La tranquilidad que caracterizaba la Amazonia ecuatoriana hace años ha desaparecido. Lo que antes era un territorio custodiado por guardaparques dedicados al monitoreo, conservación y registro de especies se ha convertido en un escenario de disputa por el control de la minería ilegal de oro, donde amenazas, encuentros con hombres armados y la presencia de organizaciones criminales son ahora parte de la cotidianidad.

Un guardaparque del Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, ubicado al norte de la Amazonia ecuatoriana, que solicita anonimato por razones de seguridad, relata un incidente que ilustra la magnitud del problema. Mientras realizaba un recorrido de inspección, él y sus compañeros fueron interceptados por "gente fuertemente armada" que se identificó como integrantes de un grupo guerrillero. Los hombres dijeron que estaban "brindando seguridad a los mineros del lugar" y exigieron explicaciones sobre su presencia en la zona selvática. Aunque los guardaparques respondieron que cumplían con sus inspecciones rutinarias, los criminales les confiscaron celulares, GPS y cámaras. "Nosotros no habíamos tenido esos casos antes. ¿Cómo se maneja esa situación?", cuestiona el funcionario.

La expansión de la minería ilegal ha permeado el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) de Ecuador. Información del Ministerio de Defensa revela que al menos nueve de las 71 áreas protegidas del país presentan focos de minería ilegal, aunque expertos advierten que la cifra podría ser mayor. Siete de estas áreas se encuentran en la región amazónica. Detrás de estas actividades operan cuatro grupos criminales: Los Lobos, Los Choneros, Los Galarza y Los Sao Box, una disidencia de Los Lobos. Estas organizaciones han diversificado sus fuentes de financiamiento más allá del narcotráfico y han identificado la extracción ilegal de oro como una actividad altamente rentable.

Según los guardaparques, el problema se intensificó durante la pandemia de covid-19. Cuando las personas perdieron sus fuentes de ingreso, muchas encontraron en la explotación de oro una alternativa económica. La Fundación Ecociencia, organización dedicada a la conservación en Ecuador, señala que la minería ilegal comenzó expandiéndose en sitios remotos, y muchas de las áreas protegidas de la Amazonia cumplen con estas características de aislamiento que facilitan operaciones clandestinas.

Aunque el problema venía gestándose años atrás, los guardaparques confirman que entre 2025 y lo que va de 2026 la situación ha empeorado significativamente. "Este año ha habido un crecimiento rotundo en zonas de amortiguamiento y no va a tardar en entrar a varias áreas protegidas", sostiene el guardaparque del Sumaco Napo-Galeras, quien lleva 15 años trabajando en esa área protegida.

La expansión de la minería ilegal ha modificado fundamentalmente el tipo de amenazas que enfrentan quienes custodian estos territorios. Según Glenda Ortega, ex subsecretaria de Patrimonio Natural de Ecuador, los delitos ambientales dentro de las áreas protegidas han evolucionado. Han pasado de tráfico de fauna y flora a actividades vinculadas con economías criminales como la minería ilegal. "Los guardaparques pueden hacer decomisos, por ejemplo, de tráfico de vida silvestre y todo lo relacionado con el patrimonio natural, pero en temas de seguridad, no tienen competencia", aclara Ortega. Tampoco pueden decomisar maquinaria como retroexcavadoras, dragas o motores, ni combatir a grupos criminales que operan dentro de las áreas protegidas.

El Parque Nacional Podocarpus, un área que alberga más de 4.000 especies de plantas y 600 de aves, ejemplifica la magnitud de la crisis. Un monitoreo de Ecociencia muestra un crecimiento del 125 por ciento de las actividades mineras ilegales entre 2023 y 2024. La superficie afectada pasó de 22 hectáreas en julio de 2023 a 50 hectáreas en septiembre de 2024. Ubicado entre las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, fronterizas con Perú, el parque ha sido objeto de operativos de las Fuerzas Armadas. En una intervención reciente, destruyeron 67 campamentos clandestinos de minería ilegal, aunque los guardaparques advierten que muchas veces estos operativos no tienen resultados duraderos.

