Ley antiplásticos de California enfrenta demandas de 17 estados y grupos ambientalistas

La ley, firmada por el gobernador Gavin Newsom en 2022 pero que entró en vigor en mayo de 2026, exige que las empresas de plásticos y envases reduzcan el uso de plásticos de un solo uso y garanticen que para 2032 todos los envases sean reciclables o compostables, según The Guardian. El objetivo central es incentivar a los productores de plásticos a considerar el fin de vida de sus productos para crear botellas, contenedores y envolturas mejores y más sostenibles.

Bajo las nuevas reglas, los productores de plásticos deben reducir el plástico de un solo uso, aumentar las tasas de reciclaje y pagar 5.000 millones de dólares para remediar los daños causados por la contaminación plástica, según la fuente.

La ciencia del reciclaje de plásticos no es alentadora: solo entre el 5% y el 6% del plástico se recicla alguna vez, según The Guardian. A pesar del progreso en años recientes con prohibiciones locales de bolsas y envases plásticos, y de que los productores promocionan nuevas tecnologías, los expertos afirman que esa tasa es poco probable que cambie debido al bajo costo de crear plástico nuevo. Además, los mercados para vender plástico reciclado han caído cuando China y otros países redujeron drásticamente la cantidad de plástico que comprarían de Estados Unidos, según la fuente.

**La demanda de 17 estados**

Los grupos industriales sostienen que la ley impone una carga indebida y un costo financiero a los fabricantes de otros estados que aún tendrán que cumplir para hacer negocios en California, según The Guardian. El lunes, una coalición de 17 estados demandó en un esfuerzo por bloquear la ley.

Un problema, según los demandantes, es que la ley de California exige que las empresas se registren y paguen tarifas a una entidad privada designada por el estado llamada Circular Action Alliance. "Ningún estado debería limitar el comercio interestatal, y mucho menos delegar el poder de establecer y cobrar impuestos a un tercero fuera del alcance del escrutinio público", dijo Eric Hoplin, presidente y director ejecutivo de la Asociación Nacional de Distribuidores Mayoristas, que se unió a la demanda, en un comunicado esta semana, según la fuente.

Heidi Sanborn, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Acción de Administración, quien negoció parte del proyecto de ley, afirma que la pregunta no es si hay un costo en lidiar con los plásticos al final de su vida útil. "La pregunta es quién paga por ello y si el sistema está diseñado para ofrecer el mayor beneficio ambiental de la manera más rentable posible", dice, según The Guardian.

Sanborn sostiene que actualmente el costo de gestionar los residuos de envases recae en gran medida en los gobiernos locales, contribuyentes, usuarios de servicios públicos y pequeñas empresas, mientras que la nueva ley comparte esa responsabilidad con las compañías que diseñan, comercializan y obtienen ganancias de los envases, según la fuente.

"Cuando se hace correctamente, esto crea incentivos para un diseño de envases más inteligente, reduce los costos de gestión de residuos que soportan las comunidades y apoya la inversión en mercados finales responsables que mantienen materiales valiosos en circulación y fuera del medio ambiente", dice Sanborn, según The Guardian. "La discusión real debería ser cómo implementar la ley de manera eficiente y justa para que ofrezca beneficios ambientales mientras minimiza los costos para las familias y empresas de California".

**La ironía de la participación industrial**

Originalmente hubo un impulso para poner una iniciativa en la boleta electoral de California para prohibir el poliestireno, también conocido como espuma de poliestireno, según The Guardian. Pero en el último minuto, el Consejo Estadounidense de Química, un grupo comercial para empresas de combustibles fósiles y químicos, intervino y negoció con el senador estatal Ben Allen, junto con empresas y grupos ambientalistas, un proyecto de ley de compromiso.

