Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudieron a primera hora de este miércoles 27 de mayo de 2026 a la sede federal del PSOE en la madrileña calle de Ferraz para requerir documentación relacionada con una presunta trama para desestabilizar procesos judiciales, según informó la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz reimpulsó así una investigación que amplía significativamente su radio de acción y que ahora alcanza a la cúpula del partido socialista.

Según fuentes jurídicas citadas por El País, Pedraz ha imputado a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE; a Ana María Fuentes Pacheco, gerente de la Secretaría de Organización del partido; a Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía; y al empresario Javier Pérez Dolset. El magistrado autorizó el registro de los domicilios de Cerdán, Zarrías y Pérez Dolset, según confirmaron las mismas fuentes.

La investigación también alcanza a la exmilitante socialista Leire Díez, detenida en diciembre de 2025; a los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, este último defensor de Cerdán en otra causa judicial; y al capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, exmiembro de la UCO, según informó El País.

Pedraz atribuye a Cerdán, Díez, Pérez Dolset, Zarrías y Oliver los delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado, según el comunicado de la Audiencia Nacional.

Respecto a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, el magistrado considera que existen indicios de su responsabilidad "al menos como cómplice" en la comisión de los delitos mencionados, y "como autora del posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces", según informó El País. A Jacobo Teijelo y al capitán Sánchez Yepes se les investiga por revelación de secretos, cohecho y delitos contra las instituciones del Estado, según la Audiencia Nacional.

El juez también apunta a Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos, y al diputado socialista Juan Francisco Serrano, sobre quienes señala que "aparecen indicios que revelan su colaboración con los investigados en la ejecución de concretos y aislados actos en auxilio de su ilícito plan", aunque considera necesario esperar al desarrollo de la investigación para concretar su responsabilidad penal, según el comunicado oficial.

Fuentes jurídicas y de la investigación citadas por El País confirman que las pesquisas indagan en pagos sospechosos del PSOE a Leire Díez y otras personas para que realizaran supuestas campañas de desinformación contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad. Estas entregas de dinero se camuflaban presuntamente con facturas falsas, según las mismas fuentes, que niegan haber detectado hasta ahora indicios de financiación ilegal del Partido Socialista.

Al dictar las resoluciones para argumentar los registros, el juez Pedraz subrayó la "gravedad" de la presunta actividad delictiva y las penas que conlleva, así como "el elevado importe de las transacciones económicas objeto de investigación", según fuentes jurídicas citadas por El País.

Los agentes de la UCO acudieron también a la sede central de la Dirección General de la Guardia Civil en la madrileña calle de Guzmán el Bueno para requerir información sobre dos investigaciones internas que el instituto armado abrió en el último año para identificar supuestas filtraciones a la prensa de datos de pesquisas relacionadas con causas que afectaban al Gobierno, según informó El País. Una de ellas se inició por la supuesta difusión de mensajes de WhatsApp entre el exministro de Transportes José Luis Ábalos y otros miembros de su partido. Según fuentes del instituto armado citadas por el mismo medio, ambas investigaciones terminaron siendo cerradas sin que se abriera ningún expediente disciplinario.

La sospecha es que la apertura de ambas pesquisas secretas fue supuestamente instigada por la trama de desinformación en un intento de "inquietar el normal desenvolvimiento de la actuación" de la UCO y del teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción encargado de las investigaciones que afectan al Gobierno, según El País. En una grabación difundida en 2025 aparecían Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset intentando convencer a un investigado por la Guardia Civil para que les facilite información comprometedora contra este mando. "Si está muerto, mejor me lo pones", se escuchaba decir a la exmilitante del PSOE, según el mismo medio.

Tras conocerse la operación, Montse Mínguez, portavoz del PSOE, lanzó un mensaje de "tranquilidad" y colaboración durante una entrevista en Catalunya Radio: "El Partido Socialista es distinto al PP y lo hemos demostrado en muchas ocasiones. Aquí no existe destrucción de pruebas. Y, por tanto, toda la información que sea requerida, pues, será trasladada", según citó El País.