"En el Podocarpus existe minería hace tiempo. Incluso vive mucha gente dentro del área haciendo esta actividad", afirma el guardaparque del Sumaco Napo-Galeras. Asegura que han enviado oficios para alertar a las autoridades, pero las respuestas no llegan o quedan traspapeladas en los archivos del Ministerio de Ambiente, Energía y Minas.

El Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras presenta otro caso alarmante. En mayo de 2024, se registró el avance de actividades mineras hasta los límites del parque. "Maquinaria y retroexcavadoras están en el río Punino y en el río Sardinas. Van sacando material y se forman grandes pozas", describe el guardaparque. Las alertas se intensificaron en mayo de 2024, tras un ataque a once militares en el Alto Punino, zona limítrofe con el parque nacional. La emboscada expuso una realidad más profunda: la presencia de grupos criminales y disidencias vinculadas a la minería ilegal. El ataque fue atribuido a los Comandos de la Frontera, una disidencia de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Para Ecociencia, la presencia de estas estructuras evidencia cómo "grupos armados han aprovechado zonas recónditas para extraer minerales".

El Parque Nacional Yasuní, considerado uno de los lugares con mayor biodiversidad por metro cuadrado en el planeta, tampoco ha escapado de esta crisis. Un guardaparques que trabaja allí desde hace seis años relata que los primeros avisos sobre minería ilegal comenzaron en 2023 y, con el paso de los años, han ido en aumento. "Hace dos años, compañeros fueron amenazados en el sector del Curaray —cerca de la frontera con Perú— cuando encontraron personas realizando minería aluvial para extraer oro. Les dijeron que si hablaban los iban a eliminar", relata. En 2025, durante uno de sus recorridos, guardaparques encontraron retroexcavadoras y tanques de combustible dentro del Yasuní. "Les advirtieron que tengan cuidado, que cuiden sus vidas, que saben quiénes son y hasta les habían quitado los celulares", narra el funcionario.

Mientras la atención del Gobierno se concentra en las ciudades más violentas y la disputa entre bandas, la expansión de la minería ilegal ha recibido menos atención institucional. "Obviamente, por priorizar la crisis de seguridad, las áreas protegidas no cuentan con esa acción inmediata o la presencia de las fuerzas del orden", señala Glenda Ortega. La Asociación de Guardaparques del Ecuador ha denunciado en varias ocasiones la presencia de grupos armados, pero no ha habido respuesta por parte de las autoridades o las respuestas han sido limitadas.

El Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador no respondió a las solicitudes de información sobre las medidas adoptadas para proteger a los guardaparques y combatir la minería en el SNAP. Mientras tanto, la sensación de abandono crece entre quienes custodian estos territorios megadiversos.

La desprotección a la que están expuestos los 598 guardaparques en Ecuador ha obligado a algunos a solicitar traslados a otras áreas protegidas. Otros han decidido renunciar a su trabajo. Quienes permanecen deben evaluar constantemente los riesgos detrás de cada patrullaje. El miedo está modificando la gestión de las áreas protegidas de manera fundamental.

Varios guardaparques evitan patrullar en ciertas zonas donde se conoce la presencia de grupos criminales dedicados a la minería ilegal. Otros continúan patrullando, pero prefieren no reportar sobre la presencia de maquinaria para la minería ilegal por temor a represalias. "Las amenazas cortan nuestro nivel de acción como guardaparques. Ya no quedamos como autoridad, sino como soplones", zanja uno de los funcionarios entrevistados.

La crisis refleja una falla sistémica en la capacidad del Estado ecuatoriano para proteger tanto sus áreas protegidas como a los funcionarios encargados de su custodia. La minería ilegal no solo representa una amenaza ambiental para ecosistemas de importancia global, sino que ha convertido el trabajo de conservación en una actividad de alto riesgo donde los guardaparques enfrentan criminales mejor armados y organizados, sin el respaldo institucional necesario para cumplir sus funciones.