El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha implementado la Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, que otorga poderes sin precedentes al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) para vigilar y controlar las comunicaciones digitales, cerrando así el último espacio de libertad de expresión que quedaba en el país centroamericano.