La Comisión Europea va a flexibilizar las reglas de gasto público para que los Estados miembros puedan responder a la crisis energética actual, según aseguran varias fuentes comunitarias consultadas por medios españoles. El Ejecutivo comunitario permitirá que los países destinen hasta un 0,3% del PIB de inversión pública en medidas que aceleren la transición para prescindir progresivamente de los combustibles fósiles, según informó El País.

La propuesta está recogida en el paquete fiscal que presentará este miércoles el Ejecutivo comunitario y representa una cesión a la reclamación continuada de Italia y España, especialmente de la primera, desde hace semanas, según las mismas fuentes.

Hace apenas 10 días, durante la reunión de los ministros de Finanzas de la zona euro en Chipre —el llamado Eurogrupo—, una medida de este calado parecía fuera del horizonte, según El País. Varios portavoces autorizados la alejaron entonces: el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, y el presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis. Sin embargo, la Comisión abre ahora la posibilidad de dar flexibilidad ante la realidad de que el estrecho de Ormuz, por el que antes de la crisis transitaba alrededor de un 20% del petróleo y el gas natural licuado mundiales, sigue bloqueado.

La propuesta que lanzará la Comisión se parece mucho a lo que planteaban España e Italia: se permitirá que la suspensión parcial de las reglas fiscales activadas en 2025 para dar cabida al desembolso en defensa también haga hueco a la inversión en transición energética, según El País. El año pasado, el Ejecutivo de la Unión Europea (UE) permitió a los Gobiernos que lo solicitaran gastar cada año una cantidad equivalente al 1,5% del PIB en seguridad y armamento sin temor a que eso implicara sanciones por superar el límite del déficit público que recogen los tratados comunitarios, un 3% del PIB.

La medida que se lanzará este miércoles no plantea gasto adicional a ese margen del 1,5% anual, sino que permitirá que tres décimas de ese porcentaje se destinen a inversiones para aumentar lo que Bruselas define como "resiliencia energética", según las fuentes consultadas. Además, habrá un límite a esa inversión. Las cláusulas de escape —como se llama técnicamente a estas suspensiones de las normas fiscales— estarán activas hasta 2028, pero eso no significa que pueda gastarse una cantidad equivalente a nueve décimas. Solo se consentirá que sea por una cantidad agregada de seis décimas durante el periodo comprendido entre febrero de este año y finales de 2028, según El País.

Todavía falta por ver los detalles de la propuesta y cómo se concreta posteriormente en el debate en las instituciones de la UE, según las mismas fuentes. Como ya ocurrió el año pasado, será en este proceso en el que se aclararán los detalles de qué inversiones concretas tendrán cabida en esta propuesta. En 2025, cuando la Comisión propuso la suspensión parcial de reglas fiscales para el gasto en defensa, hubo mucha negociación para saber si solo se incluían las armas o también otras facturas de seguridad como las infraestructuras —cuarteles, carreteras adaptadas a los vehículos militares, normalmente mucho más pesados—, la formación de los militares o los sueldos de estos últimos. Finalmente se apostó estrictamente por la inversión temporal, sin elementos estructurales, según El País.

En uno de los últimos borradores que este miércoles analizará y aprobará el Colegio de Comisarios se habla de redes eléctricas, instalaciones e instrumentos de almacenamiento de electricidad como las baterías, y la ampliación de la capacidad de las fuentes de energía limpia, según El País. El concepto de energía limpia en las instituciones europeas es más amplio que el de renovables porque incluye la producción atómica. Otras fuentes comunitarias también añaden los vehículos eléctricos y los cargadores que necesitan.

