Durante una breve comparecencia judicial este lunes en Nueva York, la jueza encargada del caso contra el general Gerardo Mérida Sánchez adelantó que las autoridades estadounidenses poseen "muchas" pruebas contra el exsecretario de Seguridad de Sinaloa y otros nueve altos funcionarios estatales mexicanos acusados de narcotráfico, según informó El País. Mérida enfrenta cargos por presuntamente proteger a Los Chapitos y facilitar sus operaciones criminales a cambio de sobornos millonarios.

El general se declaró no culpable, pero su entrega voluntaria a las autoridades estadounidenses, algo inusual tratándose de un militar de alto rango, sugiere una probable colaboración con la justicia de ese país, según el medio español. A cambio de una reducción de pena, Mérida podría aportar información no solo sobre sus años en Sinaloa durante 2023 y 2024, sino también de puestos militares anteriores en plazas sensibles al crimen organizado como Tamaulipas y Michoacán.

Al escándalo del general Mérida se suma el caso del exsecretario de Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz, quien desde hace semanas se encuentra en situación incierta tras especularse que también se entregó voluntariamente al otro lado de la frontera, según El País.

La presidenta Sheinbaum ha intensificado su respuesta ante la escalada judicial. Este domingo, durante un acto multitudinario en el Monumento de la Revolución de Ciudad de México para conmemorar los dos años de su victoria electoral, cuestionó abiertamente las intenciones detrás de las acusaciones estadounidenses. "¿Es realmente un interés legítimo para combatir a la delincuencia organizada o acaso pretenden influir en la elección de 2027 en nuestro país?", se preguntó retóricamente la mandataria, según reportó el medio.

Sin embargo, al día siguiente, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum matizó sus declaraciones afirmando que "hay mucho diálogo con Estados Unidos" y excluyó al presidente Donald Trump de sus acusaciones para centrarse en "sectores de la ultraderecha de Estados Unidos que, por razones ideológicas, se juntan con los de la ultraderecha de México", según El País.

El Gobierno mexicano ha activado múltiples frentes de respuesta. La semana pasada, la mayoría oficialista en el Congreso aprobó una reforma constitucional que permite anular elecciones invocando "injerencia extranjera", según la fuente. Paralelamente, varios de los acusados se han presentado ante la Fiscalía General de la República como testigos en una investigación con la que México busca defender su soberanía y controlar los daños del escándalo.

El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, veterano de la CIA y exboina verde que anticipó el golpe judicial a finales de abril, respondió al endurecimiento del discurso presidencial señalando que politizar la lucha contra el narcotráfico es "una oportunidad perdida", según El País. En sus redes sociales, Johnson afirmó este lunes que "la lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos. Cada momento que dedicamos a convertir este desafío compartido de seguridad en una discusión política, es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra cooperación y proteger a las personas a las que servimos".

La crisis bilateral ocurre en un momento crítico para las relaciones económicas entre ambos países. Ya han comenzado las rondas de negociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y Washington está forzando una negociación bilateral excluyendo por ahora a Canadá para presionar al máximo a la delegación mexicana, según reportó el medio español.

El terremoto político desatado por la denuncia del Departamento de Justicia estadounidense hace poco más de un mes ha tensado sobremanera la relación bilateral y amenaza con ser apenas el preludio de una campaña más agresiva de Estados Unidos contra los vínculos entre la política mexicana y el crimen organizado, según El País. En el ámbito interno, la crisis ha fortalecido a una oposición muy debilitada que intenta capitalizar el escándalo explotando las acusaciones de narcopolítica.

Cada audiencia judicial y cada nuevo detalle acompañado de fotografías del veterano general del Ejército esposado de pies y manos representa un severo golpe para el Gobierno mexicano, que mantiene que, de existir las pruebas mencionadas, será la justicia mexicana la encargada de investigar, según la fuente. El proceso abierto contra Mérida constituye una grieta con potencial explosivo para la estrategia gubernamental que apremia a Sheinbaum a mostrar resultados concretos en territorio nacional.