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, volvió a pedir elecciones anticipadas minutos después de conocerse la operación. "Estamos en una situación agónica, estamos poniendo en cuestión la decencia, no solo de gobierno, no solo del PSOE, sino que estamos empezando ya a tener riesgo de contagio", dijo el dirigente del Partido Popular en los pasillos del Congreso, según El País. Dentro del hemiciclo, el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendió "tolerancia cero" ante toda "actitud o comportamiento irregular o ilegal" y pidió "respeto a los procesos judiciales y a la presunción de inocencia", según el mismo medio.

Esta nueva derivada judicial se enmarca en una investigación más amplia sobre una supuesta trama de corrupción por la que fueron detenidos en diciembre de 2025 la propia Leire Díez; Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales); y el empresario vasco Antxon Alonso, propietario de la mercantil Servinabar y amigo de Santos Cerdán, según informó Público. Los tres usaban para comunicarse un grupo de WhatsApp llamado Hirurok, "nosotros tres" en euskera, según El País.

Según la investigación citada por El País, los tres formaron presuntamente una estructura entre 2021 y 2023 para el cobro de comisiones presuntamente ilegales, y para ello contaron con la ayuda de "diversos cargos públicos". En total, esa parte de las pesquisas se centra en cinco operaciones que suman 132,9 millones de euros en ayudas y adjudicaciones.

Entre las empresas salpicadas en esa fase de la investigación se encuentran Mercasa; Enusa; Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA); Sepides, adscrita a la SEPI; Servinabar; Forestalia, una mercantil de energías renovables; y Tubos Reunidos, para la que la SEPI aprobó en 2021 un rescate de 112,8 millones de euros que contó con el respaldo del Consejo de Ministros, según El País. Las comisiones, que según las primeras estimaciones superaron los 750.000 euros, se canalizaron supuestamente a través de la empresa Mediaciones Martínez, según el mismo medio.

Díez, Fernández y Alonso quedaron en libertad con medidas cautelares tras su detención en diciembre: comparecencias quincenales, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España, según informó Público.

Leire Díez está siendo también investigada en un juzgado de Madrid por presuntas maniobras para perjudicar a fiscales o al responsable de la UCO, Antonio Balas, con el objeto de entorpecer investigaciones judiciales, según Público. El magistrado instructor Arturo Zamarriego la mantiene imputada desde el verano de 2025, a raíz de que se difundiera un audio donde insinuaba que podía ofrecer favores de la Fiscalía a un empresario encausado a cambio de que este aportara datos comprometedores de determinadas autoridades, según El País. Varias fuentes jurídicas citadas por el mismo medio apuntan a que Pedraz tendrá que estudiar si acumula ahora ambos procedimientos.

En abril de 2026, Gaspar Zarrías compareció como testigo en la causa del juzgado de Madrid y explicó que contrató a Leire Díez en 2024 para que culminara una investigación periodística sobre si el excomisario José Manuel Villarejo estaba relacionado con el procedimiento de los ERE, sin que el PSOE tuviera nada que ver en este trabajo, según informó Público. Le pagó 16.000 euros aunque el trabajo no cumplió con sus expectativas porque contenía únicamente información pública, según el mismo medio.

En esa investigación del juzgado de Madrid, la Fiscalía atribuye a Leire Díez el "liderazgo" de un "plan delictivo" con el objetivo de desacreditar a la UCO, encargada de diversas investigaciones abiertas en causas judiciales contra el Gobierno y el PSOE, y a la Fiscalía Anticorrupción, que ejerce la acusación pública en varios de esos casos, según informó El Diario. La investigación trata de determinar si actuaba por orden de la cúpula del PSOE o por iniciativa propia, según el mismo medio.

La causa de la Audiencia Nacional se mantiene bajo secreto de sumario. Los agentes de la UCO tenían previsto tomar declaración este miércoles a varias personas, tanto testigos como investigados, en el transcurso de las diligencias, según El País. Leire Díez aseguró al mismo medio que no le habían comunicado que hubiera sido imputada por estos hechos.

La operación representa un salto cualitativo en las pesquisas judiciales que afectan al PSOE y abre interrogantes sobre la posible implicación de la estructura del partido en actividades dirigidas a interferir en procesos judiciales. El desarrollo de la investigación determinará el alcance de las responsabilidades penales de los imputados y si existen más personas involucradas en la presunta trama.