Gobierno venezolano confisca propiedades de opositores bajo ley aprobada en 2023

El dirigente opositor William Dávila recuperó su libertad después de año y medio de prisión tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, según El País. Dávila fue liberado después del ataque militar estadounidense del 3 de enero de 2026 y regresó a su casa con problemas de salud, pero aún espera que le devuelvan el automóvil que le confiscaron durante su detención.

Enrique Márquez, político opositor, excandidato presidencial y fundador del partido Centrados, relató su experiencia: "Cuando yo caí preso, me quitaron el apartamento. La policía me arrestó saliendo de mi casa, me quitaron las llaves y se metieron. Se llevaron mi computadora y efectos personales buscando información. Se robaron dinero, artefactos de cocina, ropa, cuadros. Nos dejaron quebrados", según declaraciones recogidas por El País.

Lilian Tintori, activista de derechos humanos y esposa del político opositor Leopoldo López, ambos en el exilio, denunció recientemente que su residencia en Caracas fue tomada y "saqueada" por las autoridades, según El País. Las autoridades se llevaron los cuadros de la sala, las mascotas (dos perros y dos loros), las fotos de familia y los enseres de la cocina. Magalli Meda, líder de Vente Venezuela, ha hecho una denuncia similar desde el exilio.

La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó en 2023 la Ley de Extinción de Dominio, un instrumento que permite al gobierno tomar bienes de actividades ilícitas (corrupción, narcotráfico, delincuencia organizada) sin compensación, según El País. En Venezuela se trata de un proceso independiente de la responsabilidad penal, imprescriptible y aplicable a bienes muebles, inmuebles o activos digitales.

La ley fue aprobada durante la purga anticorrupción que impulsó Nicolás Maduro contra su aliado Tarek El Aissami, entonces ministro de Petróleo, según El País. El proceso se desató tras el escándalo PDVSA-Crypto, que causó un grave daño patrimonial al Estado. La dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) presentó la propuesta para mostrar una actitud intransigente ante uno de los mayores escándalos de corrupción del país.

Sin embargo, la ley también fue aprobada en uno de los momentos más tensos de la confrontación con la oposición, con el liderazgo de María Corina Machado ganando fuerza a nivel nacional, según El País. Una dirigencia revolucionaria que se sentía amenazada había perdido toda paciencia con sus adversarios. En ese contexto, se buscaba ajustar cuentas con algunos miembros de la oposición política, muchos de los cuales terminaron siendo enemigos personales de la jerarquía revolucionaria.

En Caracas es común ver patrullas de la policía bolivariana que portan un rótulo informando que determinada propiedad fue confiscada a la corrupción en función del interés general, según El País. En los matices interpretativos de la ley, o bajo su amparo, funcionarios del Estado chavista se apoyan para despojar a presos políticos, a civiles acusados de corrupción o a familias amenazadas.

Joel García, abogado y profesor universitario que ha trabajado en la defensa de algunos dirigentes políticos, declaró a El País: "La Ley de Extinción de Dominio ha sido el paraguas para que se cometan todas estas atrocidades contra presos políticos y políticos opositores". El litigante considera que esta es una ley que, en países democráticos y en circunstancias normales, puede ser muy útil para combatir la corrupción y el lavado de dinero. "Los delitos vinculados al narcotráfico y la corrupción están vinculados normalmente con la acumulación de bienes. Son leyes necesarias para recuperar bienes robados, que solo se aplican tras una sentencia firme, con derecho a la defensa y garantías constitucionales", explicó.

García afirmó que en el espíritu de aprobación de la ley, los legisladores del chavismo dieron a algunos políticos opositores un trato similar al de un capo internacional, según El País. "Es una ley que se aplica de forma ejecutiva, sin necesidad de sentencia judicial, para arrasar con los bienes patrimoniales de cualquiera sin que quede rastro", dijo. Aunque la ley le ha colocado soporte al procedimiento, García afirma que este proceso ha sido "normal" en la mecánica de los funcionarios oficialistas. "Tiene mucho tiempo sucediendo: oficinas, apartamentos vacacionales, propiedades que son traspasadas a terceros, a desconocidos".

Una mujer identificada como María (nombre cambiado para proteger su identidad) relató a El País que la compañía de su esposo fue tomada por la policía política. Su esposo, actualmente preso, es el gerente y socio fundador de una importante compañía venezolana que explota petróleo en el oriente del país y que está asociada con el Estado. El gobierno los acusó de acumular explosivos en el contexto de un plan conspirativo denunciado el año pasado. La policía halló explosivos en la compañía que son usados para las labores de exploración de crudo.

"La empresa fue tomada como si fuéramos narcotraficantes. Se llevaron nuestras camionetas, las usan con total normalidad. Tengo mi casa custodiada y no he podido regresar desde hace siete meses. Huí hace cuatro meses a Colombia con mis dos hijas, pero luego decidí regresar y todas nuestras propiedades en Maturín las tienen tomadas, no podemos ir para allá. También las de mi cuñado y mi suegro", relató María a El País. La mujer agregó que se enteraron de que han tomado activos de la empresa para trabajar por su cuenta en la perforación de pozos petroleros. "Lo paradójico es que PDVSA tiene una deuda grande con la compañía de mi esposo, que no ha pagado", señaló.

Antonio Ledezma, político opositor y exalcalde de Caracas, cuenta su caso desde el exilio en España, según El País: "En agosto de 2023 tomaron mi apartamento, le cambiaron la cerradura. Y ya nos habían quitado una casa vacacional, propiedad de mi suegro, que teníamos en Naiguatá", una localidad en la costa central del país, a 40 minutos de Caracas. Mientras vivía en Venezuela, Ledezma mantuvo una actitud muy frontal con Hugo Chávez, y Maduro lo convirtió rápidamente en enemigo. "En mi casa en Caracas se metieron tres veces. La última vez le colaron un precinto. Habían pedido a España mi extradición. Además, tomaron mis oficinas. No sabemos qué pasó con nuestras pertenencias. He tratado de seguir adelante. A mi esposa le ha dolido mucho", declaró.

Gonzalo Himiob, directivo de la organización no gubernamental Foro Penal, denunció a El País que en la lista de personas que han sido judicializadas en estos años, y que ahora se animan a denunciar, hay algunas que fueron acusadas penalmente buscando únicamente apropiarse de sus bienes. "Algunos casos son muy graves", aseguró. Himiob comentó que estos procedimientos no deberían sorprender a nadie: "Lo hicieron regularmente los nazis; los sirios con Bachar Al Assad; lo hicieron en Nicaragua. Son procedimientos totalmente normales en el autoritarismo. Gente que cae presa, le quitan sus cosas y que, al quedar liberadas, no se las regresan".

Las denuncias de confiscaciones se producen en un contexto de represión política en Venezuela tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, que la oposición considera fraudulentas. El patrón de confiscaciones afecta no solo a dirigentes políticos de alto perfil, sino también a empresarios y sus familias, según los testimonios recogidos por El País. Las propiedades confiscadas incluyen viviendas, vehículos, empresas completas, efectos personales e incluso mascotas, sin que exista un proceso judicial que garantice el derecho a la defensa de los afectados.