El Gobierno de Guatemala se encuentra en negociaciones con Estados Unidos para establecer un plan de cooperación contra el narcotráfico, pero rechaza permitir operaciones militares extranjeras en su territorio, según declaró el presidente Bernardo Arévalo este jueves en Ciudad de Guatemala.

Arévalo habló con periodistas después de que The New York Times publicara información sustentada en fuentes anónimas de Washington que daba por hecho un acuerdo entre ambas capitales para lanzar ataques conjuntos en territorio guatemalteco contra bandas criminales presuntamente dedicadas al tráfico de drogas.

El mandatario guatemalteco confirmó una parte de la información del diario neoyorquino. "Lo que hemos hecho es solicitar al Gobierno de los Estados Unidos la cooperación para apoyar estas operaciones lideradas por las fuerzas de Guatemala en el marco del combate a las redes del narcotráfico", dijo Arévalo.

Según el presidente, la cooperación implicaría "tener acceso a equipo, tener acceso a capacitación, tener acceso a expertos para el apoyo por ejemplo en la planificación de operaciones a nivel estratégico o a nivel táctico". Poco después de sus declaraciones, el Gobierno de Guatemala publicó un comunicado tajante en X: "No existe ningún acuerdo que autorice operaciones militares extranjeras por ningún país en territorio nacional".

Una fuente del Gobierno guatemalteco, que habló con El País bajo condición de anonimato, reveló que Washington lleva "desde hace dos meses ejerciendo una gran presión". "Lo que nos ofrecieron es seleccionar uno o dos lugares para hacer bombardeos y televisarlo todo. Pero hemos sido claros en que eso no va a pasar. No puede operar una fuerza militar estadounidense en el país, simplemente porque es inconstitucional", afirmó la fuente.

Según ese testimonio, las presiones del Departamento de Defensa estadounidense se han saltado los protocolos diplomáticos para ir directamente a Arévalo. "Las conversaciones han sido continuas y han estado encabezadas por el ministro de la Defensa de Guatemala [Henry Saenz] e incluso por el presidente. Pero no ha habido ni una sola reunión para afinar términos, porque no se van a permitir misiones militares. Lo que sí hay, y ha habido siempre, son operaciones conjuntas con agencias como la DEA, el FBI o el HSI [Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional]", señaló la fuente.

En declaraciones a El País en Ciudad de Guatemala, el ministro de Defensa Henry Saenz insistió en que las operaciones las liderará el Ejército guatemalteco. "No se ha pedido que vengan militares a participar en las operaciones. Y no vamos a cambiar la línea", zanjó.

Las aspiraciones de Washington para Guatemala se encuadran en una agresiva política en Latinoamérica que ha incluido ejecuciones extrajudiciales de tripulantes de supuestas narcolanchas (al menos 190 hasta la fecha) en aguas del Caribe y del Pacífico, así como bombardeos en Ecuador, según las fuentes. Estas acciones han resucitado los ecos de la traumática relación de Estados Unidos con lo que durante décadas vio como su "patio trasero": desde la Doctrina Monroe del siglo XIX, con su "América [el continente] para los americanos [los estadounidenses]", hasta la "guerra contra las drogas" lanzada por el presidente Richard Nixon a principios de los setenta, que durante décadas aportó más problemas de violencia y corrupción que soluciones, según las fuentes.

La negociación con Guatemala se enmarca en una estrategia de Washington que ya arrancó el compromiso de Ecuador de permitir operaciones militares en su territorio, según las fuentes. El siguiente turno sería Honduras, país al que la Administración de Trump está cortejando tras lograr que su candidato predilecto, Nasry Asfura, ganara las elecciones contra pronóstico.

Con esas dos piezas clave del tablero centroamericano en su poder y el apoyo de Nayib Bukele desde El Salvador, el cálculo es, según fuentes diplomáticas de la capital estadounidense, que la presión obligue a México a aceptar un esquema de operaciones conjuntas, e incluso tropas sobre el terreno y ataques con drones. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha rechazado hasta ahora con vehemencia todas estas opciones.

Esa presión al vecino del sur se ha acompañado de medidas también insólitas, como la imputación a finales de abril del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, así como de un senador de Morena, el partido oficialista, y de otros ocho funcionarios. Están acusados de colusión con el cartel fundado por el capo Joaquín El Chapo Guzmán y su socio Ismael El Mayo Zambada para mantenerse en el poder y recibir otros favores, según las fuentes.

Ecuador firmó su acuerdo con Trump a principios de 2026, poco después de que fuerzas especiales estadounidenses entraran en Caracas y apresaran, saltándose las reglas del derecho internacional, al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, según las fuentes. Ambos esperan juicio en una prisión de Nueva York, acusados, entre otros, de delitos de narcotráfico.

En una reciente visita a Washington, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firme aliado de Donald Trump, defendió la colaboración con Estados Unidos, mientras en el Capitolio un grupo de demócratas exigía la suspensión de las operaciones militares conjuntas contra supuestos narcotraficantes.

Noboa ha hecho de su política de mano dura contra el crimen organizado una de sus bazas. La violencia se ha multiplicado en Ecuador en los últimos años: de contar con uno de los índices de homicidios más bajos de América Latina, el país pasó en un lustro a superar los 50 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2025, según las fuentes. "Estamos en una guerra", argumentó el mandatario andino en la capital estadounidense.

Tanto Guatemala como Ecuador, así como Honduras y El Salvador, se cuentan entre los firmantes del acuerdo que dio origen a una asociación llamada Coalición Anticarteles de las Américas, que lanzó Trump en una reunión en marzo de 2026. Esta coalición forma parte del Escudo de las Américas, al frente del cual el presidente de Estados Unidos puso a Kristi Noem, exsecretaria de Seguridad Nacional y cara de la brutal política migratoria del último año en Estados Unidos, según las fuentes.

Bernardo Arévalo no asistió a la cumbre celebrada en Florida en marzo, pero mandó en su lugar a altos funcionarios guatemaltecos.

En el caso de Honduras, se da la paradoja de que mientras Washington presiona al país centroamericano para que haga más en la lucha contra el tráfico de drogas, Trump indultó a uno de sus expresidentes, Juan Orlando Hernández, quien cumplía una condena de 45 años por complicidad en el contrabando de cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos, según las fuentes.

La situación plantea interrogantes sobre la soberanía de los países centroamericanos frente a la presión estadounidense y sobre la efectividad de las estrategias militares para combatir el narcotráfico en la región. Guatemala mantiene su posición de que cualquier operación debe ser liderada por sus propias fuerzas y que no permitirá presencia militar extranjera en su territorio, mientras Washington continúa expandiendo su estrategia regional de intervención directa en la lucha contra los carteles de la droga.