La administración de Sheinbaum ha descartado por ahora implementar una reforma fiscal integral, prefiriendo enfocarse en aumentar impuestos específicos y mejorar la fiscalización para elevar los ingresos públicos. Según la ley de ingresos de 2026, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y actualmente se discute en el Senado, el gobierno federal busca recaudar más de 10 billones de pesos, de los cuales 5,8 billones provendrán de impuestos.

La estrategia fiscal del gobierno mexicano pondrá especial atención en el pago de impuestos por parte de refresqueras, fabricantes de sueros orales, tabacaleras, plataformas digitales como Netflix, Uber y Tinder, así como empresas importadoras y exportadoras, según información de El País. Con estas medidas, el combate a la facturación falsa y una mayor vigilancia en aduanas, Hacienda espera obtener más de 760.000 millones de pesos adicionales en 2026.

Entre las modificaciones fiscales más destacadas se encuentra un aumento del 87% en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para refrescos y bebidas saborizadas, que equivaldrá a un cobro de 3,08 pesos por litro. Para los cigarros, la tasa del IEPS se incrementará del 160% al 200%. También se contempla un alza del 30% al 50% en los impuestos a juegos con apuestas en casinos y sorteos en línea, así como la imposición de una cuota del 8% en videojuegos con contenido violento, según detalla El País.

La presidenta Sheinbaum ha calificado estos cambios como simples "actualizaciones" y ha reconocido que el único aumento que podría afectar directamente a los ciudadanos es el incremento fiscal a los refrescos, aunque justificó esta medida como un intento de reducir el consumo de estas bebidas. "En vez de comprar 30 latas de refresco en un mes, compra 29. Te va a ayudar a tu salud y no vas a pagar más impuestos en refrescos", declaró durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, según recoge El País.

Sin embargo, expertos y pequeños comerciantes han advertido que estas medidas, lejos de inhibir el consumo, son principalmente recaudatorias y afectarán directamente el bolsillo de las familias mexicanas, de acuerdo con El País.

El paquete económico también incluye un aumento en la tasa de retención sobre capitales invertidos en el sistema financiero, que pasará del 0,5% al 0,9%. Además, la Cámara de Diputados aprobó incrementos superiores al 100% en los precios de documentos migratorios para extranjeros y en las entradas de algunos museos. Se contemplan igualmente cambios para el sistema financiero en materia de deducibilidad de aportaciones al IPAB y de cuentas incobrables.

Raymundo Tenorio, profesor emérito del TEC de Monterrey, explicó a El País que la meta de recaudación de Hacienda se apoya principalmente en los impuestos habituales como el ISR y el IVA, postergando la discusión de fondo sobre una reforma fiscal debido al coste político que implicaría. "Es optimista esta meta de recaudación de 5,8 billones de pesos, sobre todo si se considera que la actividad económica en el 2026 no llegará más allá del 1,5%. Hacienda está sobreestimando la eficiencia recaudatoria en resolución de litigios, de persecución a factureras, lo cual va de acuerdo con la ley, pero me parece que son demasiado optimistas dado el crecimiento que se espera en la actividad económica para el próximo año tan mediocre", señaló.

El equilibrio de las finanzas públicas dependerá de la eficacia de esta estrategia fiscal. En 2024, México cerró con el mayor déficit fiscal de los últimos 30 años, equivalente a un 5,7% del PIB. El gobierno actual enfrenta el desafío de reducir el desbalance entre ingresos y egresos, una tarea complicada considerando el millonario compromiso de gasto social en becas, programas sociales y pensiones, sumado al lento dinamismo económico, que según el consenso de analistas crecerá por debajo del 1% en 2025, según reporta El País.

La agencia Moody's publicó recientemente un informe donde advierte que el gobierno mexicano enfrenta crecientes presiones fiscales debido al aumento del gasto corriente y de los programas sociales, junto con una mayor carga de deuda en un entorno de altas tasas de interés. "Un gobierno que enfrenta un desequilibrio fiscal cada vez mayor aumenta el riesgo de perder la confianza y genera dudas sobre su capacidad para cumplir con sus obligaciones de deuda, lo que a su vez provoca que los compradores de bonos exijan una prima de riesgo más alta. Por lo tanto, un fuerte compromiso con la consolidación fiscal es una condición necesaria para reducir la vulnerabilidad de la economía", concluye la agencia, según cita El País.