La Knéset, que tenía previsto iniciar su receso de verano el viernes, no volverá a reunirse antes de las elecciones generales. La disolución, un paso habitual en el proceso electoral israelí, se produce mientras Netanyahu lucha por mantenerse en el poder de cara a los próximos comicios, en momentos en que Israel avanza hacia el tercer aniversario del ataque del 7 de octubre de 2023 que desencadenó casi tres años de guerra en Gaza.

Durante la última semana, la Knéset aprobó varias leyes polémicas en sesiones maratonianas mientras Netanyahu intentaba imponer a toda prisa varios de sus proyectos favoritos antes de la disolución parlamentaria.

REFORMAS JUDICIALES Y DEBILITAMIENTO DEL FISCAL GENERAL

La medida más controvertida fue aprobada el miércoles 15 de julio. La Cámara aprobó, con 65 votos a favor y 51 en contra, una ley para debilitar los poderes del fiscal general, uno de los pocos controles que existen en Israel sobre el Gobierno. La legislación, descrita por los críticos como parte de un golpe judicial iniciado en 2023 para poner a la clase política por encima del Estado de derecho, permite a los ministros rechazar las posiciones de la Fiscalía, que hasta ahora eran vinculantes. La abogada Gali Baharav-Miara, actual fiscal general, se ha enfrentado varias veces a Netanyahu y ha sido objeto frecuente de críticas por parte del primer ministro y de la derecha israelí.

La nueva normativa posibilita al Ejecutivo el nombramiento y despido del cargo de fiscal general. El Gobierno de Netanyahu, acusado en tres casos de corrupción, impulsó la medida después de que el Tribunal Supremo le impidiera en 2025 apartar a Baharav-Miara, a la que el Ejecutivo acusa de boicotear su actividad política. El fiscal general adjunto, Gil Limon, ha advertido de que la normativa "normalizará violaciones sistemáticas de la ley", cuya aprobación interpreta como una forma de sus impulsores de quitarse las "máscaras".

La formación del ultraderechista Bezalel Smotrich, impulsora de la ley, argumenta que "fortalece la democracia israelí" y restablece la autoridad de los líderes electos, al dejar de subordinarlos a miembros del sistema judicial no elegidos directamente por el sufragio universal. El partido anticipa que, si vuelven a formar coalición, pretende ampliar la "reforma", impidiendo que el fiscal general pueda procesar a altos funcionarios.

EXPANSIÓN DEL CONTROL GUBERNAMENTAL SOBRE LOS MEDIOS

El acelerón legislativo incluyó el jueves 16 de julio una ley aprobada por 53 votos frente a 48 que expande la influencia del Gobierno sobre los medios de comunicación. La normativa anula el órgano regulador del sector y lo reemplaza por un consejo donde la mayoría será designada por el ministro de Comunicación. La legislación, que se teme allanará el camino para la injerencia política en la información, otorga al Ejecutivo mayor peso en la asignación de publicidad estatal y exime al Canal 14, una cadena progubernamental, de una serie de responsabilidades tasadas en unos 12 millones de euros anuales.

Shlomo Karhi, actual ministro de Comunicación del Likud de Netanyahu, celebró la aprobación de "una reforma derechista de medios de comunicación". El primer ministro no votó la norma; uno de los juicios contra él es precisamente sobre su control de la prensa. Karhi también aseguró que el Tribunal Supremo "no tiene autoridad para anular leyes", después de que el Gobierno se haya convertido en el primero en ignorar un fallo del alto tribunal sobre la reforma del regulador de medios. "Ciudadanos de Israel, hemos vencido al Estado profundo", proclamó el ministro.

PROTECCIÓN DE LA EXENCIÓN MILITAR ULTRAORTODOXA

A inicios de la semana, la Knéset aprobó dos proyectos de ley que, en la práctica, frenan el reclutamiento de hombres ultraortodoxos para el ejército, en un intento por garantizar que los partidos ultraortodoxos se sumen a una posible coalición de Netanyahu en el próximo gobierno. La exención militar de los ultraortodoxos comenzó durante la fundación de Israel para permitir que 400 eruditos religiosos se dedicaran al estudio de la Torá, pero la medida beneficia hoy a unas 90.000 personas de esa comunidad e irrita a otros sectores de la sociedad, sobre quienes recae el peso de la defensa del país y un periodo más prolongado como reservistas en un momento de múltiples frentes abiertos por Israel.

CONTEXTO HISTÓRICO Y PERSPECTIVAS ELECTORALES

Completar un mandato de cuatro años es algo que ha ocurrido pocas veces en la historia de Israel. La última vez que el gobierno de Israel cumplió la legislatura sin convocar elecciones anticipadas fue en 1988. Israel no tiene límites de mandato, y Netanyahu ha ejercido el poder más que cualquier otro primer ministro en la historia del país, pero incluso para él es raro terminar un periodo completo de cuatro años.

Entre 2019 y 2022, los israelíes acudieron a las urnas cinco veces. Israel celebra elecciones, en promedio, cada 2,4 años, lo que lo convierte en el segundo país con el periodo más corto entre comicios dentro de la OCDE, un indicador de inestabilidad política, según el Instituto de Democracia de Israel.

El trigesimoséptimo Ejecutivo israelí, considerado por organizaciones no gubernamentales israelíes como el que más ha avanzado en la anexión de facto de Cisjordania, se centra ahora en una carrera electoral en la que las primeras encuestas le son desfavorables. Según un sondeo emitido el miércoles por el Canal 12, los partidos judíos de la oposición podrían lograr la mayoría en el Parlamento sin necesidad de unirse a las listas árabes. La actual coalición se quedaría en 50 escaños, lejos de los 61 que conforman la mitad más uno.

Las encuestas en el país muestran un auge del apoyo a los partidos de la oposición, encabezados por el ex primer ministro Naftali Bennett y un popular exjefe militar centrista. El Gobierno más derechista en la historia del país se examinará en los primeros comicios desde los ataques de Hamás en 2023 y desde el estallido de las inacabadas guerras que vinieron después en Gaza, Líbano e Irán. Esos conflictos le han costado a Israel una significativa pérdida de popularidad global, mientras existen procesos en la justicia internacional que ven indicios de graves violaciones del derecho humanitario.

El presidente de la Knéset, Amir Ohana, anunció la disolución afirmando: "Estamos completando un mandato de cuatro años: aprobamos nueve presupuestos y cientos de proyectos de ley. Les agradezco la confianza que depositaron en mí, gracias a la cual juntos logramos mantener un mandato de cuatro años".