El 24 de junio de 2025 marcó un punto de quiebre para los comerciantes de Pico Rivera, California. Ese día, decenas de agentes de la Patrulla Fronteriza y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) irrumpieron en las calles del suburbio ubicado al este de Los Ángeles en lo que se convirtió en el inicio de una ofensiva migratoria sin precedentes. Las caravanas de camionetas blancas con franjas verdes se hicieron habituales en las avenidas, persiguiendo a trabajadores en estacionamientos, gasolineras y calles de barrios latinos. Uno de esos operativos fue transmitido en vivo por Facebook desde una llantera cercana al bulevar Rosemead, y el video se viralizó de inmediato. Fue el detonante que cambió todo.

Roberto Godínez, propietario de una tienda de autoservicio en Pico Rivera, experimentó en carne propia el impacto de esas redadas. Su negocio, que dependía principalmente de la venta de agua purificada, cervezas y frituras, vio cómo sus ingresos diarios se desplomaron de 3.500 dólares a apenas 1.400 dólares. "De ahí fue bajando, bajando, bajando. No nos hemos podido recuperar", lamenta Godínez, un inmigrante originario de Jalisco de 65 años que ha pasado la mayor parte de su vida en Estados Unidos. "Estamos sobreviviendo, como si estuviéramos en una crisis económica. Apenas sale para cubrir el sueldo de los trabajadores". Incluso la Copa del Mundo, que se disputó durante 39 días, no logró revitalizar las finanzas del comercio local. "La gente no sale ni a comprar cervezas", dice Godínez.

La experiencia de Godínez no es un caso aislado. Un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) documentó el alcance sistemático del daño económico en los corredores comerciales latinos de la región. La investigación se centró en 75 empresarios latinos con negocios distribuidos en nueve corredores comerciales frecuentados por inmigrantes hispanos, incluyendo Huntington Park, Whittier, Westlake, Pacoima y el Distrito de la Moda. Los investigadores documentaron que solo en las dos primeras semanas de junio de 2025, estos establecimientos recibieron 46.000 visitas menos, una caída que se tradujo en pérdidas estimadas en casi 3,2 millones de dólares.

Los números del informe de UCLA revelan la magnitud de la crisis. El 59% de los empresarios entrevistados reportó desplomes de ingresos superiores al 50%. La mitad aseguró que algunos de sus empleados dejaron de acudir a trabajar por miedo a ser detenidos por agentes migratorios. Como consecuencia directa, siete de cada diez establecimientos redujeron su horario de atención o cerraron temporalmente. Muchos comerciantes afirmaron que las ventas apenas alcanzaban para cubrir los gastos operativos y, en ocasiones, ni siquiera eso. Un año después de iniciadas las redadas, el panorama apenas ha mejorado: el 95% de los empresarios entrevistados reconoció que seguía enfrentando dificultades financieras debido a la ausencia de clientes.

El impacto no se limitó a las finanzas. El 76% de estos empresarios dijo haber sufrido un deterioro emocional que terminó afectando su salud. "Un año después, muchos dueños de negocios siguen en una situación de vulnerabilidad financiera. El miedo, la incertidumbre y la presión económica continúan deteriorando su salud y bienestar", señaló Amada Armenta, coautora del informe y directora del Instituto de Políticas y Política Latina (LPPI) de UCLA. "La pérdida de clientes afectó a negocios de distintos sectores y tamaños, independientemente del estatus migratorio de sus propietarios".

En Huntington Park, uno de los municipios con mayor concentración de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, el bulevar Pacific se convirtió en un símbolo de la crisis. Desde el verano de 2025, los letreros de "Se renta" se multiplicaron en los escaparates de los locales vacíos. Solo las victorias de la selección mexicana durante el Mundial devolvieron por unas horas el bullicio a sus calles, como en los tiempos de mayor prosperidad. Fueron, sin embargo, destellos efímeros que no lograron revertir la tendencia de cierre de negocios.

"Pequeñas empresas y corredores comerciales han quedado vacíos, mientras los propietarios y trabajadores luchan por salir adelante y las familias sufren", dijo Rudy Espinoza, director ejecutivo de Inclusive Action, que colaboró en el estudio. "Esta investigación pone de relieve el terrible impacto de estas políticas y ofrece a los miembros de nuestra comunidad una plataforma para compartir su verdad".

