La jueza Sooknanan aprobó el acuerdo alcanzado en mayo entre Musk y la SEC, que estipula que un fideicomiso a nombre del empresario será responsable de pagar la multa de 1,5 millones de dólares sin que Musk admita culpabilidad alguna.

La demanda de la SEC fue presentada apenas días antes de que Donald Trump asumiera la presidencia en enero de 2025. El organismo regulador argumentó que la falta de divulgación oportuna de su participación accionaria en Twitter "le ahorró al billonario la nada despreciable suma de 150 millones de dólares".

En su sentencia, la jueza Sooknanan reconoció que su tribunal estaba "limitado a evaluar si el acuerdo propuesto cumple con los estándares mínimos de equidad y razonabilidad" o si "hace burla del poder judicial". A pesar de esta limitación, escribió: "Aunque la Corte tiene serias dudas sobre el acuerdo alcanzado en este caso, no puede afirmar que el acuerdo cumpla con ese alto umbral".

La aprobación del acuerdo ocurre en un contexto de cuestionamientos sobre si Musk está recibiendo "trato especial" de la administración Trump. El empresario fue un importante financista de la campaña presidencial de Trump durante las elecciones de 2024, lo que ha generado preocupaciones sobre posibles conflictos de intereses en la aplicación de la ley regulatoria.

El caso se remonta a 2022, cuando Musk comenzó a acumular acciones de Twitter sin revelar públicamente su participación creciente en la empresa. Según la SEC, esta omisión permitió que Musk adquiriera la plataforma a un precio más bajo del que habría pagado si los inversores hubieran conocido la magnitud de su interés en la compañía. La diferencia entre lo que pagó y lo que habría pagado con divulgación completa asciende a aproximadamente 150 millones de dólares, según los cálculos del regulador.

El acuerdo de mayo representa una resolución relativamente modesta en términos monetarios comparado con el beneficio que Musk obtuvo de la falta de divulgación. La multa de 1,5 millones de dólares es una fracción mínima del ahorro de 150 millones que el empresario logró mediante la no divulgación oportuna de su participación accionaria.

La aprobación judicial, aunque formal, refleja la tensión entre la necesidad de resolver litigios y las preocupaciones sobre la adecuación de las sanciones impuestas. La jueza Sooknanan, al expresar sus "serias dudas", dejó constancia de su escepticismo respecto a si el acuerdo representa una respuesta proporcional a las violaciones de las normas de divulgación de valores.