Dado que los grupos industriales fueron parte de la creación de la ley, es irónico que ahora estén demandando, dice Judith Enck, ex administradora de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) que dirige Beyond Plastics, un grupo de defensa ambiental, según la fuente. "La industria negoció este proyecto de ley, y sin embargo están tratando de socavarlo con esta demanda", dice. "Hay una gran diferencia entre presentar una demanda y ganar una demanda, y me sorprendería si prevalecieran".

Avinash Kar, director senior de tóxicos y salud ambiental del Consejo de Defensa de Recursos Naturales (NRDC), coincide en que la probabilidad de que la demanda prevalezca es baja, según The Guardian. El argumento de que la ley impone una carga indebida y un costo financiero a los fabricantes de otros estados que aún tendrán que cumplir para hacer negocios en California no se ha sostenido en otros contextos.

"Esto es parte del patrón de la industria de retrasar, retrasar, retrasar", dice Kar, según la fuente. Añade que la industria química ha impugnado restricciones sobre otros productos, incluidos los PFAS (sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas) en productos en Minnesota por motivos de cláusula de comercio, y esos esfuerzos fueron rechazados. "No estoy seguro de por qué esto sería diferente", dice, según The Guardian.

**Grupos ambientalistas también demandan**

Mientras tanto, una coalición de grupos ambientalistas, incluido el NRDC, también está impugnando la ley, pero por razones diferentes, según The Guardian. Afirman que las reglas del estado violan la ley al permitir métodos de reciclaje que crean residuos tóxicos y al dejar que algunos plásticos escapen de las reglas por completo al cambiar la definición de reciclaje.

"Necesitamos asegurarnos de que el reciclaje que ocurra bajo ella sea real y no imaginario y no lavado verde, y necesitamos asegurarnos de que todos los productos plásticos que se pretendía cubrir con la ley estén cubiertos, y esas son las lagunas que fueron creadas por las regulaciones que se finalizaron, y por eso estamos demandando ahora", dice Kar, según la fuente.

"La ley de California tiene objetivos reales, puede hacer mejoras reales y tiene potencial real. Y eso está siendo socavado por la forma en que CalRecycle finalizó sus regulaciones, y por eso vamos a los tribunales", añade, según The Guardian.

**Experiencia internacional y perspectivas**

Las leyes que crean responsabilidad extendida del productor están funcionando en Europa, Canadá, Asia, América del Sur, África y en todo el mundo, dice Scott Cassel, fundador del Instituto de Administración de Productos, una organización sin fines de lucro con sede en Boston que impulsa la economía circular, según la fuente. "Estas leyes proporcionan una red de responsabilidad que comparte la responsabilidad entre gobiernos, productores, otros en la cadena de suministro y recicladores", dice. "Presentar demandas no es la respuesta. Es una pérdida de tiempo y dinero de todos".

Kar afirma que la respuesta a la ley muestra una cosa claramente: la gente está energizada sobre los plásticos, según The Guardian. "La gente está preocupada por los microplásticos: se han encontrado en todos nosotros y se están asociando con impactos en la salud", dice. "Los plásticos están obstruyendo su entorno y no desaparecen".

**Implicaciones futuras**

La batalla legal en torno a la ley de California podría establecer precedentes significativos para otros estados que consideran legislación similar sobre plásticos de un solo uso. Si la demanda de los 17 estados fracasa, como anticipan varios expertos legales, podría abrir la puerta para que más estados adopten marcos de responsabilidad extendida del productor. Por el contrario, si los grupos ambientalistas tienen éxito en su impugnación sobre las lagunas regulatorias, podría fortalecer la ley al cerrar las excepciones que permiten métodos de reciclaje cuestionables.

La disputa también refleja tensiones más amplias sobre quién debe asumir la responsabilidad financiera y operativa de la crisis global de contaminación plástica, un debate que se desarrolla simultáneamente en foros internacionales y legislaturas estatales en todo el mundo. Con California representando la quinta economía más grande del mundo, las decisiones tomadas allí frecuentemente influyen en políticas nacionales e internacionales sobre regulación ambiental.