Miles de personas marcharon este martes 30 de junio por las principales ciudades de Sudáfrica en protestas convocadas por grupos antimigración que exigen al Gobierno la expulsión de todos los inmigrantes irregulares, a quienes culpan del desempleo, la delincuencia y la saturación de servicios públicos. Las manifestaciones, que se desarrollaron en Johannesburgo, Durban, Ciudad del Cabo y Pretoria, dejaron incidentes aislados, enfrentamientos con la policía y algunos saqueos, aunque se evitó el estallido generalizado de violencia que se temía tras el ultimátum dado por estos colectivos.
Los manifestantes empuñaron palos y bates, se envolvieron en banderas sudafricanas y gritaron consignas contra la inmigración irregular durante las marchas de este martes, según reportó El País. "¡Abahambe!" ("Deben irse" en isizulú, el idioma mayoritario) gritaron las multitudes grabadas ante las cámaras de televisión desde Durban a Ciudad del Cabo, pasando por Johannesburgo y Pretoria, según la misma fuente.
Este 30 de junio se cumplía el ultimátum que estos grupos habían dado al Gobierno para expulsar a todos los extranjeros en situación irregular, según El País. Los inmigrantes, en situación legal o no, representan unos 2,4 millones de personas, menos del 4% de la población total según StatsSA, la oficina de estadística estatal, de acuerdo con la misma fuente. La amenaza, de no plegarse a esta exigencia, era convocar un paro nacional, movilizaciones masivas y dar rienda suelta a la violencia.
Hasta la noche del martes no se había producido un estallido generalizado de violencia, ni había habido ataques masivos contra infraestructuras o comercios, ni se habían registrado muertes, según El País. Sin embargo, sí se dieron incidentes aislados, enfrentamientos con la policía y algunos saqueos, de acuerdo con la misma fuente.
El Gobierno desplegó desde primera hora un amplio dispositivo policial en todo el territorio nacional y previamente había anunciado un fondo de 600 millones de rands (unos 32 millones de euros) para hacer frente a posibles contingencias, según El País. Durante la jornada, la policía detuvo a algunos saqueadores de comercios, aunque no ofreció cifras exactas sobre los arrestados, de acuerdo con la misma fuente. El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, volvió a recordar que solo las autoridades pueden aplicar las leyes migratorias, según El País.
Los altercados más graves se registraron en Johannesburgo, según la misma fuente. En Hillbrow, dos personas, entre ellas un adolescente de 17 años, resultaron heridas de bala después de que tres individuos abrieran fuego contra una marcha, de acuerdo con El País. Los manifestantes respondieron incendiando el vehículo de los presuntos atacantes, que fueron detenidos posteriormente por la policía, según la misma fuente. En el norte de la ciudad, los concentrados lanzaron piedras contra los agentes y contra personas a las que creían extranjeras, y según la agencia Reuters citada por El País, se escucharon disparos en el distrito financiero.
En el barrio de Benoni, los uniformados desplegaron vehículos tácticos después de verse rodeados por unos 500 manifestantes, según El País. En Soweto, algunas personas vandalizaron viviendas ocupadas supuestamente por migrantes, y en Pietermaritzburg la policía empleó balas de goma para dispersar a los concentrados, de acuerdo con la misma fuente. La cadena de televisión News24 informó además de que un ciudadano extranjero estuvo a punto de ser linchado y tuvo que ser rescatado por la policía, mientras que otra persona fue atacada en la misma calle donde se desarrollaban las protestas, según El País.
El miedo se extendió entre la población extranjera durante toda la jornada y por eso muchos optaron por no abrir sus negocios o permanecer en casa, según la misma fuente. "No había visto la ciudad tan tranquila desde el confinamiento por la covid-19", aseguró a El País por teléfono Yeshiel Panchia, periodista independiente que estuvo siguiendo las protestas en Johannesburgo.
Detrás de esta movilización hay varias organizaciones que desde hace años reclaman al Gobierno la expulsión de los inmigrantes, a quienes responsabilizan del desempleo —que supera el 30%—, del colapso de los servicios públicos y del aumento de la delincuencia, según El País. Una opinión que compartió Silindile Xaba, de 31 años, que salió a manifestarse en Durban. "La gente no trabaja porque los empleos los están ocupando extranjeros ilegales. No es justo", declaró a Reuters, según El País. Sin embargo, analistas sudafricanos sostienen que parte de este discurso está siendo aprovechado por algunos dirigentes políticos de cara a las elecciones locales previstas para noviembre, de acuerdo con la misma fuente.
