La cooperación militar entre Ecuador y Estados Unidos, intensificada desde marzo de 2026 como parte del Escudo de las Américas —una coalición de seguridad creada para enfrentar al crimen organizado transnacional— ha generado abusos documentados contra civiles, según el informe de HRW divulgado el lunes.

Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, criticó que los operativos estadounidenses "serán muy espectaculares en televisión y redes sociales", pero ponen "en riesgo a la población civil y son muy poco efectivos para combatir al crimen organizado". La organización señaló que la cooperación binacional "ha sido demasiado opaca y peligrosa para los ecuatorianos".

El informe documentó dos eventos específicos que involucraron a militares estadounidenses. Entre el 1 y el 6 de marzo, en la comunidad San Martín, ubicada en el límite entre Ecuador y Colombia, militares de ambos países atacaron e incendiaron tres propiedades bajo el alegato de que eran centros de entrenamiento de un grupo armado colombiano. Durante el operativo fueron detenidos cuatro campesinos que fueron torturados y posteriormente liberados sin cargos.

Uno de los detenidos, quien pidió anonimato por temor a represalias, relató a la Agencia de Prensa Asociada (AP) que los uniformados estadounidenses lo amarraron, le propinaron golpes, lo sumergieron en un tanque de agua, lo ahogaron con una bolsa plástica y le aplicaron corriente eléctrica, causándole pérdida de consciencia en tres ocasiones. Posteriormente fue liberado sin explicaciones. "Cuando los militares del ejército llegaron a la finca nos hicieron botar al piso y nos preguntaban por personas que no conocíamos", relató el hombre. "Les dijimos que éramos unos simples trabajadores, pero igual nos golpearon".

HRW aseveró que no encontró pruebas creíbles de que esas propiedades destruidas tuvieran relación con grupos armados. A pesar de esto, el general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos en ese momento, elogió la operación en la frontera, afirmando que se había ejecutado "de manera profesional".

El segundo evento documentado se refiere a ataques con drones contra tres buques pesqueros ecuatorianos entre el 13 de enero y el 18 de marzo, que dejaron cuatro pescadores heridos y ocho desaparecidos cerca de las Islas Galápagos. Sobrevivientes de dos de esos buques relataron a HRW que hombres con uniformes militares con la bandera de Estados Unidos los llevaron a bordo de una embarcación y luego los transfirieron a buques de la guardia costera salvadoreña, que posteriormente les permitió regresar a Ecuador.

Ninguno de los dos gobiernos "ha asumido responsabilidad acerca de lo ocurrido", según HRW. Cuando la AP consultó al Comando Sur sobre los ataques con drones, la institución sostuvo que no tenía conocimiento de los incidentes. El Ministerio de Defensa de Ecuador no respondió a las consultas de la agencia de prensa.

Goebertus advirtió que esto debe "ser un llamado de atención a los gobiernos de América Latina" que aceptan la cooperación de Estados Unidos en operaciones de seguridad.

El contexto de la cooperación militar se remonta a enero de 2024, cuando el presidente conservador Daniel Noboa, dos meses después de asumir el poder, decretó la existencia de un conflicto armado interno en Ecuador que permitió que los militares salieran a las calles y apoyaran a la policía en el control del orden interno. A pesar de esta medida, 2025 fue el año más violento de la historia del país con 9.216 asesinatos, más de 32% por encima de los registrados en 2024.

Noboa impulsó un acercamiento estratégico a Estados Unidos. La entonces secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristie Noem, visitó Ecuador y mantuvo reuniones con Noboa en noviembre de 2025 y marzo de 2026. En marzo de este año, el presidente estadounidense Donald Trump invitó a Noboa a formar parte del Escudo de las Américas.

Las operaciones militares conjuntas iniciaron en marzo de 2026, aunque desde más de un año antes ambos países compartían información de inteligencia y Ecuador recibía apoyo logístico y militar de Estados Unidos.

Billy Navarrete, director del Comité Permanente por los Derechos Humanos de Ecuador, expresó a AP que ante los cuestionamientos por los abusos cometidos "ambos gobiernos nos han respondido con oídos sordos". Esta falta de respuesta oficial contrasta con la gravedad de las acusaciones documentadas por HRW, que incluyen torturas, desapariciones y destrucción de propiedad sin justificación comprobada.