El libro organiza y sintetiza hallazgos descubiertos hasta la fecha, recopilando testimonios de agredidos, investigaciones periodísticas, auditorías forenses y documentos incautados de las sedes de la orden en Bolivia. Está escrito por Edwin Alvarado, Wilder Flores y Pedro Lima, todos miembros de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS), quienes concluyen que los delitos fueron "perpetrados de manera sistemática, protegidos por una política institucional y contra una población vulnerable".

La revelación inicial de estos abusos ocurrió en 2023, cuando EL PAÍS reportó los crímenes cometidos por el jesuita español Alfonso Pedrajas durante tres décadas contra un centenar de niños en situación vulnerable en Bolivia. Ese reportaje causó un revuelo mediático y social en el país sudamericano, pero resultó ser apenas la punta del iceberg. Posteriormente aparecieron denuncias contra al menos una veintena de abusadores adicionales, casi todos españoles y pertenecientes a la Compañía de Jesús. Las investigaciones de EL PAÍS calculan aproximadamente 500 víctimas desde la década de 1960, aunque la CBS las cifra en más de 1.000.

Los crímenes ocurrieron en instituciones diseñadas por jesuitas para proteger a menores en situaciones precarias. Entre los lugares documentados están el internado-colegio Juan XXIII de Cochabamba, las oficinas de la organización no gubernamental Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI), y el hogar de niños huérfanos Tacata. Estas instituciones, que supuestamente ofrecían techo, educación y protección de derechos a niños y niñas en situaciones de calle, se convirtieron en espacios donde los abusos se perpetuaron durante décadas.

El encubrimiento institucional fue sistemático. Cuando las víctimas reunían el coraje de presentar denuncias ante la Iglesia, los altos cargos no las ponían en conocimiento de la justicia ordinaria. Existió una red de encubrimiento que escondía pruebas y guardaba silencio, alcanzando niveles jerárquicos superiores de la institución. Según el libro, "los hechos de abuso sexual se dieron no solo por la personalidad anormal o desviada de los agresores, sino por las condiciones estructurales y circunstanciales dentro de la institución, que permitieron que esto sucediera de modo sistemático, generalizado e impune".

El caso de Alfonso Pedrajas, conocido como "Padre Pica", ilustra esta dinámica. Pedrajas abusó de niños entre 1971 y 2008 mientras era director del colegio Juan XXIII. En su diario personal, relata sus agresiones y confiesa que al menos siete superiores provinciales y una decena de clérigos bolivianos y españoles sabían de estos hechos, escribiendo: "lo conté tantas veces". Tras una denuncia interna de una víctima en 1983, los jefes clericales lo designaron a las minas como castigo, pero esta acción no detuvo los abusos. En 1984, Pedrajas fue devuelto al colegio Juan XXIII, donde continuó cometiendo crímenes.

La designación de Pedrajas a las minas en 1983 fue seguida por el envío de Francesc Peris, un sacerdote catalán, como su reemplazo. Peris llegaba a Bolivia huyendo de denuncias por violación de niñas en el colegio jesuita Casp de Barcelona. En el Juan XXIII duró apenas un año, porque una decena de alumnas que fueron agredidas sexualmente por él decidieron enfrentarlo. Los autores del libro cuestionan: "¿Acaso eso no es clara facilitación cómplice del provincial jesuita en Cataluña, del viceprovincial boliviano y de la institución religiosa, que permitió la comisión de delitos en aquel internado?".

Otro caso documentado es el de Luis Tó González, sacerdote catalán enviado a Bolivia como profesor de ética sexual de novicios en 1992, apenas meses después de ser hallado culpable de violar a una niña en el colegio Sant Ignasi de Barcelona. En Bolivia continuó cometiendo abusos. Documentación interna a la que tuvo acceso EL PAÍS revela que tanto los jesuitas de Cataluña como el general de la Compañía en Roma fueron informados periódicamente del riesgo de reincidencia de Tó, pero no tomaron medidas para evitar que continuara teniendo acceso a menores.

El libro enumera a 23 sacerdotes jesuitas de los que la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes ha recibido denuncias. Entre ellos está Luis Roma, quien abusó de al menos 70 niñas indígenas cuando era misionero en la población rural de Charagua, registrando sus delitos en su diario y produciendo material audiovisual con ellos. También aparece Alejandro Mestre, acusado por un exalumno del colegio San Calixto, quien posteriormente ocupó el prestigioso cargo de secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana. Otro caso es el de Jorge Vila, fundador del DNI, a quien se acusa de usar fondos de la cooperación internacional para extorsionar a sus víctimas comprándoles terrenos, casas y entregándoles dinero.

En cuanto a las acciones legales, en marzo de 2026 dos antiguas máximas autoridades de los jesuitas en Bolivia, ambos españoles, fueron sentenciados a un año de prisión por encubrir los crímenes de Pedrajas. Sin embargo, la condena no ha sido ejecutada. Según Edwin Alvarado, uno de los autores del libro y víctima de Pedrajas, "la defensa presentó una apelación que ha sido rechazada para ratificar la sentencia en segunda instancia. Sin embargo, los jesuitas han presentado un memorial de solicitud de casación ante el Tribunal Supremo de Justicia. Todo es dilatorio; si fallecen los acusados, el juicio se extingue antes de quedar ejecutoriado".

La fiscalía boliviana ha recibido una media docena de casos, y la mayoría de los 23 casos documentados en el libro ya han sido presentados al Ministerio Público de Bolivia, mientras que otros todavía están siendo armados y apoyados por la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes.

Los autores del libro enfatizan que su lucha no es contra la fe de cada persona, ni contra la Iglesia católica, ni siquiera contra la Compañía de Jesús en su totalidad, sino por justicia para las víctimas y sobrevivientes. Los integrantes de la comunidad esperan que el libro sea, además de un expediente, una "herramienta de prevención que permita conocer los mecanismos de encubrimiento". No creen hallar una reparación completa a las consecuencias de la agresión —que incluyen alteración en la vida sentimental, laboral y psicológica—, pero sí un resarcimiento: "No basta con pedir perdón, se debe reconocer públicamente el daño y garantizar una reparación integral con todas sus implicaciones".