El despliegue de agentes federales fue masivo. Desde el inicio del segundo mandato de Trump, más de 16.000 inmigrantes han sido detenidos en el área metropolitana de Los Ángeles, más del triple que durante los últimos años de la Administración de Joe Biden, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Las cifras oficiales muestran que el 52% de los detenidos nació en México y que su edad promedio era de 41 años. La inmensa mayoría, el 87%, eran hombres y el 39% carecía de antecedentes penales.

Muchos de los detenidos fueron trasladados al centro de detención de Adelanto, una prisión migratoria privada situada en el desierto de Mojave, a unos 150 kilómetros de Los Ángeles. El centro acumula desde hace años denuncias por presuntos malos tratos, negligencia médica, alimentación deficiente e incluso por el suministro de agua sucia a los detenidos. Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca han muerto allí cuatro ciudadanos mexicanos. Un informe publicado recientemente por el Departamento de Justicia de California, elaborado a partir de inspecciones en cárceles del ICE en el Estado, muestra el drástico aumento de la población recluida: de apenas siete personas bajo custodia en noviembre de 2023 a 1.570 en julio de 2025.

La Administración Trump rechaza que su estrategia de deportaciones masivas haya perjudicado a la economía local. "Seamos claros: si existiera alguna correlación entre la inmigración ilegal desenfrenada y una buena economía, Biden habría tenido una economía en auge", afirmó el Departamento de Seguridad Nacional en una respuesta escrita. La agencia sostiene que las detenciones y deportaciones "hacen que las comunidades sean más seguras para los dueños de negocios y sus clientes".

Arturo Aguilar abrió el restaurante El Valle Oaxaqueño en el oeste de Los Ángeles en el año 2000. Creía que su negocio ya había sobrevivido a las peores tormentas: la crisis hipotecaria de 2008 y la pandemia del COVID-19. Nunca imaginó que una campaña de deportaciones masivas pondría en jaque su establecimiento durante tantos meses. "Claro que nos pegó duro, tanto en las ventas como con los empleados, que tenían miedo de venir a trabajar. Los clientes dejaron de venir. El restaurante estaba vacío: dos o tres mesas ocupadas, y apenas un poco más los fines de semana", recuerda.

El empresario atribuye este bache a lo que llama un "paquete" de factores. "Además de las redadas, la inflación subió el precio de los productos, subió el costo de la gasolina y, ya que aumentó el desempleo, también aparecieron más vendedores ambulantes. Eso nos afecta a todos. No estoy en contra de ellos, yo empecé así hace más de treinta años, pero se ponen en las esquinas, a veces frente a los negocios. No pagan renta, empleados, impuestos, nada. Al final se convierten en una competencia", explica Aguilar, un inmigrante oaxaqueño de 64 años que llegó a Estados Unidos en 1990.

Aguilar reconoce que haber diversificado sus inversiones le ha permitido amortiguar el golpe. Además del restaurante, es propietario de un mercado y una panadería. En conjunto, sus negocios generan cerca de 90 empleos. Mientras El Valle Oaxaqueño ha perdido hasta el 70% de su clientela, las otras empresas le han permitido mantenerse a flote. Él resume esa estrategia con una palabra muy mexicana: "campechanear", que significa arreglárselas con lo que se tiene.

Sus hijos ya se hicieron cargo de la operación cotidiana de los negocios y son ellos quienes hoy cargan con buena parte de las preocupaciones. Aun así, Aguilar no pierde el optimismo. Confía en que las elecciones legislativas de medio mandato, en las que los demócratas buscarán recuperar el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, marquen un punto de inflexión. "Tengo mucha esperanza y sé que habrá un cambio", dice con emoción. "No falta mucho para verlo, tanto en la política migratoria como en la economía".

El impacto de las redadas trasciende los números económicos. Ha generado un clima de miedo generalizado en comunidades que durante décadas habían funcionado como espacios de relativa seguridad para inmigrantes. La ausencia de clientes, la reducción de horarios y los cierres temporales han fragmentado el tejido social de estos corredores comerciales, espacios que históricamente han sido centros de vida comunitaria, empleo y transmisión cultural para las poblaciones hispanas del sur de California.