La jueza Nora García Peralta determinó que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) son suficientes para presumir la responsabilidad de Gilda Lozoya Austin en el delito de lavado de dinero, según reportó el diario El País. La magistrada otorgó al ministerio público un plazo de cuatro meses para concluir la investigación antes de emitir sentencia. En los próximos días, la jueza deberá decidir si impone a la acusada prisión domiciliaria, como solicitó la FGR, o si la deja en libertad condicional para enfrentar el proceso.

La acusación se enmarca en el caso Agronitrogenados, uno de los principales escándalos de corrupción que involucran a Emilio Lozoya Austin, quien fue el primer director de Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Según la FGR, el exfuncionario autorizó la compra a sobreprecio de una planta de fertilizantes en ruinas ubicada en Veracruz. El vendedor beneficiado fue la siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA), propiedad del empresario Alonso Ancira.

La operación implicó un costo de 275 millones de dólares para Pemex, a lo que habría que sumar el gasto necesario para rehabilitar el complejo de Agro Nitrogenados, según la información proporcionada por la Fiscalía. A cambio de autorizar esta compra que causó un daño millonario a las finanzas de la petrolera estatal, AHMSA pagó a Emilio Lozoya un soborno de 3,5 millones de dólares, según la acusación de la FGR.

El dinero del soborno fue depositado en las cuentas de una empresa fachada del exfuncionario llamada Tochos Holding Limited, según señala la Fiscalía. Gilda Lozoya era beneficiaria y administradora de las cuentas de esta firma offshore, desde donde realizó dos transferencias por un total de 2,5 millones de dólares (aproximadamente 34 millones de pesos) a la propietaria de una lujosa casa en Ciudad de México que posteriormente pasaría a ser propiedad del político priista, según la acusación recogida por el diario Reforma.

Los depósitos se efectuaron en noviembre de 2012, un mes antes de que Emilio Lozoya asumiera el cargo de director de Pemex, según los documentos presentados por la Fiscalía.

Durante la audiencia, que se prolongó durante 14 horas en el Reclusorio Norte de Ciudad de México según Reforma, la jueza García Peralta reclasificó la modalidad del delito. Originalmente, la FGR acusaba a Gilda Lozoya del delito de lavado consistente en transferir recursos de procedencia ilícita para adquirir un bien inmueble. Sin embargo, la magistrada procesó a la acusada por transferir del extranjero a territorio nacional recursos con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita.

La defensa de Gilda Lozoya denunció durante la audiencia que existe un "proceso desaseado" y hecho a las prisas para encarcelar a su clienta, según reportó Reforma. Previamente, los abogados habían denunciado actos de hostigamiento por parte de las autoridades federales.

En una comparecencia anterior, Gilda Lozoya reclamó ante la jueza que la acusación en su contra era "un caso político" utilizado por el Gobierno para "presionar" a su hermano, quien enfrenta en prisión domiciliaria cargos por asociación delictuosa, blanqueo y cohecho. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó categóricamente el señalamiento. "No tiene nada que ver con un asunto político", dijo durante una conferencia de prensa, según El País.

El caso Agronitrogenados forma parte de una serie de escándalos de corrupción que han marcado la gestión de Emilio Lozoya al frente de Pemex y que han sido objeto de investigación durante los últimos años. La vinculación a proceso de Gilda Lozoya representa un nuevo capítulo en este caso que ha involucrado a altos funcionarios del gobierno de Peña Nieto y empresarios prominentes.

La decisión de la jueza García Peralta de vincular a proceso a la hermana del exdirector de Pemex se basa en la consideración de que existen elementos suficientes para presumir su participación en el esquema de lavado de dinero, aunque la sentencia definitiva dependerá de las conclusiones de la investigación complementaria que deberá completarse en los próximos cuatro meses.

El caso continúa generando atención pública en México debido a la magnitud del daño económico causado a Pemex y por las implicaciones políticas que tiene para figuras prominentes del anterior gobierno priista. La resolución sobre las medidas cautelares que enfrentará Gilda Lozoya se conocerá en los próximos días, cuando la jueza determine si procede la prisión domiciliaria o la libertad condicional mientras se completa el proceso judicial.