Las negociaciones políticas entre el chavismo y la oposición vuelven a activarse en Venezuela después de varios meses en suspenso. La Asamblea Nacional elegida en 2015, de mayoría opositora y presidida por Dinorah Figuera, anunció que el próximo 1 de agosto iniciará una agenda de trabajo con representantes del oficialismo. Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento controlado por el chavismo, confirmó la reanudación de los contactos.

La decisión supone el regreso de la cuestión electoral al centro de la agenda venezolana después de un período en el que Washington había privilegiado la estabilización del país. Desde la captura de Maduro y Cilia Flores durante la intervención militar del 3 de enero, la Administración de Donald Trump promovió el restablecimiento de relaciones diplomáticas, el levantamiento gradual de sanciones y la llegada de inversiones para recuperar la industria petrolera, mientras las conversaciones sobre una transición política quedaban relegadas a segundo plano.

El giro comenzó a tomar forma a principios de junio, cuando Figuera llegó a Caracas con el respaldo de Estados Unidos para explorar un proceso de negociación con el chavismo. Su breve reunión con Jorge Rodríguez marcó el inicio de una nueva fase de la estrategia diseñada por el Departamento de Estado. La Casa Blanca decidió rescatar el papel institucional de la Asamblea Nacional de 2015, que desde 2023 funciona únicamente como comisión delegada y conserva el control jurídico de algunos activos venezolanos en el exterior. Ese Parlamento, un residuo del Gobierno interino de Juan Guaidó, continúa siendo considerado por Washington como la última institución venezolana elegida en unos comicios reconocidos como competitivos.

La designación de Figuera como interlocutora fue interpretada por algunos sectores de la oposición como una prueba del distanciamiento de la Administración Trump respecto al liderazgo de María Corina Machado. Aunque ambos habían mantenido una estrecha alianza, en los últimos meses Washington optó por una estrategia más pragmática, favoreciendo los acuerdos alcanzados con Delcy Rodríguez, quien ha hecho todas las concesiones posibles a Estados Unidos.

La decisión sorprendió porque apenas semanas antes Machado había anunciado, durante un encuentro con dirigentes opositores en Panamá, su intención de asumir personalmente las conversaciones con el oficialismo para pactar una convocatoria electoral. El anuncio alimentó las expectativas sobre un eventual regreso al país de la dirigente, exiliada desde diciembre tras permanecer más de un año en la clandestinidad después de las elecciones de 2024. Al día siguiente del terremoto, Machado denunció que le impidieron abordar en Panamá un vuelo hacia Caracas. Antes de la emergencia, medios estadounidenses habían informado de que Washington le había solicitado aplazar su regreso hasta que existieran mejores condiciones políticas.

Aunque el Gobierno de Delcy Rodríguez ha impulsado una apertura política limitada con excarcelaciones de presos políticos y una ley de amnistía, Machado continúa siendo uno de los principales blancos del discurso oficial. La mandataria ha afirmado que la dirigente opositora mantiene cuentas pendientes con la justicia. Machado y la Plataforma Unitaria han evitado pronunciarse públicamente sobre el nuevo proceso de negociación, en un intento por contener nuevas fracturas dentro de la oposición.

Las diferencias sobre el enfoque de las negociaciones siguen siendo evidentes entre ambas Asambleas. El comunicado difundido por Figuera fija como prioridades la reconstrucción institucional y la renovación del poder electoral, además de agradecer la ayuda prestada por Estados Unidos tras el doble terremoto. Jorge Rodríguez, en cambio, evita mencionar esos objetivos y presenta el diálogo como parte de la convocatoria a la unidad nacional para afrontar la emergencia, refiriéndose a sus interlocutores como "ex miembros" de la Asamblea de 2015.

Hasta hace días, el propio Rodríguez rechazaba discutir cualquier calendario político mientras continuara la atención a los más de 17.000 damnificados por los terremotos. En una rueda de prensa sostuvo que plantear ahora la renovación del Consejo Nacional Electoral o del Tribunal Supremo de Justicia era "un irrespeto" hacia las víctimas de los sismos. Sus declaraciones respondían a preguntas sobre el vencimiento, el pasado 3 de julio, del plazo de 180 días que la Constitución establece para una ausencia temporal del presidente, término tras el cual debería convocarse una elección. El Tribunal Supremo calificó en enero como "ausencia forzosa" el encarcelamiento de Maduro, una figura que no aparece expresamente prevista en la Constitución venezolana.

"Nosotros no estamos en condición de parar nada de los procesos que están avanzando, lo que no tenemos cabeza para estar preocupándonos del TSJ ahorita. Ahorita de lo que nos estamos preocupando es de personas que están sufriendo lo indecible", dijo Rodríguez. "Es un irrespeto, es una grosería, es mentarles la madre estarse reuniendo entre políticos para estar decidiendo quién va para el CNE y quién va para el TSJ. Hay tiempo para eso".

Sin embargo, la Administración de Trump también tiene sus tiempos. Este miércoles se espera que se celebre una audiencia especial en el Congreso de Estados Unidos sobre Venezuela y el estatus de derechos humanos y de respuesta tras los sismos del 24 de junio. Así es como Washington nuevamente ha decidido que hay que sentarse de nuevo a negociar en apenas dos semanas.

El contexto de estas negociaciones refleja la complejidad de la situación política venezolana tras la intervención militar de enero. Mientras el gobierno busca consolidar su control y obtener reconocimiento internacional, la oposición intenta recuperar espacios de poder y garantizar procesos electorales competitivos. La participación activa de Estados Unidos como mediador subraya la importancia geopolítica de Venezuela en la región y el interés estadounidense en una solución que combine estabilidad económica con ciertos avances democráticos.