La Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México modificó el cálculo para determinar la Capacidad Total de Absorción de Pérdidas, conocida por sus siglas en inglés como TLAC, con el objetivo de garantizar que los bancos más importantes del país tengan el capital suficiente para absorber pérdidas severas, según informó el regulador financiero mexicano. Aunque se trata de una actualización técnica y de carácter obligatorio para que las entidades financieras ajusten sus metodologías de medición de activos y riesgos de capitalización, la orden aterriza en un momento especialmente delicado en el sistema financiero mexicano.

La medida llega tras las acusaciones de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otros nueve funcionarios del estado por sus supuestos nexos con el narcotráfico, y a menos de dos meses de la revisión trilateral del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, según reportó El País.

Fuentes allegadas al sector bancario explicaron que México necesita evitar a toda costa cualquier fantasma de inestabilidad financiera que opaque el panorama macroeconómico en momentos de especial tensión diplomática con Estados Unidos, su principal socio comercial. "Es una medida de autodefensa y una señal de alineación técnica para llegar a la mesa del TMEC con el sistema bancario bajo control y sin flancos débiles que Washington pueda usar como palanca de presión. El Gobierno de México debe asegurar que la banca múltiple tenga más capital propio respaldando sus riesgos, transfiere la responsabilidad de la estabilidad al sector privado, blindando al gobierno de posibles crisis bancarias", dijeron las fuentes consultadas por El País.

El regulador financiero mexicano dio un plazo de cuatro meses a los bancos para que ajusten sus cálculos sobre el suplemento al capital neto conforme a las nuevas disposiciones, según informó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. De esta manera, los bancos que operan en México deberán alinearse con los estándares internacionales definidos por el Consejo de Estabilidad Financiera y el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.

En 2025, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores designó a ocho bancos en México como instituciones de importancia sistémica local: BBVA, Santander, Banorte, Banamex, HSBC, Inbursa, Scotiabank y Citi México, este último tras la escisión de Banamex, según el regulador. La clasificación indica que, en el supuesto de una quiebra potencial, se pudiera afectar la estabilidad del sistema financiero en México en su conjunto e incluso incidir sobre la economía del país.

El TLAC se estableció a nivel global en 2015, tras la crisis financiera de 2008, según informó El País. En ese entonces, las autoridades del G20 determinaron que los bancos de importancia sistémica global debían contar con recursos de capital y deuda elegible suficientes para absorber pérdidas y permitir un proceso de quiebra o resolución ordenada, con el objetivo de reducir los impactos negativos en la estabilidad financiera y evitar el uso de recursos públicos durante estos procesos. En México, este estándar comenzó a implementarse en 2021 mediante una transición gradual que finalizó en 2025.

La implementación del requerimiento TLAC permite que, en caso de un evento de resolución bancaria, las pérdidas sean absorbidas por accionistas y acreedores tenedores de instrumentos elegibles como TLAC, según explicó el Banco de México. En un documento publicado el año pasado, el Banco de México señaló que este mecanismo disminuye la exposición de los contribuyentes ante quiebras de instituciones que podrían ser consideradas "demasiado grandes para quebrar". Además, su implementación permite también fortalecer la resiliencia del sistema ante escenarios de estrés severo, sin recurrir a recursos públicos.

Estados Unidos tiene puesto el punto de mira sobre el sistema financiero mexicano desde hace meses por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, según reportó El País. En junio pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a los bancos Intercam y CIBanco, y a Vector, por supuestos actos de blanqueo de capitales a favor de los grandes cárteles en México. El bloqueo financiero que supusieron estas sanciones llevó a la extinción de las tres entidades financieras y activó las alertas en todo el ecosistema bancario conformado por más de 50 bancos.

Ahora, las alarmas se han encendido de nuevo con las acusaciones de Washington contra el gobernador con licencia de Sinaloa y nueve funcionarios más del estado, según informó El País. En respuesta, la banca mexicana congeló de manera preventiva las cuentas de los implicados. "La UIF precisa que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo", informó este lunes la Unidad de Inteligencia Financiera por escrito.

Esta inédita acusación, aunada a la próxima revisión del acuerdo comercial de Norteamérica, mantiene al Gobierno de México en guardia, según reportó El País. La revisión trilateral del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá está programada para dentro de menos de dos meses, lo que añade presión adicional sobre las autoridades mexicanas para demostrar la solidez de su sistema financiero.

La medida de endurecimiento de los requisitos de capital bancario representa un esfuerzo del gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, para blindar el sistema financiero ante posibles crisis y demostrar a sus socios comerciales que el país mantiene estándares internacionales en materia de regulación bancaria. La implementación completa de los estándares TLAC coloca a México en línea con las mejores prácticas internacionales establecidas por el G20 tras la crisis financiera global de 2008.

Los ocho bancos designados como instituciones de importancia sistémica local deberán presentar sus nuevos cálculos ajustados en un plazo de cuatro meses, lo que significa que el proceso de adaptación deberá completarse antes de la revisión del tratado comercial. El cumplimiento de estos requisitos será crucial para mantener la confianza de los inversionistas internacionales y evitar que Estados Unidos utilice la estabilidad financiera como argumento en las negociaciones comerciales.