Mia Malan, periodista y directora del medio de comunicación sudafricano Bhekisisa, sostiene que esa frustración se está dirigiendo hacia un blanco equivocado, según El País. A su juicio, el verdadero origen del malestar está en la corrupción, la mala gestión pública y el deterioro de unos servicios básicos que llevan años generando frustración entre la población, de acuerdo con la misma fuente. "La gente busca a quién culpar y los inmigrantes son un blanco fácil", resume, según El País. Malan recuerda además que muchos extranjeros sin documentación trabajan en pequeños comercios de los suburbios chabolistas o como empleados domésticos y agrícolas, ocupando empleos que rara vez pertenecen al mercado laboral formal, de acuerdo con la misma fuente. "Su éxito en algunos negocios genera resentimiento, pero no hay pruebas de que sean los responsables de la falta de empleo o del deterioro de los servicios públicos", concluye, según El País.
El movimiento antimigración más destacado es March & March, que ha logrado canalizar el sentimiento antimigración y convertirlo en una movilización nacional gracias al formidable altavoz de las redes sociales, según la misma fuente. Una de sus líderes es Jacinta Ngobese-Zuma, antigua locutora de radio y activista antiinmigración, de acuerdo con El País. Este martes, Ngobese anunció que mantendrán las protestas semanalmente hasta lograr sus objetivos, según la misma fuente. "Durante los próximos seis meses pedimos que se utilicen nuestros recursos nacionales para sacar a los inmigrantes ilegales del país. Deben irse edificio por edificio", declaró en Durban a la agencia Reuters, según El País.
March & March, sin embargo, ha insistido en que no puede responsabilizarse de todos los actos de violencia, de acuerdo con la misma fuente. "Desafortunadamente, no podemos estar en cada comunidad explicando a la gente cómo debe comportarse", declaró Ngobese-Zuma, según El País.
Tres décadas después del fin del apartheid, el país sigue siendo una de las sociedades más desiguales del mundo, aunque también es la mayor economía del continente y un destino para cientos de miles de personas procedentes de países vecinos que buscan trabajo y mejores oportunidades en un territorio donde el sentimiento xenófobo nunca ha desaparecido del todo, según la misma fuente. Sudáfrica protagonizó episodios especialmente violentos en 2008, 2015 y 2019, de acuerdo con El País.
Sin embargo, desde abril ha cobrado una fuerza inédita y durante las últimas semanas la presión, las amenazas y las agresiones contra los migrantes han aumentado hasta el punto de que miles de personas se han marchado, muchas de ellas con ayuda de sus propios gobiernos, según la misma fuente. No hay una cifra consolidada, pero algunos países sí han confirmado la llegada de sus nacionales: 300 el Gobierno de Ghana, unos 1.600 nigerianos y más de 10.000 malauíes, de acuerdo con El País. Según el diario británico The Guardian citado por El País, la policía estima en 25.000 los extranjeros que han abandonado el país.
En este tiempo, grupos de ciudadanos han salido a las calles para exigir documentación a supuestos extranjeros e impartir justicia por su mano, incendiando viviendas y comercios atribuidos a migrantes y propinando palizas, según la misma fuente. El balance hasta ahora es de al menos cinco muertos, entre ellos cuatro mozambiqueños fallecidos en el incendio de decenas de chabolas en Mossel Bay, según datos del Gobierno en Maputo citados por El País, y un ciudadano de Malaui apedreado hasta morir en Pietermaritzburg, de acuerdo con la misma fuente.
Ante estos episodios, miles de nacionales de Malaui, Mozambique, República Democrática del Congo o Zimbabue decidieron en las últimas semanas dejar sus casas y asentarse frente a edificios públicos para no estar tan expuestos a agresiones, según El País. No todos lo hicieron de forma voluntaria; también se han registrado casos de propietarios que expulsaron a sus inquilinos extranjeros por temor a que sus edificios fueran atacados, de acuerdo con la misma fuente.
La cantidad de gente durmiendo al raso ha sido tal que las autoridades de Durban, uno de los epicentros de los episodios violentos de estas semanas, llegaron a habilitar tres centros temporales para alojar a quienes querían abandonar el país, según la misma fuente. Este jueves, según Siyabonga Hlatshwayo, portavoz en Durban de Cruz Roja en Sudáfrica citado por El País, los tres centros de acogida de Durban ya habían quedado vacíos.
La situación plantea interrogantes sobre el futuro de la convivencia en un país que Nelson Mandela rescató del sistema del apartheid, que durante décadas impuso un sistema de segregación racial, según El País. Con March & March anunciando protestas semanales durante los próximos seis meses y un clima de tensión que ha provocado el éxodo de decenas de miles de personas, Sudáfrica afronta el mayor estallido de hostilidad contra los migrantes que se recuerda en casi dos décadas, de acuerdo con la misma fuente. La respuesta del Gobierno de Ramaphosa y la capacidad de las autoridades para contener la violencia mientras abordan las causas estructurales del malestar social —desempleo superior al 30%, corrupción y deterioro de servicios públicos— determinarán si el país logra evitar una escalada mayor de violencia xenófoba en los próximos meses.