Los arrestados y los investigados están acusados de los presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, según informó la Guardia Civil. La investigación comenzó en 2024 tras la denuncia de una persona que perdió cerca de 30.000 euros después de recibir una falsa comunicación bancaria. A partir de esa querella, los agentes relacionaron nuevas denuncias y destaparon este entramado criminal que operaba en distintos puntos del territorio nacional.
Durante la investigación, los agentes identificaron a los 18 integrantes de la organización ―10 hombres y ocho mujeres, con edades comprendidas entre los 23 y los 43 años― y determinaron las funciones que desempeñaba cada uno dentro del grupo. La operación permitió desarticular la red y poner a sus principales miembros a disposición judicial.
Según la Guardia Civil, los integrantes de la organización empleaban dos técnicas de fraude específicas: smishing y phishing. El smishing consiste en enviar mensajes SMS que aparentaban proceder de entidades bancarias con el objetivo de que las víctimas accedieran a páginas web fraudulentas e introdujeran sus credenciales de banca electrónica. El phishing, por su parte, utiliza técnicas similares mediante correo electrónico u otros canales de comunicación.
El modus operandi de la red funcionaba en varias fases coordinadas. Primero, los integrantes de la organización enviaban de forma masiva mensajes SMS que aparentaban proceder de entidades bancarias. Posteriormente, contactaban telefónicamente con las víctimas haciéndose pasar por empleados de su banco para obtener los códigos de verificación necesarios y completar las operaciones fraudulentas. Una vez obtenían el control de las cuentas, realizaban transferencias del dinero disponible y solicitaban préstamos preconcedidos u otros productos financieros a nombre de las víctimas.
Después de obtener los fondos, los delincuentes distribuían el dinero a través de numerosas cuentas bancarias con el fin de dificultar su rastreo y blanquear el dinero obtenido. La Guardia Civil señala que la investigación estuvo marcada por el uso de identidades falsas, cuentas abiertas mediante terceros, transferencias inmediatas entre distintas entidades y una infraestructura tecnológica distribuida en varios países, circunstancias que obligaron a desarrollar un trabajo "de inteligencia financiera y análisis tecnológico", según comunicó el cuerpo de seguridad.
La operación fue desarrollada por el Equipo de Delitos Telemáticos (Edite) y el Equipo de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón. En la fase final se llevaron a cabo tres registros, dos en la provincia de Valencia y uno en Madrid. En ellos se intervinieron teléfonos móviles, equipos informáticos, dispositivos electrónicos, documentación y dinero en efectivo relacionado con la actividad investigada.
Entre el material incautado destaca una base de datos con información personal y bancaria de unas 500.000 personas. El análisis de esa documentación ha permitido identificar hasta el momento a cerca de 2.000 posibles víctimas, aunque la investigación continúa abierta y la Guardia Civil no descarta que aparezcan nuevos afectados conforme avance el análisis de los datos recuperados.
La Guardia Civil ha emitido recomendaciones de seguridad para los ciudadanos. El cuerpo armado recuerda que las entidades bancarias no solicitan por teléfono, SMS o correo electrónico las claves de acceso, contraseñas o códigos de verificación de sus clientes. Ante cualquier comunicación sospechosa, recomienda no facilitar datos personales o bancarios, acceder a la banca electrónica únicamente a través de los canales oficiales y contactar directamente con la entidad para comprobar la autenticidad del mensaje o la llamada. También aconseja revisar periódicamente los movimientos de las cuentas y comunicar de inmediato cualquier operación no autorizada a la entidad financiera correspondiente.