La nueva Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, aprobada la semana pasada en Nicaragua, ha consolidado un esquema de censura total en el último espacio que existía para expresar disenso en el país. Según grupos opositores, que la han denominado "ley mordaza", esta normativa otorga poder absoluto al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), dirigido por Nahima Díaz Flores, hija del jefe de la Policía Nacional y cuñada de uno de los hijos de la pareja presidencial.

De acuerdo con la normativa número 1223, el ente regulador podrá exigir datos estadísticos y georreferenciados a operadores y proveedores audiovisuales. Los proveedores deberán alinearse con la Policía —principal brazo represivo del régimen— y los servicios de inteligencia, consolidando un sistema de vigilancia digital capaz de reconstruir quién se comunica con quién, desde dónde, con qué frecuencia y a qué horas.

Alexa Zamora, autora del informe "Ley de telecomunicaciones convergentes y su impacto en el ejercicio de los derechos humanos", advierte que esta ley, junto con las reformas a la Ley de Ciberdelitos y la adhesión al Convenio de Ciberdelincuencia de las Naciones Unidas, "puede establecer un marco legal que facilite la restricción de la libertad de expresión y otros derechos digitales en Nicaragua".

"Aunque la regulación de las telecomunicaciones y la lucha contra el ciberdelito son objetivos legítimos, es fundamental que estas leyes se implementen con respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, lo cual en un contexto como el de Nicaragua claramente no se cumple", alerta la experta.

Esta nueva normativa se suma a otras leyes punitivas impulsadas por el régimen sandinista después de 2018, año de las protestas sociales. Entre ellas destacan la Ley de Ciberdelitos, que permite a la pareja presidencial decidir qué es una noticia falsa e imponer hasta ocho años de prisión; la Ley de Agentes Extranjeros, que criminaliza la cooperación internacional; y la ley de "traición a la patria", que incluye pérdida de la nacionalidad y confiscación de bienes.

Previo a la entrada en vigor de la Ley de Telecomunicaciones Convergentes, el régimen ya había comenzado a asediar la red con el bloqueo de dominios .com.ni de medios independientes, presionando a compañías de televisión por cable para eliminar canales críticos, y amenazando a radios y televisoras locales. Estas acciones, sumadas a la prisión política y el acoso, han provocado que más de 250 periodistas se encuentren actualmente en el exilio.

Según el periodista Néstor Arce, director del medio Divergentes y especialista en temas tecnológicos, "si hasta ahora el régimen controlaba sobre todo el contenido —cerrando medios, bloqueando webs, intimidando a periodistas—, con la Ley 1223 aspira a controlar también las tuberías por donde viaja la información. No sólo qué se dice, sino por dónde se dice, con qué calidad, quién lo facilita, en qué condiciones y a quién le rinde cuentas".

Arce explica que "donde la ley muestra con más claridad su macabro objetivo de control es en el bloque dedicado al suministro de información, la supervisión y la fiscalización. El artículo 110 obliga a los operadores de servicios públicos de telecomunicaciones y a los proveedores de servicios de comunicaciones audiovisuales a entregar 'toda la información que le sea requerida', incluyendo información estadística y georreferenciada, de forma periódica o a partir de requerimientos específicos de Telcor".

Los expertos señalan que el impacto de vigilancia será notable en varios aspectos. TELCOR, al solicitar todas las conexiones de un usuario y cruzarlas con el aparato de vigilancia e inteligencia recientemente denunciado por el Grupo de Expertos de Naciones Unidas, podrá reconstruir mapas de relaciones personales o geográficos de movimientos y patrones de actividad de opositores o personas consideradas sospechosas.

Asimismo, podrán rastrear reuniones territoriales de opositores y cartografiar el consumo de información independiente. Arce ejemplifica: "Supongamos un medio exiliado que emite un noticiero por YouTube y que, todos los días a las ocho de la tarde, recibe un pico de visitas desde Nicaragua. Desde el punto de vista de la red, es un grupo de dispositivos que se conectan, a la misma hora, a un mismo dominio o servidor. Pero si Telcor tiene acceso a datos estadísticos agregados, puede saber en qué zonas del país se concentra la audiencia de ese medio. Si cruza esa información con datos socioeconómicos o con registros del Consejo Supremo Electoral, puede perfilar qué tipo de población está consumiendo contenido crítico".

En un escenario más intrusivo, TELCOR "podría incluso elaborar listas de teléfonos que acceden de forma reiterada a dominios 'incómodos' para, después, bloquear selectivamente esos sitios en ciertas regiones o dirigir campañas de propaganda específicas contra esos públicos", añade el periodista.

Paralelamente, una investigación realizada por ProBox, Expediente Público y La Prensa revela que existe una estructura jerárquica de propaganda en línea institucionalizada en Nicaragua, encabezada por la Presidencia a través del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Esta estructura incluye amplificadores oficiales (medios de comunicación oficialistas como Canal 4, TN8, Canal 13, El 19 Digital, Radio 580 y JP+) y militantes sandinistas o cuentas de troles que difunden mensajes favorables al régimen.

En esta red de propaganda también participa activamente la Embajada de China en Managua. Según la investigación, entre enero y septiembre de 2025 se identificaron 726 anuncios pagados dirigidos a audiencia nicaragüense, promovidos por 229 páginas distintas, que generaron entre 96.7 y 112.2 millones de impresiones. La inversión estimada total alcanzó los 2.79 millones de córdobas (aproximadamente 75.700 dólares).

La Embajada de China se destaca como el actor extranjero más activo en el país, con 89 anuncios publicados. Le siguen medios oficiales chinos como China Xinhua News (65 anuncios), el Economic Daily (48 anuncios) y el Global Times (19 anuncios).

El análisis del ecosistema informativo nicaragüense también muestra que la dictadura, a través de su red de amplificadores, tiene una amplia difusión de discursos en la red social X, con 2,250 menciones (79%), seguido de noticias en línea (554 menciones), blogs (29) y foros (7).

Los mayores picos de conversación entre diversas páginas controladas por el oficialismo se registraron principalmente en julio y agosto de 2024, y mayo de 2025, coincidiendo con eventos de cooperación entre China y Nicaragua en medios de comunicación y universidades.

Ante la entrada en vigor de la Ley de Telecomunicaciones Convergentes, crece la preocupación entre los nicaragüenses, quienes se ven obligados no solo a callar, sino también a tomar muy en serio el uso de herramientas como VPN y otras precauciones digitales para proteger su privacidad y libertad de expresión en un entorno cada vez más restrictivo.