasta diez empleados, con el objetivo de prevenir el abuso de prácticas laborales y garantizar los derechos de los trabajadores jóvenes.

POLÍTICA24 NOV 2025

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció este lunes la próxima aprobación de un real decreto que regulará en detalle los contratos formativos, una medida derivada de la reforma laboral de 2021. La nueva normativa introduce límites específicos al número de contratos formativos según el tamaño de la empresa.

Según el texto, en centros de trabajo de hasta diez empleados se podrán suscribir como máximo tres contratos formativos. Para empresas más grandes, los límites varían: de 11 a 31 empleados se permitirán hasta siete contratos; de 31 a 50 trabajadores, diez contratos; y en empresas con más de 50 trabajadores, hasta un 20% de la plantilla con un máximo de 30 contratos.

Díaz enfatizó la importancia de diferenciar los contratos formativos de las prácticas no profesionales, criticando el fraude existente con los llamados 'falsos becarios'. Según datos del ministerio, en 2024 la Inspección de Trabajo realizó 802 actuaciones que resultaron en la conversión de 220 personas a trabajadores asalariados, con sanciones por 325.000 euros.

El reglamento también detalla dos tipos de contratos formativos: formación en alternancia y obtención de práctica profesional. Cada modalidad tendrá duraciones específicas: el primero entre tres y dos años, y el segundo entre seis meses y un año.

La normativa busca garantizar derechos laborales plenos, incluyendo retribución, salario mínimo y condiciones de jornada laboral para los jóvenes trabajadores. Díaz destacó que actualmente el contrato formativo 'apenas se usa en España' debido a la proliferación de prácticas fraudulentas.

Este desarrollo reglamentario no requerirá convalidación parlamentaria y se enmarca en los esfuerzos del gobierno por mejorar la calidad del empleo juvenil y combatir la precariedad laboral.

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