El juez John J. McConnell del Distrito de Rhode Island emitió una resolución de 135 páginas declarando ilegales las restricciones migratorias impuestas por la Administración de Donald Trump que paralizaron los procesos de asilo para ciudadanos de 39 países, según reportó El País. La sentencia obliga al Servicio de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) a retomar inmediatamente la tramitación de estas solicitudes.

McConnell, nombrado por el expresidente Barack Obama, determinó que las medidas destinadas a excluir del sistema migratorio a solicitantes de asilo elegibles y a negar permisos de trabajo temporales habían dejado "en suspenso las vidas de innumerables personas, simplemente por el hecho de haber nacido en determinados países", según recoge el fallo judicial.

El magistrado señaló que los afectados, a pesar de haber cumplido escrupulosamente con todos los requisitos legales, quedaron atrapados en una espera indefinida debido a la negativa de la agencia para resolver sus casos. "Han presentado la documentación pertinente, abonado las tasas de tramitación requeridas, se han sometido a la toma de datos biométricos solicitada y han asistido a las entrevistas presenciales necesarias. A pesar de ello, los demandantes y sus miembros permanecen a la espera —durante meses interminables— de la resolución de solicitudes de beneficios que el USCIS se niega a tramitar", establece la resolución.

En una dura reprimenda contra la agencia migratoria, McConnell afirmó que "el estado de Derecho tiene que aplicarse a todos por igual" y concluyó que "el USCIS no ha 'seguido la ley' ni ha 'hecho las cosas de la manera correcta'". El juez fue más allá al señalar que la agencia justifica sus acciones con pretextos de "'seguridad nacional' que enmascaran sentimientos antiinmigrantes que tiene prohibido dejar que influencien sus decisiones", calificando las medidas como "contrarias a la ley, así como arbitrarias y caprichosas".

**Origen de las restricciones**

Trump ordenó la paralización de todos los procesos migratorios para ciudadanos de 19 países en noviembre de 2025, después de que dos miembros de la Guardia Nacional fueran atacados en Washington D.C. por un ciudadano de origen afgano, según la fuente. Una de las agentes resultó muerta en el incidente.

En diciembre del mismo año, el presidente republicano amplió la lista añadiendo 20 países más, prohibiendo también la entrada a Estados Unidos de sus ciudadanos. La mayoría de los países afectados pertenecen a África, Asia y Latinoamérica.

"Más de seis meses después, muchas de esas personas siguen sin empleo, sin estatus legal y sin ninguna posibilidad real de planificar su futuro", escribió el juez McConnell en su fallo.

**Justificación de la Casa Blanca**

Haciendo uso de una expresión anacrónica, Trump se ha referido a los países a los que impuso restricciones de viajes como "del Tercer Mundo" y ha acusado a sus ciudadanos de ser delincuentes, sin ofrecer pruebas que respalden estas afirmaciones, según la fuente.

La Casa Blanca justificó las medidas argumentando que "muchos de los países con restricciones sufren de corrupción generalizada, documentos civiles y antecedentes penales fraudulentos o poco fiables, y sistemas de registro de nacimientos inexistentes, lo que impide sistemáticamente una verificación precisa de los datos".

**Reacción de organizaciones defensoras**

Democracy Forward, una organización jurídica sin fines de lucro que colaboró en la representación de los grupos de inmigrantes y sindicatos que impulsaron la demanda, celebró el fallo judicial.

"Esta decisión reafirma un principio fundamental: el gobierno federal no puede cerrar las vías legales de inmigración ni discriminar a las personas por su lugar de procedencia", declaró Skye Perryman, presidenta de la organización, según recoge The New York Times. "Estas políticas ilegales causaron un daño enorme a familias, trabajadores, solicitantes de asilo y comunidades de todo el país", añadió Perryman.

**Implicaciones del fallo**

La resolución judicial representa un revés significativo para la política migratoria de la Administración Trump, que ha caracterizado su segundo mandato por un endurecimiento de las restricciones a la inmigración. El fallo establece un precedente legal que limita la capacidad del Ejecutivo para paralizar unilateralmente procesos migratorios basándose en el país de origen de los solicitantes.

La decisión obliga al USCIS a procesar las solicitudes acumuladas durante más de seis meses, lo que podría afectar a miles de personas que han permanecido en un limbo legal sin posibilidad de trabajar o planificar su futuro en Estados Unidos. El impacto se extenderá a familias, empleadores y comunidades que dependen de estos trabajadores y solicitantes de asilo.

Queda por ver si la Administración Trump apelará la decisión ante tribunales superiores o si acatará la orden judicial y reanudará el procesamiento de las solicitudes migratorias de los 39 países afectados.