Durante la dictadura franquista (1939-1975), el pueblo gitano en España sufrió una persecución institucionalizada a través de mecanismos legales específicamente diseñados para criminalizar su forma de vida y cultura. Dos instrumentos destacaron en esta represión: la Ley de Vagos y Maleantes y el Reglamento de la Guardia Civil, que convirtieron a los gitanos en sospechosos permanentes ante las autoridades.

La Ley de Vagos y Maleantes, promulgada originalmente en 1933 durante la Segunda República pero modificada y endurecida por el régimen franquista, permitía detener preventivamente a personas consideradas potencialmente peligrosas para la sociedad, incluso sin haber cometido delito alguno. Esta normativa afectó desproporcionadamente a la comunidad gitana, cuyos miembros eran frecuentemente catalogados como "vagos" o "maleantes" simplemente por su origen étnico y estilo de vida nómada o seminómada.

Por su parte, el Reglamento de la Guardia Civil contenía artículos específicos que ordenaban la vigilancia estrecha de los gitanos. Las fuerzas de seguridad tenían instrucciones explícitas para controlar sus movimientos, documentación y actividades, creando un estado de sospecha permanente sobre toda la comunidad.

Esta situación de discriminación legalizada se mantuvo durante toda la dictadura, creando un sistema donde los gitanos eran, efectivamente, "culpables hasta que se demostrara lo contrario", invirtiendo el principio fundamental de presunción de inocencia que caracteriza a los sistemas jurídicos democráticos.

La persecución no se limitaba al ámbito legal, sino que se extendía a aspectos culturales y sociales. Las tradiciones, la lengua romaní y las expresiones culturales gitanas fueron objeto de represión como parte de la política homogeneizadora del régimen, que buscaba imponer una visión única de la identidad española.

Esta situación no comenzó a cambiar hasta la muerte de Franco en 1975 y el posterior proceso de transición democrática. La Constitución Española de 1978 marcó un punto de inflexión al establecer en su artículo 14 que "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

A pesar de este reconocimiento formal de igualdad, los efectos de décadas de discriminación institucionalizada han dejado secuelas profundas en la comunidad gitana española, que aún hoy enfrenta prejuicios y desventajas sociales significativas.

Historiadores y activistas por los derechos de los gitanos señalan que este capítulo de la historia española ha sido insuficientemente estudiado y reconocido, formando parte de lo que algunos denominan "memoria histórica pendiente". La documentación y reconocimiento de esta persecución sistemática resulta fundamental para comprender las raíces de la discriminación que aún persiste contra el pueblo gitano en la España contemporánea.

En los últimos años, diversas organizaciones gitanas y de derechos humanos han impulsado iniciativas para recuperar y difundir esta memoria histórica, buscando no solo el reconocimiento de las injusticias pasadas sino también herramientas para combatir la discriminación presente.