Desde que comenzó la guerra en Oriente Próximo, la Comisión Europea ha tratado de resolver una ecuación muy difícil, según las fuentes. Por un lado, ha destacado una y otra vez que la crisis llega por la dependencia europea de los combustibles fósiles, que provienen en gran medida de zonas muy inestables geopolíticamente e, incluso, hostiles como Rusia y Oriente Próximo. La mejor solución, según Bruselas, es impulsar las fuentes de energía propias —renovables y nuclear—. Por otro lado, ha advertido de que no hay mucho margen para echar mano del gasto público por la ingente deuda acumulada en la UE para responder a otros momentos complicados como la pandemia, la crisis energética que provocó la invasión de Ucrania por Rusia y, antes, la crisis financiera y del euro. Pero tanto la respuesta inmediata —medidas que alivien a empresas y familias la factura de la gasolinera— como la de medio y largo plazo —el desarrollo de esas fuentes energéticas autóctonas— necesitan mucho desembolso de dinero, según El País.

La presión de España e Italia ha sido determinante para este cambio de postura. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, envió una carta a Bruselas hace unas semanas en la que decía: "No podemos justificar ante nuestros ciudadanos que la UE permita que se utilice la flexibilidad fiscal para seguridad y defensa en sentido estricto, sin proteger a las familias, trabajadores y empresas de una nueva crisis energética que impacta severamente en la economía real", según El País. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, lo había reclamado en el Consejo Europeo que se celebró en abril en Chipre.

La Cadena SER confirmó que Bruselas se abre a relajar las reglas de gasto para que los estados destinen más inversión pública a la transición energética, según varias fuentes comunitarias consultadas por la emisora. La Comisión apuesta por flexibilizar las reglas fiscales para que los estados puedan destinar hasta el 0,3% del PIB a medidas destinadas a impulsar las energías limpias, para reducir la dependencia de los combustibles fósiles en este contexto de crisis energética por la guerra en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz. Un gasto que no estaría sujeto al corsé de las reglas de gasto, una fórmula similar a lo que se hace ya con el gasto en defensa, según la Cadena SER.

Aunque el gesto sea muy significativo, el paso que da la Comisión no implica barra libre de gasto público porque la medida no supone gasto adicional sobre lo que ya se preveía, según El País. De esta forma, desde Bruselas se podrá seguir diciendo que las medidas que tomen los Estados contra la crisis deben ser "temporales, selectivas y a medida" y que no deben implicar un enorme desembolso.

La propuesta se enmarca en un contexto más amplio de revisión de las políticas industriales europeas. Según Cinco Días, que cita un borrador de la denominada Ley de Chips 2.0 de la UE, el bloque quiere impulsar la demanda interna de chips fabricados en Europa, en parte consiguiendo que los gobiernos los compren a empresas emergentes locales. La responsable tecnológica del bloque, Henna Virkkunen, expondrá este miércoles los planes más generales, que complementan la Ley de Chips original de 2022.

La Ley de Chips original, presentada en 2022, proponía que el bloque duplicara su cuota de producción mundial de chips hasta el 20% para 2030, según Cinco Días. Sin embargo, no está funcionando, lo que justifica un cambio de enfoque. Centrarse en impulsar la demanda local de silicio de última generación supone reconocer en la práctica el fallo fundamental del enfoque anterior, según el análisis de Reuters citado por Cinco Días. El sueño era conseguir que fabricantes de chips como Intel o TSMC construyeran instalaciones de producción en Europa con la ayuda de subvenciones, pero este enfoque por el lado de la oferta fracasó, en buena medida porque no daba una respuesta clara a la pregunta de quién en Europa compraría los semiconductores de última generación.

Intel canceló la construcción prevista de dos megafábricas en Alemania en julio de 2025, según Cinco Días. Fue en gran medida una decisión financiera, pero también reflejó la falta de compromisos por parte de los clientes europeos. Las fábricas de última generación necesitan diseñadores de chips locales de vanguardia que las utilicen, y Europa carece de ellos.

La presentación de este miércoles por parte de la Comisión Europea marcará un punto de inflexión en la política fiscal europea, permitiendo a los Estados miembros mayor margen de maniobra para enfrentar simultáneamente la crisis energética actual y avanzar en la transición hacia fuentes de energía más sostenibles, sin comprometer excesivamente sus finanzas públicas en un momento de elevada deuda acumulada.