Un grupo de ancianos ingresó esta semana a una quinta en una urbanización del noreste de Caracas convertida en la Casa de Abuelos y Abuelas Indio Chacao, parte de la Misión Amor Mayor que atiende a la población de tercera edad, según reportó El País. El edificio es la antigua residencia del dirigente opositor Leopoldo López y su familia, hoy exiliados en España.

El chavismo se hizo con la vivienda sin un juicio o un procedimiento administrativo, según la fuente. López cumplió casi cuatro años preso en una cárcel militar antes de obtener arresto domiciliario en esta casa con la mediación del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Desde allí escapó en 2019 durante un intento fallido por derrocar a Maduro, refugiándose en la embajada de España por poco más de un año antes de partir al exilio.

Semanas atrás, López, coordinador del partido Voluntad Popular, y su esposa Lilian Tintori denunciaron que su casa había sido tomada, que sacaron todos sus objetos personales y habían empezado a demolerla, según la fuente. La confiscación ocurrió después de que López declarara en una entrevista que apoyaba la intervención militar estadounidense en la que fueron capturados Maduro y su esposa Cilia Flores.

El centro ahora cuenta con servicios médicos, área de ejercicios, salones de formación y peluquería, según la fuente. Las obras se hicieron en tiempo récord "gracias a la presidenta encargada Delcy Rodríguez", señaló en redes sociales el diputado chavista Freddy Gutiérrez. El legislador estuvo el viernes en la inauguración junto al gobernador del estado Miranda, Elio Serrano, y el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, a quien la mandataria encargó la reforma del Estado.

"Esta es la casa a la que yo aspiraba a regresar, porque uno no regresa a un mapa, uno regresa a su casa, a su memoria, a su gente", dijo López en un video donde muestra fotos de su álbum familiar en los espacios tomados por el gobierno. "El mensaje es claro: Delcy Rodríguez expropia y roba. En cada rincón y pueblo de Venezuela hay alguien a quien le han quitado su casa, su terreno, su fábrica, su industria, sus papeles. Todo lo robado por la dictadura va a tener que ser reencauzado a sus legítimos dueños", reclamó el dirigente.

López recordó que cuando fue alcalde del municipio Chacao entre 2000 y 2008 inauguró espacios similares para adultos mayores bajo el programa "juventud prolongada". "Esas casas siguen funcionando todavía y las hicimos sin robárselas a nadie", afirmó.

En Venezuela existe un número indeterminado de bienes muebles e inmuebles que el gobierno ha confiscado arbitrariamente sin que medie un proceso judicial, según la fuente. La casa de López es un ejemplo, pero también ha ocurrido con propiedades de personas del equipo de María Corina Machado.

Esta semana se denunció el caso de José Breijo, un preso político venezolano-uruguayo excarcelado por tener más de 70 años y una delicada condición de salud. Cuando llegó a su apartamento tres años después de haber ingresado en prisión, lo ocupaba uno de los policías que lo había aprehendido, según la fuente. El anciano estuvo unos días durmiendo en el pasillo del edificio hasta que el escándalo hizo que el gobierno gestionara el desalojo del invasor. La Defensoría del Pueblo actuó para atender su salud.

Otros opositores y disidentes del chavismo también han denunciado la ocupación de viviendas y casas de playa por parte de funcionarios policiales, en particular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, según la fuente.

El exdiputado Williams Dávila, integrante de la Plataforma Unitaria Democrática, denunció recientemente que cuando fue detenido en 2024 los policías se llevaron su vehículo. El dirigente fue excarcelado hace un año, pero no fue sino hasta este mes que le devolvieron el auto. "Cuando a mí me capturaron en agosto de 2024, este vehículo estaba en plenas condiciones. Hoy me lo entregan en una grúa, totalmente desvalijado", declaró. Esto ocurrió luego de que reclamara junto con otros presos políticos la devolución de propiedades incautadas de forma ilegal e indemnizaciones por lo perdido.

Por las calles se ve el crecimiento de la flota de patrullas policiales de los servicios de inteligencia, según la fuente. Son camionetas y vehículos de todo tipo a los que les ponen la inscripción: "Este vehículo fue incautado por el Estado venezolano a un traidor". En estos se incluyen los incautados a organizaciones criminales, pero también a presos políticos.

En 2024, el Parlamento chavista aprobó la Ley Simón Bolívar que castiga a quienes consideran "traidores de la patria" con la extinción de dominio sobre sus bienes, penas de hasta 30 años de prisión y la inhabilitación política hasta por 60 años para quienes promuevan o hayan apoyado sanciones contra el gobierno venezolano, según la fuente.

"No puedo aceptar que la señora María Corina Machado tenga aquí vivienda y bienes a su disposición o su titularidad, ni empresas", dijo entonces la diputada Iris Varela. Esta es una de las normas que los defensores de derechos humanos han pedido derogar sin tener éxito, según la fuente.

La confiscación de la casa de López representa un caso emblemático de la práctica gubernamental de apropiarse de propiedades de opositores políticos sin procedimientos judiciales, una situación que afecta a un número indeterminado de venezolanos y que los defensores de derechos humanos consideran arbitraria e ilegal.