La Fiscalía de Morelos canceló esta semana la ficha de búsqueda de Merari Olea Varela, desaparecida hace nueve años, tras localizarla con vida. Fuentes conocedoras de la investigación consultadas por El País sostienen que la joven se marchó por su propia voluntad tras un altercado con sus padres el 24 de junio de 2017.

Según esta información, Merari, entonces de 15 años, se encontraba con sus padres en una casa en Cuautla, Morelos, donde ellos trabajaban. En un momento determinado, los padres vieron a su hija consumir drogas y, después de regañarla por su conducta, decidieron regresar los tres a su hogar. Fue durante ese trayecto cuando perdieron su rastro. Aunque la buscaron, no la encontraron y desconocían su destino hasta ahora, según las fuentes.

De acuerdo con personas cercanas al caso, las pesquisas permitieron que agentes de investigación se comunicaran con la joven a través de una videollamada por WhatsApp. En ella, Merari manifestó que no había sido víctima de ningún delito y que se fue de su casa por un problema con sus padres. Esta versión apunta también que regresó días después a su domicilio y lo volvió a abandonar en 2017, una circunstancia de la que no informaron a las autoridades.

El jueves, cuando trascendió en redes sociales la noticia de la localización de Merari con vida, la Fiscalía no ofreció detalles sobre las condiciones en las que fue encontrada ni sobre su paradero durante todos estos años, pero sí indicó que estaba en proceso de reintegrarse con su familia. Hasta el momento, ni la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos ni la Fiscalía local han emitido comunicados al respecto. El País intentó sin éxito recabar la versión de la familia.

Este caso supone una muestra de las lagunas y demoras de las que adolece el proceso de investigación en estos casos, según las fuentes. El defensor de derechos humanos José Martínez Cruz opina que no es la primera vez que una desaparición termina de esta manera, pero advierte: "Yo creo que estamos ante un escenario que sí requiere un tratamiento cuidadoso. Por un lado, no generalizar, pero también requiere de una política integral de atención y de protección a todas las personas en cualquier circunstancia".

El activista subraya la necesidad de contar con políticas integrales de búsqueda que se activen para la inmediata localización de la persona y evitar el desgaste emocional de las familias, como el que pasaron los padres de Merari durante nueve años.

Un informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, publicado el mes pasado, señaló que las autoridades mexicanas se encuentran rebasadas por la magnitud del problema, lo que dificulta la impartición de justicia, a pesar de los avances que ha habido con la creación de fiscalías especializadas. El documento resaltó también que los recursos humanos y financieros de las comisiones de búsqueda son insuficientes y ha apuntado hacia la impunidad y corrupción de las estructuras locales: "En particular por parte de la judicatura local y los gobiernos estatales, lo que impediría investigaciones genuinas".

Las cifras oficiales registran 134.604 personas desaparecidas y no localizadas en México desde 1952. Este número fue motivo de enfrentamiento hace dos meses entre el Gobierno federal y los colectivos de búsqueda, tras la presentación de un desglose que reinterpretaba la información y rebajaba el número a 43.128, apenas el 33% del total. Esta propuesta fue rechazada y criticada por distintas organizaciones, quienes acusaron a las autoridades de "minimizar una emergencia humanitaria".

La detención hace unos días de dos alcaldes en Morelos y cuatro funcionarios del ayuntamiento de Cuautla por el Gobierno federal reveló una red de corrupción vinculada con el crimen organizado, evidenciando la penetración de los grupos delictivos en un estado que acumula 2.113 personas desaparecidas y no localizadas.

Según ha documentado la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, en el fenómeno de las desapariciones en esta entidad confluye el impacto de una red de trata de personas que se extiende a Puebla y Tlaxcala. Para el activista José Martínez, la situación es clara: "El problema es que hay un contexto de violencia e inseguridad que en muchas ocasiones lleva a que la gente desaparezca y no se le busque, que no se sepa nada de esas personas y que no se tenga conocimiento de ellos".

El caso de Merari Olea Varela representa un desenlace poco común en un país atravesado por una profunda crisis de desapariciones, donde la mayoría de los casos permanecen sin resolver y las familias enfrentan años de búsqueda sin respuestas. La falta de recursos, la corrupción institucional y la penetración del crimen organizado continúan obstaculizando los esfuerzos de localización, según el informe de la ONU y las organizaciones de derechos humanos.